"El coste de la no Europa en el ámbito de los derechos procesales y las condiciones de detención" es un estudio realizado por la Unidad de Valor Añadido Europea, un organismo del Parlamento Europeo que analiza áreas políticas donde la actuación conjunta es inexistente, pero que podría ser de interés común y utilizarse de una forma más eficiente.

Metodología

El estudio aborda la cuestión de los derechos procesales y las condiciones de detención e intenta identificar las lagunas y obstáculos que caracterizan el sistema, su impacto tanto sobre lo económico como sobre el individuo en cuanto a la protección de los derechos fundamentales y las libertades, y los potenciales costes y beneficios de una acción común europea que aborde estas lagunas y obstáculos.

El estudio analiza el marco normativo europeo, y comienza con la "hoja de ruta" de 2009 sobre los derechos de las personas sospechosas y la normativa sobre traducción e interpretación, sobre el derecho a la información y a tener acceso a un abogado, sobre la presunción de inocencia y sobre los derechos de los menores sospechosos. También aborda el Libro Verde de la Comisión sobre las condiciones de detención y las medidas de cooperación judicial como la Orden de Detención europea, la Orden de Investigación Europea y la Orden de Vigilancia Europea.

Este informe se basa en estudios comparativos de los sistemas legales de los Estados miembros, y en su aplicación de la legislación de la UE. Además un trabajo de investigación de RAND Europe anexo al informe trata decuantificar las consecuencias de las lagunas y obstáculos en este campo.

Conclusiones principales

El informe destaca cómo a pesar de que se han tomado medidas en el ámbito europeo para construir una zona europea de libertad, seguridad y justicia y para desarrollar una cooperación judicial basada en el principio de reconocimiento mutuo, la legislación europea, en cuanto a los derechos de las personas sospechosas de haber cometido un delito, se limita a proporcionar unas normas comunes mínimas, por lo que incumple la normativa internacional y de la UE.

La investigación pretende centrarse en algunas deficiencias que afectan al derecho fundamental a un juicio justo, pero también en el hecho de que algunos aspectos no se han tratado, como la detención preventiva, y en que los distintos niveles de protección dan lugar a una discriminación entre los ciudadanos europeos.

La repercusión de las deficiencias anteriormente mencionadas sobre las personas afectadas y sobre sus familias respecto a las garantías procesales en los procedimientos penales es principalmente de carácter material y económico, aunque el estudio también destaca los posibles daños sobre la salud mental, especialmente en grupos vulnerables. Por otra parte, RAND ha intentado cuantificar el coste de estas lagunas, por ejemplo las relacionadas con la prisión preventiva, que es una de las principales causas del hacinamiento en las cárceles y que tiene un efecto negativo sobre la salud física y mental de los presos. Por otro lado, si tenemos en cuenta el coste económico que supone para la sociedad, se calcula que la prisión preventiva cuesta alrededor de 1,6 mil millones de euros al año a los Estados miembros.

Algunas soluciones

El estudio también plantea algunas propuestas de acción y cooperación que podría tomar la UE para abordar la deficiencias anteriormente mencionadas, como garantizar un mejor cumplimiento de los compromisos internacionales, el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia internacional, una adecuada revisión y aplicación de la legislación de la UE, pero también la adopción de la nueva legislación de la UE.

En conclusión, este informe no solo nos proporciona un análisis del coste que supone la no Europa en el cumplimiento de estos derechos, sino que también (y sobre todo) nos muestra el valor añadido de la UE en los campos de los derechos procesales y las condiciones de detención, y subraya: "Nuevas medidas y una futura cooperación en la UE llevarían a un mejor cumplimiento de los valores y derechos de la Unión, cumpliría las expectativas de los ciudadanos en materia de justicia penal, mejoraría la confianza mutua entre los órganos judiciales, basada en el respeto a los derechos fundamentales, y por último supondría un ahorro para los Estados miembros".