El Consejo Ejecutivo de la Red Europea de Consejos de la Judicatura (ENCJ por sus siglas en inglés) ha expresado su preocupación al enterarse de que tanto la Cámara Baja como la Cámara Alta del parlamento polaco aprobaron la semana pasada dos reformas que han sido objeto de duras críticas en el último año. Además, la semana pasada se presentó otro proyecto de ley en el Parlamento que afecta la composición del Tribunal Supremo.
La primera ley que se ha aprobado ha sido la reforma del Consejo de Jueces. El Consejo Ejecutivo de la ENCJ analizó esta reforma el 30 de enero de 2017 y señaló que el Consejo de Jueces no había sido apenas consultado al respecto; que la reforma implica la finalización del mandato de los miembros del Consejo; que el nombramiento de los miembros judiciales del Consejo de Jueces por el Parlamento no está en consonancia con las normas de la ENCJ y que el establecimiento de dos asambleas dentro del Consejo de Jueces (la primera formada por los 15 magistrados designados por el Parlamento y la segunda constituida por 6 miembros del Parlamento, el ministro de Justicia, un representante del jefe de Estado, el presidente del Tribunal Supremo y el presidente del Tribunal Superior Administrativo) vinculado al requisito de que toda resolución del Consejo debe ser adoptada por ambas asambleas por separado, otorga un poder muy significativo a los políticos en cuanto a la selección y el nombramiento de jueces.
Degradación de la independencia judicial
La segunda ley aprobada por el Parlamento concede al ministro de Justicia el poder de destituir a los presidentes de los tribunales y sustituirlos en los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta nueva ley.
Estas leyes inevitablemente supondrán una degradación de la independencia judicial y del Estado de derecho, de la misma forma que el proyecto de ley presentado el 12 de julio que implica la disolución del actual Tribunal Supremo, impone la jubilación de sus miembros y otorga al ministro de Justicia el poder de decidir qué jueces permanecerán activos.
Una situación muy grave
El Consejo Ejecutivo de la ENCJ considera que esta situación es muy grave.
De hecho, en la reciente Asamblea General de la ENCJ en junio de 2017, la Declaración de París incluía este apartado:
"La evolución y las reformas judiciales prevista en Polonia siguen siendo una gran fuentede preocupación pues amenazan gravemente la separación de poderes, imprescindible para mantener el Estado de derecho". La ENCJ reitera que un requisito fundamental para mantener y mejorar la confianza mutua entre las distintas autoridades judiciales en la UE, como base para el reconocimiento mutuo, es la independencia, calidad y eficiencia de cada uno de los sistemas judiciales y el respeto en cada Estado hacia el Estado de derecho ".
La preocupación por la evolución de los acontecimientos en Polonia es tan fuerte que en los últimos meses los siguientes consejos de jueces de toda Europa han emitido declaraciones expresando su preocupación:
Conseil Superieur de la Justice, Bélgica
Supreme Judicial Council, Bulgaria
Državno Sudbeno Vijeće, Croacia
Association of Council of State Judges, Grecia
Association of Judges of Ireland
Consiglio Superiore della Magistratura, Italia
Tieslietu Padome, Latvia
Teiseju taryba, Lituania
Raad voor de rechtspraak, Países Bajos
Conselho Superior da Magistratura, Portugal
Consiliul Superior al Magistraturii, Rumanía
Sudna Rada, Eslovaquia
Sodni Svet, Eslovenia
Consejo General del Poder Judicial, España
Judges' Council of England and Wales
Judges’Council of Northern Ireland
Es de vital importancia que los gobiernos respeten la independencia judicial. Un sistema democrático basado en el Estado de derecho solo puede funcionar correctamente si se protege la independencia de los jueces.
Además, tal como deja claro la Declaración de París y una declaración anterior emitida por el Consejo Ejecutivo de la ENCJ el 26 de abril de 2017, la independencia judicial es fundamental para mantener y mejorar la confianza mutua entre las autoridades judiciales de la UE. La independencia judicial también desempeña un papel central e indispensable para garantizar el respeto de la legislación de la UE.
