Según una encuesta realizada en octubre por el centro de investigación de opinión pública Vilmorus, la mayoría absoluta (95%) de los residentes lituanos que piensan que sus derechos han sido infringidos no reportó dicha violación a ninguna institución. El estudio fue encargado por el Instituto de Vigilancia de Derechos Humanos (HRMI).

Por el contrario, una quinta parte o más de los encuestados han manifestado su voluntad de defender sus derechos en los años anteriores (más del 18 por ciento en 2012 y más del 22 por ciento en 2010).

Como dijo la directora de HRMI, Dovilė Šakalienė, durante una rueda de prensa el miércoles 10 de diciembre, de estos el 95 por ciento, la gran mayoría (es decir el 66 por ciento), no actúo porque no creen que tendrá efecto alguno, mientras que casi una quinta parte no hace nada porque simplemente no saben a dónde ir.

"No deberíamos recurrir a la autoflagelación, ni pensar que nuestro Estado está desbaratándose, ni perder toda confianza en él - nosotros mismos hemos presenciado esfuerzos antagónicos (propaganda desde el oriente que celebra el desprecio por los valores europeos) los cuales han tenido efectos negativos en nosotros. Tenemos que reconocer esto, entenderlo, aceptarlo y seguir adelante, concentrándonos más en la gente que no sabe qué hacer ni a dónde ir, a la luz de un estado deplorable en la conciencia pública acerca de las instituciones del Estado encargadas con la protección de los derechos humanos, que defenderlos y ofrecer ayuda”, dijo Šakalienė.

La encuesta también reveló que los residentes lituanos consideran el derecho a un juicio justo el derecho civil y político más vulnerable al abuso (evaluación promedia en una escala de 10 puntos - 6,47, donde 1 significa ser el menos vulnerable y 10 siendo el más vulnerable).

Según HRMI, en comparación con el estudio del 2012, hay una tendencia al alza en la comprensión de la vulnerabilidad de todos los derechos cubiertos por el estudio. En particular, ha habido un aumento en el número de residentes que creen que su derecho más vulnerable es el derecho al respeto de la vida privada (6.11 en 2014, 5,25 en 2012).