El dictamen se aprobó con una mayoría de votos, con la participación de las personas nombradas a los cargos judiciales en diciembre de 2015, sin un fundamento legal válido.
Enmienda a la Ley de Reunión
En diciembre de 2016, el presidente solicitó al Tribunal Constitucional la revisión constitucional de una enmienda a la Ley de Reunión antes de su promulgación.
La enmienda introducía el concepto de "reuniones periódicas", definidas como reuniones organizadas anualmente en los últimos tres años o, al menos, cuatro veces al año. Un gobernador provincial, que es un funcionario de la administración gubernamental, determinará si una reunión puede considerarse periódica.
La cláusula de las reuniones periódicas permitirá que los gobernadores regionales, afines al gobierno nacional, decidan qué manifestaciones son aceptables.
La enmienda suscitó una oposición considerable. Casi 200 organizaciones no gubernamentales instaron al presidente a negarse a firmar la enmienda. Alertaron de que la introducción del concepto de reunión periódica contravienela naturaleza civil de la libertad constitucional de reunión y puede utilizarse como instrumento para el abuso de poder por parte de las autoridades públicas.
Opiniones disidentes
Tres jueces nombrados por el anterior Sejm (Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Małgorzata Pyziak-Szafnicka y Leon Kieres), junto con Piotr Pszczółkowski, candidato del Partido Ley y Justicia, nombrado en diciembre de 2015, hicieron constar en un voto particular su discrepancia con la resolución mayoritaria.
Los jueces disidentes no estaban de acuerdo con cuestiones clave de la resolución. Es más, tres de ellos aludieron a la composición inconstitucional del comité encargado de tomar la decisión.
En su voto particular, el Juez Kieres escribió que se había llegado a la resolución con la participación de jueces que no habían llegado de la manera adecuada a su posición. La opinión del Juez Pyziak-Szafnicka incidía sobre el hecho de que se había apartado del caso a cuatro jueces sin motivo y que la Presidenta del Tribunal, Julia Przyłębska, había ordenado al Juez Stanisław Biernat que cogiera una excedencia.
Varios jueces del Tribunal Constitucional, en la imagen, hicieron constar en un voto particular su discordancia con la opinión mayoritaria y cuestionaron la legitimidad de la posición de algunos de sus compañeros.
Comentarios de la HFHR
"No estamos de acuerdo con el dictamen del Tribunal", dijo Barbara Grabowska-Moroz, una abogada de la Fundación Helsinki por los Derechos Humanos (HFHR). "En nuestra opinión, la enmienda vulnera la esencia de la libertad de reunión pacífica. La enmienda de la Ley de Reunión supone la creación de una jerarquía de reuniones, presidida por las reuniones periódicas. A pesar de que no existe una definición precisa de este tipo de reuniones y de que la determinación de su estatus depende de la decisión de un representante del gobierno, las reuniones periódicas tendrán prioridad sobre otras reuniones, lo cual significa restricciones en la libertad de las reuniones no periódicas".
A juicio de Grabowska-Moroz, la composición del comité que ha tomado la decisión no carece de trascendencia. "Las personas que llegaron a la resolución no tienen categoría de jueces, dado su nombramiento ilegal. Por lo tanto, cabe sostener fundamentadamente que esta resolución puede considerarse inexistente", declaró.
'Un importante vacío legal'
A finales de enero, la HFHR emitió un comunicado en el que subrayaba que, desde el momento en que los jueces, nombrados sin fundamento legal válido, asumían sus funciones oficiales y se elegía ilegalmente al presidente del Tribunal, surgía un "importante vacío legal en el sistema de protección de los derechos humanos en Polonia". (Para más información sobre este tema, sígase este enlace).
Los organizadores de reuniones que no han recibido la debida autorización, que se han reubicado (con el desplazamiento del lugar de reunión a 100 metros al menos de la ubicación de una reunión periódica) o a las que se les ha cambiado la fecha porque coincidían con una reunión periódica pueden presentar su demanda en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.