El Ministerio de Justicia de la República de Lituania ha terminado de preparar sus modificaciones para el Código Procesal Penal (CPP), que, de conformidad con la decisión del Tribunal Constitucional, permitiría una regulación más clara de los derechos de los acusados y, además, permitiría la entrevista a distancia del acusado o acusados mediante el uso de equipos de grabación de audio o vídeo.

"El Tribunal Constitucional ha declarado que algunas disposiciones del Código Procesal Penal son contrarias a nuestra Ley Fundamental [la Constitución], razón por la cual tuvimos que proporcionar enmiendas para clarificar la regulación de los derechos de los acusados durante el juicio", señaló el ministro de Justicia.

En la actualidad el acusado no puede ser condenado por un delito más grave conforme al Código Penal, o por cualquier delito con circunstancias fácticas fundamentalmente diferentes de las especificadas en el Acta de acusación si no ha sido notificado con anterioridad de que esto puede ocurrir durante la audiencia. En este caso, el fiscal, el acusador privado o la víctima debe pedir al acusado reclasificar el delito en cuestión, y al acusado se le da tiempo para preparar su defensa.

Sin embargo, esto no se aplica si el delito especificado en el Acta de acusación se reclasifica como un delito menor o delito conforme al Código Penal, o si las circunstancias fácticas del delito siguen siendo fundamentalmente las mismas.

El Tribunal Constitucional admitió que la situación actual, en la cual un acusado no está informado de las nuevas imputaciones - independientemente de que estén siendo reclasificados como un crimen o un delito menor - hasta la conclusión del examen de las pruebas en el juicio, vulnera el derecho del acusado de saber de qué crimen está siendo acusado, por no garantizar la disponibilidad de medios procesales suficientes para defenderse de la acusación, o la posibilidad de aprovechar dichos medios, para limitar al acusado el derecho a defenderse y por violar el principio del estados de derecho, consagrado en la Constitución.

Es por ello que el proyecto de ley que modifica el CPP propone permitir que el fiscal, acusador privado o la víctima presenten una solicitud escrita para el cambio de la clasificación del delito especificado en la acusación mediante la sustitución de cualquier otra disposición (para un delito mayor o menor) antes que la examinación de pruebas en el juicio concluya. Esto puede hacerse a través del Tribunal mismo, informando a las partes en el caso del cambio en las circunstancias fácticas del delito especificado en el Acta de acusación.

El proyecto de ley también propone permitir la entrevista a distancia de sospechosos (durante las investigaciones previas al juicio) o demandados (durante las audiencias en el Tribunal) con la ayuda de dispositivos de audio o vídeo. Hasta ahora, esto sólo era permitido para testigos y víctimas. Un sospechoso o acusado sólo podría ser entrevistado remotamente si son incapaces de asistir a la entrevista (o audiencia) o si se celebraron bajo custodia policial, en prisión preventiva o en una institución correccional.

El Ministerio de Justicia ha presentado el proyecto de ley para su consideración por otras instituciones interesadas.