El Ministerio de Cultura de Eslovenia ha enviado una carta a las ONG que trabajan en un edificio en el centro de Liubliana informándoles de la terminación de su contrato de arrendamiento, alegando que se van a iniciar obras de reforma en el mismo. Resulta llamativo sin embargo, que no existe ningún presupuesto asignado para ese proyecto de reforma durante los dos próximos años. Todo indica que la carta es un nuevo intento del gobierno de restringir el espacio de las organizaciones de la sociedad civil y silenciar las voces críticas.

Las organizaciones que trabajan en este edificio de ONG representan una comunidad diversa de actores que han contribuido a los movimientos de la sociedad civil y a la democratización y desmilitarización de Eslovenia desde la década de 1980.

El edificio fue en su día el cuartel general del Ejército Nacional Yugoslavo, por lo que su ocupación por trabajadores culturales, artistas y activistas en 1993 fue uno de los momentos simbólicos de la nueva sociedad democrática de Eslovenia. Desde entonces, ha sido un espacio público en el que se respeta y fomenta la diversidad, la solidaridad, el diálogo y el pensamiento crítico.

Una larga lista de violaciones de los derechos humanos

El actual gobierno intenta borrar estos valores y esta historia. El desalojo forma parte de una tendencia constante de violaciones de los derechos humanos. Según reveló un informe reciente de Greenpeace Europa y Liberties, Eslovenia es uno de los países europeos en los que los gobiernos han utilizando la pandemia para reprimir la crítica.

Por ejemplo, cuando el Tribunal Constitucional cuestionó la necesidad y la proporcionalidad de las restricciones del confinamiento, incluida la prohibición de celebrar reuniones, e instó al gobierno a realizar evaluaciones semanales para determinar si seguían estando justificadas, el primer ministro publicó un tuit en el que acusaba al Tribunal de ser políticamente imparcial.

Los medios de comunicación informaron de que no podían obtener información concreta sobre las infecciones por COVID-19, ni sobre las medidas adoptadas para limitar la propagación del virus entre los grupos de riesgo. Los periodistas, a quienes se les prohibió asistir físicamente a las conferencias de prensa, se quejaron de que tenían muy pocas oportunidades para hacer preguntas. Además, después de que la radiotelevisión pública eslovena (RTVS) revelara una gran interferencia política en la adquisición de equipos de protección personal, el gobierno reaccionó proponiendo cambios preocupantes en la legislación sobre los medios de comunicación en julio de 2020.

Asimismo, el gobierno esloveno utilizó las medidas de emergencia de COVID-19 para aprobar restricciones importantes a la participación de las ONG ecologistas en los procedimientos administrativos y judiciales relacionados con la expedición de permisos de construcción, que aparentemente estarán en vigor al menos hasta finales de 2021. Estas restricciones forman parte de un plan más amplio para obstaculizar el acceso de las ONG ecologistas a la participación pública y a la justicia que el gobierno está impulsando todavía más, aprovechando la pandemia.

Además, han propuesto cambios polémicos en las leyes de los medios de comunicación, que parecen dirigidas a reprimir la libertad y el pluralismo de los mismos, pues trasladan progresivamente la propiedad de estos a manos privadas, afines a la mayoría gobernante. Únicamente las protestas generalizadas y las críticas de diversos organismos internacionales han logrado que el gobierno aceptara someter los proyectos de ley a una consulta pública significativa.

Las organizaciones toman medidas

Las ONG atacadas piden al gobierno que cese su ataque a la sociedad civil y a la cultura independiente y que proporcione un entorno libre, seguro y de apoyo a las organizaciones no gubernamentales. Si estás de acuerdo, puedes unirte a su causa firmando esta petición.