Un tribunal español abre la primera investigación penal sobre la actuación del gobierno sirio durante la guerra civil en del país. El caso implica a una mujer española nacida en Siria que afirma que su hermano fue torturado y ejecutado por las fuerzas de seguridad sirias en 2013. Unas fotografías sacadas clandestinamente de Siria confirman tanto la muerte como la tortura. El tribunal determinó que España tiene jurisdicción para esta investigación porque la hermana del fallecido tiene nacionalidad española y los familiares de personas asesinadas en delitos internacionales se consideran víctimas