Ali Aarrass, un ciudadano belga nacido en Melilla, España, fue detenido en abril de 2008 en cumplimiento de una orden de detención internacional emitida por Marruecos. La orden fue emitida debido a su participación en un grupo terrorista. Fue extraditado a Marruecos en diciembre del 2010, a pesar de que, según informes de Amnistía Internacional, dicho país practica de forma sistemática tortura a sospechosos de terrorismo.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas instó a España a parar la extradición hasta que tuviera tiempo para examinar el caso de Sr. Aarrass. España se negó, sin respetar la medida cautelar aprobada por el Comité.

En un dictamen emitido el 28 de agosto de 2014, el Comité de Derechos Humanos determinó que las autoridades españolas no evaluaron correctamente el riesgo de tortura para Aarrass, y al extraditarlo, España había violado el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que "nadie podrá ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes."

España tendrá que indemnizar a Aarrass y adoptar medidas para monitorear de manera efectiva, en cooperación con Marruecos, su actual privación de libertad.

Hace unos meses, el Comité Contra la Tortura de la ONU condenó a Marruecos por torturar y maltratar a Aarrass y determinó que su condena había sido resultado de pruebas ilegítimas obtenidas mediante tortura. Marruecos ha abierto una investigación, pero aún no ha sido liberado. Su caso forma parte de la campaña mundial de Amnistía Internacional "StopTorture."