El Grupo Parlamentario Popular debería retirar la Proposición de Ley que obligaría a las jóvenes de 16 y 17 años a obtener autorización de sus padres para interrumpir su embarazo. Así lo han solicitado 22 organizaciones nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos en sendas cartas remitidas el pasado 18 de marzo al Portavoz del PP en el Congreso de los Diputados así como a diversos órganos de las Naciones Unidas. La Proposición de Ley está siendo actualmente tramitada en el Congreso de los Diputados.

Las organizaciones de derechos humanos han calificado el proyecto legislativo de grave amenaza para la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las jóvenes que crearía barreras injustificadas para acceder a abortos legales y seguros.

De aprobarse los cambios legislativos propuestos, las jóvenes de 16 y 17 años de edad se verían obligadas a recabar la autorización de sus padres y madres, o representantes legales, antes de poder interrumpir su embarazo, incluso en los casos en que tal exigencia pudiera situarlas en riesgo de un conflicto grave, violencia o malos tratos. Según la reforma propuesta, la vía judicial sería el único resorte que les quedaría a las jóvenes para oponerse a la negativa de sus padres a prestar su consentimiento, lo que suscita serias dudas sobre la salud de las jóvenes y si los tribunales serán capaces de tomar decisiones con la celeridad necesaria.

Las normas internacionales de derechos humanos reconocen que el acceso a abortos legales y seguros es fundamental para el ejercicio efectivo de los Derechos Humanos por parte de las mujeres y jóvenes, incluido los derechos a la vida, a no ser discriminadas, la igualdad, la salud y la privacidad. El Comité de la ONU de Derechos del Niño ha establecido que, en consonancia con la evolución de sus facultades, las jóvenes de 16 y 17 años de edad deberían tener acceso a servicios de salud sexual y reproductiva sin el consentimiento de sus padres. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha determinado que la tutela legal no confiere automáticamente a los padres de una menor el derecho a adoptar decisiones sobre sus derechos reproductivos.

También el Grupo de Expertas de la ONU sobre la Discriminación de la Mujer en la Ley y en la Práctica manifestó en diciembre de 2014 que la normativa anunciada “restringirá aún más el acceso de las jóvenes a un aborto seguro y legal”, pudiendo exponerlas a un riesgo.

La legislación vigente en España establece que las jóvenes de 16 y 17 años deben informar a sus representantes legales, pero no exige su consentimiento expreso, e incluso elimina esta obligación cuando exista la posibilidad de que dicha información pudiera provocar un conflicto grave o violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, desarraigo o desamparo.

Debe recalcarse que en 2014, el 3,6 por ciento del total de los abortos en España fue realizado por jóvenes de entre 16 y 17 años, de las cuales un 12,3 por ciento --400 jóvenes-- no informó a sus progenitores, alegando alguna de estas excepciones.

Las organizaciones firmantes también se han dirigido al Grupo de Expertas sobre la Discriminación de la Mujer en la Ley y en la Practica, a la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer y al Relator Especial sobre el Derecho a la Salud, todos ellos de Naciones Unidas, a fin de instarles para que planteen sus preocupaciones acerca del Proyecto de Ley a las autoridades españolas.