Tras meses de debates, y gracias a la presión de los movimientos de la sociedad civil, el presidente del Gobierno español anunció el 23 de septiembre que había decidido retirar el proyecto de ley sobre que reformaba la ley en materia de aborto inicialmente elaborado por el Ministerio de Justicia. De haber sido aprobada, esta ley habría constituido un paso atrás en relación con la legislación actual, introduciendo severas restricciones en el acceso de las mujeres a los servicios legales y abortos seguros, poniendo su vida y salud en riesgo.

Horas después del anuncio del Presidente, el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, declaró públicamente que dimitía debido a su fracaso con el proyecto de ley. Gallardón ha sido definido por muchos como el peor Ministro de Justicia en la historia de la democracia española. Deja atrás un sector judicial debilitado y numerosos proyectos de reformas legislativas que cercenarán las libertades, impidiendo el acceso a la justicia y reduciendo significativamente las garantías legales que disfrutan los ciudadanos ante los tribunales. Hoy en día los ciudadanos se encuentran más desprotegidos ante los abusos del poder, a medida que se ha debilitado el Estado de derecho.