El miércoles 30 de enero, el Parlamento Europeo celebró durante su minisesión plenaria un debate de una hora de duración sobre los últimos acontecimientos que atañen al Estado de derecho en Hungría. Parlamentarios de peso pidieron a la presidencia rumana de la UE que volviera a incluir a Hungría en el orden del día del Consejo, una nueva vuelta de tuerca tras la aprobación de una resolución el pasado septiembre que pedía sanciones contra el país. El llamado procedimiento del artículo 7 permite a los Estados miembros de la UE decidir si un país ha violado los valores y derechos fundamentales de la Unión y si debe ser sancionado por ello.

El eurodiputado austriaco Josef Weidenholzerof, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, afirmó que "Hungría está convirtiéndose en una democracia de fachada".

Más revelador aún resulta que Ingeborg Grassle, miembro del partido Fidesz y eurodiputada del PPE responsable de supervisar el uso de los fondos europeos, afirmara ante sus compañeros que en Hungría "hay fraude, corrupción y licitaciones públicas irregulares, pero su principal problema es que el sistema judicial no quiere juzgar delitos, quizá porque en ese país se protege a algunos delincuentes".

El Consejo posee "la información necesaria para hacer su propia evaluación"

Después de escuchar el relato pormenorizado de acontecimientos que afectan negativamente a la democracia, la independencia judicial y el Estado de derecho en Hungría, Frans Timmermans, primer vicepresidente de la Comisión Europea, declaró: "En mi opinión, el Consejo posee toda la información necesaria para hacer su propia evaluación".

Timmermans advirtió al Parlamento de que la situación en Hungría se viene deteriorando desde la aprobación del informe Sargentini y añadió que la Comisión Europea mantiene un diálogo abierto con el gobierno de Orbán al respecto de la llamada ley Stop Soros, que penaliza a las organizaciones que respaldan las solicitudes de asilo y residencia. El Gobierno dispone ahora de 60 días para responder, tras los cuales esta infracción se remitiría al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Además, Timmermans enumeró una amplia gama de ámbitos en los que existe un procedimiento de infracción en curso contra Hungría. Por ejemplo, la Comisión está analizando la llamada ley de esclavos, que permite a las empresas exigir más horas extras pero retrasar su pago hasta tres años, y que provocó multitudinarias protestas callejeras en Hungría a fines del año pasado. La enmienda a la ley de educación superior también está siendo estudiada. En palabras de Timmermans al plenario:

"El hecho de que una universidad se vea obligada a dejar de lado planes de estudios debido a las medidas gubernamentales y a las presiones constantes no tiene precedentes en la historia de la UE. Es triste y preocupante que ocurra algo así en el seno de la Unión".

Junto con otros eurodiputados, el primer vicepresidente de la Comisión también sacó a colación la reciente fusión de más de 400 medios en Hungría en un único gigante de la comunicación en cuyo consejo de administración proliferan los allegados al Gobierno. Varios representantes de la UE expresaron su preocupación por el hecho de que el órgano gubernamental dedicado a supervisar la competencia y los medios de comunicación en Hungría no haya accedido a investigar la fusión.

Por último, Timmermans y varios eurodiputados se interesaron por la creación de un nuevo sistema de tribunales administrativos que entrarán en funcionamiento a partir de 2020, temerosos de que el Gobierno esté dispuesto a priorizar unos casos sobre otros, poniendo en entredicho aún más la independencia del poder judicial húngaro.

Hungría mantiene el debate en segundo plano

En otro tiempo, el primer ministro Viktor Orbán se mostraba siempre deseoso de defender sus decisiones ante el Parlamento Europeo, pero en esta ocasión ha sido Tamas Deutsch, eurodiputado de Fidesz, el elegido para hablar por su Gobierno. Deutsch aseguró que su país está de nuevo en el candelero debido a la campaña electoral de la "mayoría liberal de izquierda" y acusó a sus coparlamentarios de querer "amenazar, chantajear y castigar a los países que rechazan la migración".