Se aplicaron las normas de la Directiva Europea sobre almacenamiento de datos en la legislación húngara a través de la ley de comunicaciones electrónicas. Basado en este acto, proveedores de teléfono móvil y fijo, así como los proveedores de servicios de internet, están obligados a almacenar una variedad de nuestros datos personales durante 6 meses. Una gama muy amplia de datos está siendo retenida: registros de llamadas, duración de llamadas, información del movil, nombre de los destinatarios de mensajes de correo electrónico, momento de su envío o llegada, etc.. En conjunto estos datos se llaman 'big data,' y representa el foco del escándalo Iniciado por las interceptaciones de Edward Snowden. Es importante señalar, sin embargo, que a diferencia del caso del escándalo de vigilancia en Estados Unidos, la grabación (o almacenar) el contenido del teléfono o la comunicación electrónica no está permitido bajo la ley húngara o la Directiva.
Aunque el contenido de la comunicación no puede ser retenido, es posible mantener la cuenta de los quiénes, con qué frecuencia y que medio utilizó el cliente para establecer contacto, así como la duración y el lugar de la interacción. El Tribunal ha establecido que "estos datos, tomados en conjunto, pueden proporcionar información precisa sobre la vida privada de usuarios cuyos datos están siendo retenidos, incluyendo hábitos de la vida cotidiana, lugares de residencia permanente o temporal, viajes diarios o de otro tipo, actividades, relaciones sociales y ambientes sociales frecuentados".
Se conservan datos con el fin de asegurar el acceso a ellos por las autoridades de investigación, la Fiscalía, los tribunales y el servicio de seguridad nacional, sin informar a las personas afectadas acerca del acceso incidental a sus datos por las autoridades.
Todo esto constituye un agravio a los derechos fundamentales relacionados con la protección de la privacidad y datos personales. Durante mucho tiempo HCLU ha impugnado la ley húngara que aplica la Directiva de retención de datos. Ya que el Tribunal ha tomado su decisión, es hora de que los legisladores nacionales tomen el siguiente paso para influir las normas de retención de datos nacionales.
HCLU argumenta que las reglamentaciones de la retención de datos prescritas por la ley de comunicaciones electrónicas violan los derechos de privacidad. La sentencia del Tribunal de justicia de la UE ha creado una nueva situación legal alegando que la regulación de prescripción de las obligaciones de retención de datos para los Estados miembros es contradictoria a los derechos fundamentales.
La intención de tomar acción dentro del marco legal nacional nos ha permitido solicitar la eliminación de regulaciones ilegales al Tribunal Constitucional exhortando a los proveedores de servicios para eliminar datos retenidos y posteriormente, en caso de no hacerlo, lo cual es bastante probable teniendo en cuenta que la Ley húngara que los ampara sigue en en vigor aun, presentar una demanda para la eliminación de sus datos. Cuando se pierda la demanda, según lo determine una decisión jurídicamente vinculante, finalmente podemos desafiar la regulación legal propia a través de la decisión del Tribunal. Todo el proceso se demora por lo menos un año y medio, dado que ya no es una posibilidad que cualquier persona que acceda al Tribunal Constitucional cuando una norma legal se considera inconstitucional. HCLU ya ha llevado a cabo tal acción, sin embargo, nuestra propuesta terminó en la basura cuando el alcance de la autoridad del Tribunal Constitucional fue transformado. Llegó la hora de reanudar nuestra propuesta, desempolvarla y presentarla ante el Tribunal Constitucional.
