La presunción de inocencia existe para evitar una desventaja injusta basada en un único testimonio. Aparentemente, este principio se ignoró completamente en un caso reciente en Hungría relacionado con la deportación de una estudiante universitaria iraní, a la que se acusó de haber infringido las normas de la cuarentena.

Hungría acusó a los estudiantes iranís al inicio de la crisis del coronavirus

Como informamos en un artículo anterior, al inicio de la pandemia COVID-19, el gobierno húngaro afirmó que las primeras personas infectadas en Hungría fueron ciudadanos iranís. En las conferencias de prensa del gobierno, estos fueron acusados de no cumplir con las normas de separación en el hospital. En su réplica, los aludidos explicaron a la prensa que el personal del hospital no les informó de las medidas y que, más allá de las malas condiciones en las que estuvieron, fue muy decepcionante que se les encerrara a todos en el mismo lugar, entre ellos, con un compañero de estudios que los médicos ya sabían que había dado positivo en el test de coronavirus.

La estudiante a la que las autoridades migratorias decidieron expulsar el día 25 de abril y su hermana fueron objeto de un procedimiento penal, que fue archivado posteriormente. La Unión Húngara por las Libertades Civiles (HCLU, por sus siglas en inglés), que representó a la estudiante de medicina, acudió a los tribunales para impugnar la orden de deportación. Sin embargo, debido a que su acción fue desestimada por el tribunal de la capital en su fallo del 25 de mayo, la decisión del tribunal es ahora definitiva y puede ser ejecutada.

La policía propuso la expulsión y el tribunal dictaminó que los funcionarios de migración no podían rechazar la propuesta aunque quisieran

La expulsión de la estudiante fue propuesta por la policía alegando que su residencia en Hungría supone una amenaza para la seguridad pública y la protección del orden público. Sin embargo, el tribunal no investigó los fundamentos de esta acusación. No se escuchó a los testigos, no se recogieron pruebas y nunca se probó si las dos hermanas habían cometido efectivamente una infracción abandonando el lugar que se les había asignado.

En el sentencia del tribunal, la autoridad migratoria se rigió por la propuesta de la policía, y el tribunal no tenía competencias para evaluar la justificación de esta propuesta. La referencia a la presunción de inocencia en la acción interpuesta por HCLU fue considerada infundada por el tribunal: citando una sentencia de la Curia, el tribunal argumentó que los procedimientos penales pendientes ante el tribunal pueden evaluarse en base a actuaciones policiales de inmigración.

Si bien no encontró una forma de evaluar, dentro del procedimiento, el fundamento jurídico de la acusación de la estudiante, el tribunal tampoco tuvo en cuenta el hecho de que hasta ahora solo se ha procesado a ciudadanos iraníes, a pesar de la presencia de otras personas procedentes de diversos países en el lugar donde se produjo la separación. En tal situación, la carga de la prueba recae en la autoridad, y no en los afectados por la medida en cuestión, para confirmar que no hubo discriminación.

El caso revela la imposibilidad de recursos efectivos en Hungría

El caso demuestra la imposibilidad de presentar recursos efectivos en Hungría cuando la policía propone la expulsión de personas a las autoridades migratorias. Estas propuestas no pueden ser revisadas ni por la autoridad de inmigración ni por los tribunales, lo cual es inconstitucional. Sin embargo, el tribunal no identificó ningun problema constitucional en la legislación pertinente y, a pesar de la acción interpuesta por HCLU, no se suspendieron los procedimientos ni se consultó al Tribunal Constitucional sobre el asunto. Los mismos argumentos jurídicos sirvieron de base para otra sentencia judicial en el caso de otros dos estudiantes iranís, no representados por HCLU, aunque cada sentencia fue dictada por distintos jueces.

"Vamos a emplear todos los recursos legales posibles, sin embargo, los próximos procedimientos no podrán impedir la expulsión, es decir, la aplicación de la orden de expulsión por parte de las autoridades. De hecho, la deportación también era innecesaria pues, tras lo sucedido, nuestra cliente estaba dispuesta a abandonar el país voluntariamente", señaló la abogada de HCLU Kata Nehéz-Pozony, añadiendo que ninguna de las autoridades ha considerado la conducta y el estilo de vida de la estudiante en Hungría o lo que tenía que decir respecto a su caso.