En varios municipios holandeses se está implementando una política de eliminación de campamentos de habitantes de caravana (personas que viven permanentemente en caravanas y que suelen ser de origen gitano) . La política involucra, en resumen, que aquellas parcelas para acampar que queden desocupadas no se vuelvan alquilar. Como resultado, cada vez hay menos caravanas y parcelas de camping disponibles para vivienda , mientras que hay una demanda sin menoscabo para ellos en la parte que afecta una ya existente falta de parcelas para caravanas.

Junto con la Universidad de Utrecht, el Proyecto de Litigios de Interés Público ha encargado un estudio de la política relativa a los campamentos de habitantes en caravana en los Países Bajos. El estudio (en holandés) fue realizado por Rachel Dijkstra y se titula " Es legítima xa política de eliminación con respecto a los campos de viajeros?"

Dijkstra ha analizado las normas europeas e internacionales de los derechos humanos que se aplican en este contexto. Más específicamente, ha explorado la jurisprudencia del Tribunal Europeo de (TEDH) relativas al artículo 8 del Convenio Europeo de derechos humanos (respeto a la vida privada y familiar), la aplicación de la Carta Social Europea y las normas internacionales que están consagradas en el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos y Pacto Internacional económico, Los derechos sociales y culturales. Por otra parte, ha analizado sentencias relevantes del Instituto Holandés para los Derechos Humanos.

Una política que n está en consonancia con la normativa internacional ni la neerlandesa

La Sra. Dijkstra concluye que '' la política de eliminación que está siendo implementada por varios municipios no es conforme a nuestros pactos neerlandeses, ni europeos e internacionales y las tendencias '' y plantea tres puntos clave. En primer lugar, los habitantes de gitanos y quienes vivan en caravana no son reconocidos como minorías en los Países Bajos, lo que significa que esta clasificación no está tomada en cuenta en las políticas municipales.

En segundo lugar, la política de eliminación parece crear una distinción injustificada entre habitantes de caravanas y habitantes de viviendas habituales. Por otra parte, teniendo en cuenta su posición específica, los habitantes gitanos y de caravanas requieren un tratamiento más favorable, incluyendo la provisión suficiente de parcelas de camping.

Finalmente, la política de eliminación parece violar el derecho a la vida privada y familiar, como lo interpreta el TEDH. Durante la elaboración y aplicación de la política, este derecho debería por lo menos requerir una evaluación de los intereses. De hacerse, se tiene que tener en cuenta que forma parte de la cultura gitana el vivir en caravanas cerca de parientes.