Hungría y Polonia son los ejemplos más graves del estado de deterioro de los derechos, la democracia y el Estado de derecho en la UE. Pero no serán los últimos. (no apartemos la vista de Croacia) y no son los únicos gobiernos de la UE que desobedecen sus "valores fundamentales".

La UE necesita prepararse mejor

La Comisión Europea respondió a esta preocupante tendencia en 2014 mediante la creación de un "marco del Estado de derecho" que permite iniciar conversaciones con los gobiernos infractores. En 2015, los ministros de los 28 gobiernos de la UE en el Consejo comenzaron su propio procedimiento: un "diálogo sobre Estado de derecho" anual. Pero ninguna medida ha logrado asegurar los valores fundamentales de la UE. La Comisión solo activa su marco en casos extremos y lo ha aplicado de manera selectiva - a Polonia, pero no a Hungría. Y el diálogo del Consejo ha sido hasta ahora un ejercicio superficial y sin sentido.

Ayer, el Parlamento Europeo adoptó una resolución que plantea un nuevo sistema -un pacto sobre democracia, Estado de Derecho y derechos fundamentales (DRF)- que evaluará a todos los países de la UE, y a la propia UE, de forma anual. La europarlamentaria Sophie in 't Veld del Grupo Liberal fue la responsable del texto original, que en su mayoria ha sobrevivido al debate político.

El Parlamento Europeo asume el reto

Para resumir el pacto DRF: un órgano independiente de expertos (el panel DRF) realizaría un informe de evaluación de cada país. El informe lo adoptaría la Comisión y se debatiría en el Parlamento Europeo, junto con los parlamentos nacionales, y los ministros del Consejo. La Comisión se vería obligada a iniciar conversaciones con los gobiernos identificados por el panel DRF como problemáticos. Si el panel DRF detecta casos especialmente graves, las tres instituciones tendrían la obligación de debatir formalmente la posibilidad de activar el Artículo 7 del Tratado de la UE, que permite sanciones.

El pacto de DRF: una gran mejora

El pacto DRF mejoraría significativamente la capacidad de la UE de proteger los valores fundamentales de Europa. Actualmente, analizar el historial de derechos humanos de un Estado miembro (y mucho más tomar alguna acción al respecto) es una cuestión espinosa y muy politizada. Por consiguiente, los infractores a menudo escapan la crítica, como por ejemplo el partido gobernante de Hungría, que ha sido protegido de la censura pues pertenece al grupo político más numeroso del Parlamento Europeo, el Partido Popular Europeo (PPE).

Los gobiernos problemático solo son examinados por la UE, si se alinea una constelación de factores fortuitos y logra eliminar los obstáculos políticos. Por ejemplo, el actual gobierno de Polonia pertenece a un grupo mucho más pequeño en el Parlamento Europeo que no ha sido capaz de protegerlo de la crítica. Por la misma razón, la Comisión no ha estado dispuesta a activar el marco de Estado de derecho en relación a Hungría. Activarlo podría ser visto como una aceptación humillante de que la anterior Comisión Barroso no investigó adecuadamente al gobierno. De manera más general, el procedimiento del Artículo 7 nunca se ha activado pues ni el Parlamento Europeo ni el Consejo ni la Comisión han reunido nunca la voluntad política suficiente.

Como señala Sophie in 't Veld los procedimientos actuales son "vulnerables a la crítica de que están motivados políticamente'. Por el contrario, continúa, en el marco del pacto de DRF, 'todos los Estados miembros ... deben recibir el mismo trato y ser evaluados sobre la misma base. El mecanismo debe ser objetivo, permanente y estar basado en pruebas, en lugar de motivado por un incidente".

El pacto DRF despejaría el bloqueo político, pues todos los países estarían obligados a someterse a evaluación y debate. Además, la decisión sobre las medidas de seguimiento -es decir, si se activa el marco de la Comisión, y si se reunen las tres instituciones para discutir la activación del Artículo 7- se llevará a cabo con panel independiente de DRF.

Aunque el pacto DRF no contiene nuevas sanciones y tampoco puede activar automáticamente las sanciones del Artículo 7, mejoraría la situación actual. En primer lugar, generaría una mayor presión política sobre los gobiernos problemáticos. Esto se debe a que el panel DRF activaría el marco de la Comisión con mayor frecuencia que la Comisión por su propia cuenta. Además, el panel de DRF podrá obligar a cada institución que discuta formalmente si se debe activar el Artículo 7, cosa que ocurre rara vez ahora.

En segundo lugar, el pacto DRF induciría a que la presión política se aplicara de forma mucha más centrada y concertada que en la actualidad, pues tendría la capacidad de reunir y mejorar las herramientas existentes. La Comisión se vería obligada a activar su marco de manera más sistemática. La diálogo sobre el Estado de derecho del Consejo podría ser más significativo, pues se basaría en los informes públicos de DRF de cada país y las recomendaciones de la Comisión. Solo esto ya supondría una enorme mejora de lo que ocurre en la actualidad, que ni siquiera se discute sobre los historiales de derechos humanos de los gobiernos. Y el pacto DRF agrega a un nuevo jugador: el Parlamento Europeo también discutirá los informes DRF con los parlamentos nacionales.

Este tipo de presión política concertada podría ser insuficiente para obligar a un gobierno decidido a cambiar el rumbo, pero junto con las medidas de la UE para promover el apoyo de la población hacia los valores fundamentales de la UE, algo que también insta la resolución del Parlamento Europeo, el pacto DRF podría significar una diferencia de verdad.

Pero el parlamento puede necesitar un ‘Plan B’

La resolución del parlamento que establece el pacto DRF no es legalmente vinculante. La resolución solicita a la Comisión, que tiene la responsabilidad de elaborar las leyes, que ponga una propuesta legislativa sobre la mesa para crear el nuevo procedimiento. Por desgracia, Frans Timmermans, Primer Vicepresidente de la Comisión, se ha opuesto en repetidas ocasiones a la creación de un nuevo mecanismo. Además, es improbable que la Comisión apoye un procedimiento que signifique una pérdida de control a la hora de activar su marco de Estado de derecho. Y aunque algunos gobiernos estén dispuestos a fortalecer el diálogo sobre Estado de derecho en el Consejo, muchas capitales se oponen firmemente a que exista una vigilancia verdadera.

La triste realdad es que si el Parlamento Europeo quiere mejorar la protección de los valores fundamentales de la UE, puede ser necesario recurrir a un "Plan B" que le permita ir por libre, como el diálogo interparlamentario sugerido anteriormente por este autor.