En su séptimo informe general, el Grupo de expertos en la lucha contra la trata de seres humanos (GRETA) trató de evaluar la aplicación de las normas del Convenio sobre la lucha contra la trata de seres humanos en cuanto a la explotación laboral en la UE.
Los resultados pueden
ayudar a comprender si los Estados miembros cumplen con las
obligaciones; y proporcionan más información sobre las víctimas y
cómo abordar la trata de seres humanos.
Explotación
laboral
GRETA se creó en virtud del artículo 36 del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos con el fin de supervisar la aplicación del Convenio por las Partes. Está compuesto de 15 miembros que ejercen sus funciones a título personal y son independientes e imparciales en el ejercicio de sus funciones.
En este Séptimo Informe General, GRETA destaca los problemas concretos de la trata con fines de explotación laboral. La explotación laboral fue escogida como uno de los enfoques temáticos debido a la preocupación de GRETA por el incumplimiento de las obligaciones del Convenio y por el hecho de que a muchas víctimas de la trata no se les identificadas como tales, ni se les concede acceso a asistencia y protección.
La evaluación es una importante contribución a la legislación europea en materia de derechos humanos pues reconoce las formas de coerción en las que se basa la trata con fines de explotación laboral. Además, las conclusiones de GRETA apuntan que muchos tribunales nacionales no comprenden plenamente la gravedad de la explotación laboral ni su nexo con la trata de personas.
Condiciones en Italia
En el informe sobre Italia, GRETA observó que la detección de las víctimas de la trata de personas con fines de explotación laboral era especialmente complicada debido a que la economía informal en ciertos sectores está muy extendida y al gran número de migrantes irregulares que trabajan en ella, especialmente en agricultura, construcción y la industria textil.
Por ello, GRETA instó a las autoridades italianas a que adoptaran medidas para reducir la vulnerabilidad de los migrantes irregulares a la trata, e invitó a las autoridades a que sigan investigando las consecuencias de la legislación sobre inmigración en la identificación y protección de las víctimas de la trata y el procesamiento de los delincuentes.
GRETA también propone que se establezcan o fortalezcan políticas y programas eficaces para prevenir la trata de seres humanos, especialmente para las personas más vulnerables a la trata. La vulnerabilidad a la explotación y la trata está determinada por una combinación de factores, muchos de los cuales son estructurales y están vinculados a políticas económicas, laborales y migratorias.
En Italia, la Ley nº 199 del 29 de octubre de 2016: "Disposiciones para contrarrestar el fenómeno del empleo no declarado, la explotación laboral en la agricultura y el reajuste salarial en el sector agrícola" modificó el artículo 603 bis del Código Penal, aplicando sanciones de entre uno y seis años de cárcel (o hasta ocho años si un trabajador es objeto de violencia o amenazas) y una multa de 500 a 1.000 euros por cada trabajador afectado.
También introdujo la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas y el decomiso obligatorio de dinero, bienes y beneficios. Los trabajadores que son víctimas de los delitos previstos en esta ley pueden solicitar y obtener un pago del fondo estatal de lucha contra la trata.
