Detenidos sin saber por qué

Uno de los ciudadanos pakistanís entró en Rumanía en 2009 y el otro en 2012. Ambos habían venido al país a estudiar. El 5 de diciembre de 2012, el Tribunal de Apelación de Bucarest les calificó de personas indeseables para el país y fueron trasladados a un centro de detención. Los denunciantes se quejaron de que no se les había informado exactamente por qué habían sido llevados ante los tribunales. Les dijeron que los documentos relacionados con su caso estaban clasificados y que solo los jueces de este caso tenían acceso a ellos. El 20 de diciembre de 2012, el recurso fue desestimado. Siete días después, los solicitantes fueron deportados. El 19 de diciembre de 2012, se presentó una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El TEDH notificó la denuncia al Gobierno rumano y el caso fue remitido a la Gran Sala del TEDH el 27 de febrero.

Los denunciante acusan a Rumanía de violar el Convenio Europeo de Derechos Humanos

Los denunciantes acusaron a las autoridades rumanas de violar el artículo 1 del Protocolo nº 7 del Convenio debido a que no se les informó de las razones exactas de su expulsión de Rumania. El Tribunal preguntó a las partes si se habían cumplido las garantías procesales, dado que los jueces en este caso tenían acceso a los documentos clasificados que no se habían revelado a los solicitantes.

La Fundación Helsinki para los Derechos Humanos (HFHR por sus siglas en inglés) decidió involucrarse en el caso pues no solo era importante para Rumania sino también dentro del contexto europeo.

"Las soluciones nacionales polacas son similares a las rumanas. En varios casos que ha llevado tanto HFHR como la Asociación por la Iniciativa Legal (SIP por sus siglas en polaco), los extranjeros fueron expulsados, privados de su derecho a permanecer en Polonia o se les denegó la protección internacional por razones que no revelaron", señaló Jacek Białas, abogado de HFHR.

HFHR alega ante la Gran Sala, que los tribunales pueden carecer de toda la información relevante

En su escrito ante la Gran Sala, HFHR señaló que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, la persona afectada (o un abogado que le represente) debería tener al menos la posibilidad de conocer los motivos en los que se ha basado su expulsión para poder impugnar eficazmente los argumentos presentados por las autoridades. El Tribunal de Justicia de la UE y los mecanismos de Naciones Unidas tiene una postura similar. Se señaló que únicamente las personas afectadas tienen pleno conocimiento de las circunstancias de su caso y solo ellas pueden proporcionar información valiosa para refutar la acusación. Es decir, que los órganos jurisdiccionales nacionales no puedan llevar a cabo una investigación exhaustiva de las circunstancias de un caso pues no conocen todos los detalles. El secreto que rodea a estos casos puede dar lugar a abusos y a la violación de los derechos de los extranjeros.

"Las garantías procesales del Artículo 1 del Protocolo nº 7 del Convenio no se cumplen si los jueces tienen acceso a los documentos clasificados que no han sido revelados a los denunciantes", señaló Jacek Białas.

HFHR ha estado involucrada en varios casos similares anteriormente, entre ellos, el de Ameer Alkhawlany, un estudiante de doctorado de la Universidad Jagiellonian de Cracovia. En septiembre de 2019, HFHR presentó una denuncia ante la Comisión Europea sobre la legislación que proporciona materiales clasificados en casos de ciudadanos extranjeros.