Theo Francken, el secretario de Estado de Asilo y Migración dio un paso más en su política de persecución a los refugiados firmando un acuerdo con el régimen dictatorial sudanés sobre la identificación de los migrantes en un parque urbano de Bruselas. Entre los que han sufrido la persecución y detención hay familias y niños, que intentaban sobrevivir en la capital belga con la esperanza de llegar algún día a Reino Unido.

Violaciones del TEDH

Bajo el pretexto de que Francia y otros países de la UE también están cooperando con Sudán, Francken cree que no necesita considerar la gran cantidad de violaciones de derechos humanos que se están produciendo en Sudán, un país gobernado por un régimen dictatorial.

Las redadas policiales llevadas a cabo para "limpiar" la capital han resultado en la detención de casi 100 ciudadanos sudaneses, que actualmente se encuentran encerrados en centros de detención a la espera de su deportación. Las autoridades habían organizado originalmente vuelos a Sudán y otros países terceros el día 5 de octubre.

Debido al peligro que podían suponer estos vuelos para la vida de estas personas la Liga de Derechos Humanos (LDH) apeló ante un tribunal para detener las deportaciones.

El Tribunal de Primera Instancia de Lieja falló a favor de la solicitud de la LDH, que se basaba en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), que estipula que "nadie puede ser sometido a tortura, a tratos inhumanos o degradantes o a castigo".

Deportaciones paradas

Al emitir órdenes de expulsión a estos migrantes, el Estado belga cometió un acto ilícito y violó el derecho subjetivo de los migrantes sudaneses a no sufrir tortura o tratos inhumanos o degradantes en virtud del artículo 3 del CEDH, y su derecho a no ser deportados según el Artículo 33 de la Convención de Ginebra.

Las consecuencias legales de esta sentencia son bastante serias: el tribunal ha prohibido al Estado que deporte a los migrantes sudaneses detenidos en Lieja a Sudán o a cualquier otro Estado de la UE, y canceló los vuelos previstos para el 5 de octubre. Además ha prohibido que Bélgica lleve a cabo redadas para identificar a los ciudadanos sudaneses en cooperación con el gobierno sudanés.

El tribunal también ha impuesto una sanción al gobierno belga de 20.000 euros si incumple cualquiera de las dos sentencias.

El gobierno cruzó una línea roja

Este fallo envía un mensaje contundente al gobierno, que deberá dar una respuesta política. Francken, al firmar dicho acuerdo con el régimen dictatorial sudanés, cruzó abiertamente la línea roja en su política en la que el fin (la "limpieza" de la capital) justifica los medios (ordenar redadas y cuotas de detenciones cooperando con un dictadura).

En opinión de la LDH, la reputación del secretario de Estado y del gobierno, que aprobó las deportaciones ilegales, están en cuestión.