Permiso de residencia denegado
En 2015, un hombre bielorruso y otro lituano se casaron en Dinamarca. Ese mismo año, el bielorruso solicitó al Departamento de Migración de Lituania un permiso de residencia como familiar de un ciudadano lituano. Su solicitud fue rechazada, alegando los responsables lituanos que, dado que matrimonios y parejas del mismo sexo no tenían entidad legal en Lituania, no era posible considerar al hombre bielorruso familiar del ciudadano lituano.
Ya en 2011, el Tribunal Constitucional lituano había dictaminado que la Constitución también reconocía modelos familiares no fundamentados en el matrimonio. La Constitución define la familia como una relación entre dos personas que se basa en "el apego emocional, la comprensión, la responsabilidad, el respeto, los mutuos deberes parentales y de otro tipo, así como una decisión voluntaria de asumir ciertos derechos y obligaciones, todo ello de manera prolongada en el tiempo".
Aunque este dictamen de 2011 no se refería a las relaciones entre personas del mismo sexo, las organizaciones de derechos humanos esperaban que el pronunciamiento al respecto de la pareja lituano-bielorrusa lo matizase definitivamente.
El Tribunal Constitucional se pronuncia a favor de la pareja
Este fallo, con fecha 11 de enero, reviste importancia en varios aspectos. En primer lugar, el Tribunal Constitucional sostiene que la Constitución prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual y/o identidad de género y que, por ello, la discriminación contra las personas LGBT le es contraria. Aunque en este caso los cónyuges son del mismo sexo, el Tribunal también ha declarado que la Constitución prohíbe también la discriminación de personas transgénero. Es este un punto de gran importancia, ya que los ciudadanos lituanos siguen sin contar con un procedimiento legal para el reconocimiento de género.
En segundo lugar, el Tribunal ha dictaminado que la Constitución lituana es un texto legal contramayoritario, es decir, que incide en la protección del individuo. Las creencias y estereotipos predominantes en un momento determinado no pueden servir para justificar la discriminación por motivos de identidad de género u orientación sexual ni para limitar los derechos a la vida personal y familiar, argumentando (por ejemplo) una violación del orden público. El poder legislativo tiene el deber de "prevenir las violaciones de los derechos y libertades personales, a fin de proteger la dignidad del individuo" y no debe basarse en los estereotipos y conceptos erróneos que pueden extenderse entre la opinión pública.
En tercer lugar, el Tribunal ha hecho hincapié en que el concepto de familia consagrado en la Constitución es neutral en lo referido al género. Según la Constitución lituana, merecen protección todas las familiares basadas en "el apego emocional, la comprensión, la responsabilidad, el respeto, los mutuos deberes parentales y de otro tipo, así como una decisión voluntaria de asumir ciertos derechos y obligaciones". Esto significa que las parejas del mismo sexo pueden considerarse unidades familiares y no se puede cuestionar la condición de familiares de los individuos que forman parte de ellas.
Lituania, obligada a modificar sus prácticas
El fallo del Tribunal va más allá de permitir que una pareja de un tipo u otro pueda crear una familia en Lituania. A partir de ahora, Lituania estará obligada a conceder permisos de residencia a los nacionales de terceros países que se casen con ciudadanos lituanos en países distintos de Lituania, y el poder legislativo lituano deberá buscar inmediatamente la manera de proteger legalmente a las familias del mismo sexo que viven en Lituania y resolver el reconocimiento legal de la identidad de género, cuestión estancada desde hace más de un decenio.