Viejos casos que arrojan nueva luz

El 6 de diciembre de 1992, un agente de paisano que patrullaba en el interior de la estación de tren de Valladolid pidió a Rosalind Williams, una mujer afroamericana, que se identificara; su justificación, tenía instrucciones de identificar a “gente como ella". Tras denunciar esta actuación en la justicia española sería la ONU quien, 17 años después, le diera la razón. El motivo de su identificación fue una práctica policial discriminatoria.

Zeshan Muhamad fue identificado en 2013 cuando paseaba por Barcelona. Al preguntar el motivo, el agento respondió “porque eres negro y punto”. Su caso llegó a la Audiencia Nacional y ahora se encuentra en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El Estado español se defiende aludiendo que detener a una persona por su color de piel no es anticonstitucional.

En los dos casos descritos encontramos una acción motivada, no por una sospecha razonable de haber participado o cometido un delito, sino por prejuicios raciales que implica un control excesivo de las minorías y una discriminación ilícita. Esto tiene graves implicaciones, entre otras cosas, la pérdida de legitimidad de la institución policial y del propio Estado entre una parte de la población. El uso de perfiles raciales no solo es contraproducente a la hora de proteger la seguridad ciudadana, sino que incrementa la desconfianza de la ciudadanía hacia sus instituciones.

Los perfiles raciales, un problema "endémico" en España

Numerosos organismos internacionales y regionales de derechos humanos han señalado la necesidad de implementar medidas para acabar con el uso del perfil racial por parte de la policía, que choca con el derecho a no ser sometido a discriminación racial, el derecho a la igualdad de trato, a la libertad y seguridad personales y el derecho a la presunción de inocencia. El propio Defensor del Pueblo recomendó una intervención gubernamental sobre el uso de perfiles raciales, tal y como se recoge en el Informe del Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes en España, que concluye que el establecimiento de perfiles raciales es un “problema endémico”.

Nuevos programas que tratan de mejorar los procedimientos policiales

Para garantizar los valores y principios de nuestro ordenamiento jurídico, así como cumplir con las obligaciones internacionales, el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Policía Municipal, acaba de poner en marcha un Programa de Identificaciones Policiales Eficaces (PIPE) que busca mejorar los procedimientos de acción en esta materia y garantizar los derechos de una sociedad diversa. Este programa, que se encuentra en su fase piloto en el distrito de Ciudad Lineal, cuenta con la colaboración de la sociedad civil y la implicación de la policía local del distrito.

La finalidad es realizar una supervisión de las identificaciones, reduciendo las identificaciones y cacheos desproporcionadas y aumentando la tasa de efectividad en las actuaciones policiales. Esto ya se ha podido ver en Fuenlabrada, donde un programa similar permitió reducir hasta tres veces el número de identificaciones y cuatro el de registros y cacheos, mejorando la efectividad del 6% al 17% en seis meses. En 2014 alcanzaba un 30%. En este municipio, la desproporción con la que se identificaba a la población marroquí se fue reduciendo gracias al protocolo. Al principio, este grupo de población era identificado 9,6 veces más que la población española. En seis meses, se pasó al 3,4% y para 2014 era menor del 2%.

Reparar la relación entre la sociedad y la policía es uno de los objetivos

Por tanto, la introducción de formularios de identificación va en el camino de garantizar los derechos constitucionales de la ciudadanía, protegiendo la igualdad como valor y principio esencial de nuestro ordenamiento jurídico. En un momento de desencanto y falta de confianza en las instituciones, medidas como la que se implementa en Ciudad Lineal sirven para reconstruir esos lazos y tejer la necesaria relación entre la ciudadanía y la policía. Una conexión basada en la confianza es un beneficio para incrementar la eficacia de las actuaciones que redunda en la mejora de la protección de nuestros derechos. Es por esta razón que, desde Rights International Spain, apoyamos este proyecto y estamos brindando asistencia técnica al Ayuntamiento de Madrid.