Hace dos años se nombró un relator especial para la protección de la privacidad y de los datos, que, entre otras cosas, debe informar cada año al Consejo de Derechos Humanos sobre los desafíos más importantes que enfrenta en su trabajo.

El Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la privacidad, Joe Cannataci, ha detacado en su reciente informe que los líderes creíbles nunca se ven obligados a jugar la carta del miedo.

La amenaza populista

Su informe anaiza críticamente las prácticas de vigilancia nacionales e internacionales de los gobiernos y propone varias recomendaciones. Subraya la importancia de la transparencia y el control eficaz incluso cuando se accede a los datos de los ciudadanos con fines legítimos.

El Relator Especial también advirtió que uno de los mayores enemigos de la intimidad es el populismo, pues la adopción de medidas que limitan gravemente la privacidad bajo el pretexto de aumentar la seguridad -cuando, de hecho, esas medidas son inconstitucionales (es decir, innecesarias y desproporcionadad) o incapaces de mejorar la seguridad- es un fenómeno mundial.

Además, Cannataci hizo hincapié en que en lugar de bases de datos tipo "todo sobre todos" (que, por cierto, son objetivos perfectos para ataques hackers y demás), la verdadera solución sigue siendo la vigilancia con un objetivo concreto.

Esto, sin embargo, presupone un trabajo serio y que exista una sospecha por parte de quienes llevan a cabo la vigilancia, respetando siempre las garantías de derechos que protegen a los ciudadanos.

En relación a la crisis de los refugiados, el relator también señaló que la sospecha no puede estar fundada en un pasaporte determinado o en la ausencia de pasaporte, debe estar basada en pruebas que se hayan revelado en el curso de operaciones de inteligencia, realizadas por los servicios que poseen las licencias adecuadas.

También señaló que la mayoría de las personas que llevan a cabo actos terroristas ya son conocidos por las autoridades.

Al borde del abismo

El informe hace referencia de manera alarmante a la situación actual en Hungría. Basta con mirar hacia atrás tan solo hasta el verano pasado, cuando, bajo la excusa de una posible amenaza terrorista, el gobierno húngaro introdujo otro paquete de medidas para restringir los derechos, relacionadas con los datos generados por los proveedores de comunicaciones cifradas.

Mientras tanto, el ministro de Justicia húngaro puede autorizar la vigilancia por motivos de seguridad nacional, y siguen vigentes las medidas de aplicación de la directiva de retención de datos, que ha sido invalidada a nivel de la UE desde entonces.

Si observamos el panorama general, la triste conclusión es que en todas partes del mundo hay políticos demagógicos dispuestos a recopilar nuestros datos.