El mismo día que se aprobó la ley de inmigración diseñada por el ministro de Interior, Marco Minniti, el 12 de abril, se lanzó la campaña "Ero Straniero - L'Umanità che fe bene" (literalmente, "Fui extranjero. La humanidad sienta bien").

El objetivo de la campaña es contrarrestar la percepción generalizada de la inmigración como una amenaza a la seguridad que precisa de una respuesta de emergencia, y promover en cambio la idea de que un buen sistema de recepción puede ampliar el concepto de ciudadanía.

Para hacer frente a estos desafíos, no solo a nivel cultural, sino también a nivel legislativo, se ha propuesto una iniciativa legislativa popular que supere la ley Bossi-Fini y garantice mejores condiciones de vida a los migrantes que quieren establecerse en Italia.

La iniciativa popular "Nuevas normas para la promoción de permisos de residencia regulares y para la integración social y laboral de ciudadanos no comunitarios" la presentaron las organizaciones promotoras (Radicali Italiani, Fondazione Casa della carità “Angelo Abriani”, Acli, Arci, Asgi, Centro Astalli, Cnca, A Buon Diritto, Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti civili) ante el Tribunal de Casación italiano el 13 de abril, lanzando también oficialmente la convocatoria de firmas.

Ley Bossi-Fini

Creada en 2002, la ley Bossi-Fini introdujo sanciones penales para las personas que sean interceptadas entrando al país de forma ilegal. Eliminarla implicaría, por lo tanto, eliminar la causa original de ilegalidad e inseguridad.

Como señala Emma Bonino, una de las promotoras de la iniciativa, "Criminalizar la migración ilegal no soluciona el problema de la migración irregular, sin embargo la inclusión y la integración, así como la disminución de la ilegalidad, son el camino hacia la seguridad".

Bonino recordó que en Italia hay medio millón de inmigrantes ilegales:

"Es evidente que no se puede deportar a 500.000 personas y también que esta cifra va a aumentar, pues alrededor del 60% de las solicitudes de asilo son rechazadas y la ley no prevé ningún otro canal legal de entrada a Italia. El hecho de que esta cifra crezca, va contra cualquier ética y contra cualquier lógica, ya que cuantos más migrantes irregulares haya, habrá más posibles víctimas del crimen".

Patrizio Gonnella, presidente de la Coalición Italiana de Derechos Civiles y Liberales (CILD) compartió la misma idea:

"La inicativa es un instrumento contra la ilegalidad. Un simple cálculo de costo-beneficio indica que si un migrante irregular tiene tienen cargos solo por su existencia, se verá empujado a violar la ley. Con los mecanismos que proponemos, los migrantes podrán trabajar y tener una fuente de ingresos, al menos".

Propuestas de migración legal

La migración legal de mano de obra es una de las pocas áreas de la migración que no está sujeta a acuerdos a nivel de la UE, quedando así abierta a la discreción de los Estados miembros. Es precisamente en este marco que se debe contextualizar la iniciativa popular, junto con las recomendaciones de la Comisión Europea que invitan a los Estados miembros a que aprovechen las oportunidades que ofrecen los inmigrantes en el contexto de una creciente crisis demográfica en Europa.

La iniciativa prevé la creación de canales de entrada legal en el territorio italiano, la promoción de la inclusión a través del trabajo y la regularización de ciudadanos no comunitarios que ya están en Italia y que ya han adquirido una experiencia laboral. Las siguientes propuestas conformanel núcleo de la iniciativa:

• Introducción de un permiso de residencia temporal (12 meses) para facilitar la búsqueda de empleo y el encuentro entre empleadores italianos y ciudadanos de fuera de la UE a través de actividades de intermediación, que llevarán a cabo las entidades públicas y privadas ya previstas en la Ley Biagi y la Ley de Empleo.
• Reintroducción del sistema de patrocinadores, como prevé la Ley Turco-Napolitano, también para particulares que se inserten en el mercado laboral extranjero, con la garantía de vivienda y recursos financieros adecuados durante todo el período de estancia en el país.
• Concesión de estatus legal a todos los migrantes que estén integrados socialmente en Italia, es decir, a los inmigrantes irregulares que demuestren que están o han estado trabajando en Italia, o que tienen fuertes vínculos familiares o que carecen de vínculos concretos con el país de origen. El sistema debe extenderse a los solicitantes de asilo, transformando así sus permisos humanitarios en permisos de trabajo, incluso para los solicitantes de asilo cuya solicitud haya sido denegada pero que han tenido una trayectoria de integración fructífera. Este permiso de residencia debe ser renovable incluso en caso de pérdida de empleo

Propuestas para otorgar derechos y garantías

"La seguridad no se puede lograr y es impensable sin derechos", dice Patrizio Gonnella. Además de los canales de entrada legales y mecanismos de regularización, la iniciativa introduce más garantías y derechos para los migrantes:

• Debe garantizarse la seguridad social y la pensión acumulada a los trabajadores no comunitarios que deciden regresar a su país de origen de forma permanente. La ley también prevé la posibilidad de que estos retiren el 80% de las atribuciones, de forma que " mejore la riqueza y el desarrollo en el país de origen, y a la vez se paguen impuestos al Estado italiano", según explicó Giulia Perin del Asgi.
• Las prestaciones de la seguridad social deben ser las mismas para los ciudadanos no comunitarios, eliminando así todas las disposiciones que se requieren para acceder a muchas de ellas (certificado de nacimiento, prestación básica de maternidad, apoyo para la inclusión activa, permiso de residencia de larga duración, etc.).
• Derecho a la salud para los ciudadanos extranjeros, que debe garantizarse a través de una acción legislativa a nivel nacional. Una aplicación coherente de las normas vigentes que garanticen el acceso a la asistencia sanitaria a los extranjeros que se puedan registrar en el Sistema Nacional de Salud.
• Participación efectiva en la vida democrática, es decir derecho al voto y a participar en las elecciones administrativas para quienes tengan un permiso de residencia de larga duración.