Los planes para lanzar un nuevo conglomerado mediático llamado Central European Press and Media Foundation (KESMA, por sus siglas en en húngaro) darían lugar a una concentración sin precedentes de medios de comunicación en Hungría. A la Autoridad de la Competencia húngara se le ha impedido investigar estos planes merced a un decreto gubernamental, según el cual el acuerdo tiene "importancia estratégica nacional" y es "de interés público". Dado que existen grandes dudas sobre la constitucionalidad de la fusión, la HCLU ha recurrido a los tribunales.

El Gobierno húngaro toma medidas sin precedentes para consolidar su poder a través de los medios

La fusión que dará lugar al KESMA fue anunciada a la Autoridad de la Competencia el 28 de noviembre, lo que por fin materializaba el rumoreado nacimiento de un gran grupo de comunicación progobierno.

Según el anuncio, el KESMA ha adquirido el 100 % de las acciones de Opus Press Ltd., Echo Hungária TV Ltd., Magyar Idők Publishing Company LLC y New Wave Media Group for Communication and Service Providing LLC. Según el estudio realizado por el portal de investigación Átlátszó, se han fusionado un total de 476 medios de comunicación, lo que, como se indicó en el anuncio hecho a la Autoridad, generará unos ingresos de unos 60.000 millones de forintos húngaros (190 millones de euros) en 2017. La infografía de Átlátszó ilustra elocuentemente la situación.

Según la información que figura en el expediente KESMA de la Autoridad de la Competencia, la Oficina de Fusiones inició un procedimiento judicial y, posteriormente, el Consejo de Competencia acordó poner en marcha una inspección. Sin embargo, el Decreto 229/2018, aprobado el 5 de diciembre, bloqueó esta al afirmar que la fusión revestía "importancia estratégica nacional" y era de "interés público". La única razón por la que la fusión quedó exenta de ser investigada con arreglo a la legislación sobre competencia fue el mencionado decreto gubernamental.

Al día siguiente, la Autoridad de la Competencia archivó el procedimiento al carecer de jurisdicción sobre el asunto.

La concentración imposibilita la justa competencia

Existen en torno a esta fusión varios problemas sustanciales, procedimentales y constitucionales. El decreto del Gobierno y el que se impidiera a la Autoridad de la Competencia investigar el asunto son también motivo de gran preocupación. Este artículo se centra en dos de estos problemas. Asimismo, hemos publicado una instancia procesal contra la decisión de la Autoridad de la Competencia.

El mercado y la pluralidad en la comunicación se ven seriamente distorsionados por la concentración de medios del KESMA. En estas circunstancias, la justa competencia económica es imposible. Según Kreatív Online, más de la mitad de los ingresos generados por los periódicos impresos de Hungría irían a parar al KESMA.

La mayoría de periódicos locales ya pertenecen a empresarios que poseen sólidos vínculos con el Gobierno y han apoyado firmemente a los partidos en el gobierno, lo que convierte a dichas publicaciones esencialmente en medios de propaganda.

Por ejemplo, antes de las elecciones generales de 2018, la totalidad de esos periódicos locales publicaron la misma portada, en la que aparecía una fotogradía de Viktor Orbán bajo el titular "¡Los dos votos para Fidesz!". El lanzamiento de KESMA significa que aún más periódicos locales estarán bajo la influencia del gobierno, incluidos Új Dunántúli Napló y su edición en línea; bama.hu, del condado de Baranya; el semanario político Szabad Föld; y una publicación centrada en publicidad llamado Szuperinfo, publicada en la ciudad de Pécs.

Cualquier recurso debe ser interpuesto por los competidores del KESMA

Solo los competidores del KESMA pueden apelar la decisión ante los tribunales. Nuestro cliente, demandante en el procedimiento legal, es Szabad Pécs, portal independiente sobre actualidad política con sede en Pécs, capital del condado de Baranya. El portal se sostiene gracias a los ingresos por publicidad y podría quedar en una posición muy desventajosa tras la fusión.

También argumentamos que tanto el decreto gubernamental como la ley aprobada por el Parlamento en que este se basa son inconstitucionales. La ley es inconstitucional porque no especifica las condiciones en que determinadas transacciones pueden quedar exentas de una inspección en virtud del derecho de la competencia. El decreto del gobierno lo es porque abusa de la ley al aportar únicamente una razón, la del interés público. También hemos pedido al juez que recurra al Tribunal Constitucional para que se lleve a cabo una investigación exhaustiva.

La fusión debe ser bien bloqueada, bien auditada por la Autoridad de la Competencia

La HCLU solicitó en su día que la decisión tomada por la Autoridad de la Competencia fuese supervisada por los jueces, y pidió al tribunal que cambiara la decisión de la Autoridad y bloqueara la fusión, o que, en su caso, exigiera a esta llevar a cabo una investigación exhaustiva en virtud de la ley de Competencia.