En una audiencia ante el comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Internos (LIBE) del Parlamento Europeo el 27 de febrero, el ministro de justicia húngaro, László Trócsányi, en representación del gobierno húngaro, afirmó: "no hay por qué preocuparse por la futura situación de las ONGs, ya que la propuesta legislativa se refiere solo al requisito de registrar ante los tribunales la cantidad de dinero que estas organizaciones reciben desde el extranjero".

El ministro también confirmó, en nombre del gobierno, su compromiso a comunicarse con las organizaciones civiles, afirmando que el gobierno siempre está abierto a entablar este tipo de diálogos.

Hacer pública la propuesta

La HCLU sostiene que, para iniciar cualquier tipo de diálogo, es necesario hacer pública la propuesta, estableciendo plazos suficientes para que los actores civiles se familiaricen con su contenido y formulen su posición al respecto, de manera que todo el mundo tenga la oportunidad de hacer llegar su opinión al gobierno,

Las negociaciones solo pueden cumplir su función cuando estas opiniones se encuentran con respuestas detalladas y justificadas profesionalmente y se organizan consultas personales para discutir los asuntos polémicos.

La Unión Húngara por las Libertades Civiles señala que los miembros del gobierno húngaro y los representantes del partido en el gobierno han hecho diversas declaraciones, de diferente talento, sobre las ONGs y la legislación propuesta. Un rasgo común de estas declaraciones es que proponían la divulgación de muchos datos que ya están disponibles.

Por ejemplo, en 2015, la HCLU y otras organizaciones prepararon un informe muy amplio sobre la transparencia de las organizaciones civiles, cuyas conclusiones siguen siendo válidas a día de hoy.

Atención al dinero

De acuerdo con la normativa húngara, las organizaciones civiles, ya sean de utilidad pública o no, están obligadas a producir informes anuales de sus actividades y de su situación financiera y de ingresos.

Una parte de este informe es un anexo sobre utilidad pública, que incluye la cantidad de subvenciones recibidas, así como la designación de promotores y las fuentes de todos los programas de ayuda.

Con respecto a estas fuentes, se debe indicar si el apoyo financiero procede del presupuesto central o municipal, si se trata de financiación internacional o procede de otra entidad económica.