Miembros de la sociedad civil húngara, incluidos los representantes de la Hungarian Civil Liberties Union, Transparency International Hungría y K-Monitor, junto con el director de política internacional de Sunlight, antiguo empleado de K-Monitor, han hecho un llamamiento al comité directivo de la OGP para que actúe siguiendo la nueva estrategia y lance una investigación a fondo sobre la situación en Hungría, prestando especial atención al deterioro del marco de acción de la sociedad civil.

Campaña de difamación

En los últimos años, el Estado de derecho, la democracia, el pluralismo, los derechos humanos y el papel de las instituciones independientes como salvaguarda y equilibrio respecto al poder político, han sido sistemáticamente socavados en Hungría. Desde la perspectiva de la OGP, son especialmente preocupantes las acciones del gobierno para reducir el marco de acción de la organizaciones no gubernamentales para trabajar de manera independiente, airear críticas y recibir fondos de fuentes internacionales.

Desde el verano de 2013, los agentes del gobierno húngaro han tramado una campaña de difamación contra algunas de las ONGs independientes del país, y muchas de sus acusaciones se han dirigido contra los grupos de transparencia y derechos humanos que se han ocupado más activamente en elproceso de OGP en el país.

Redada policial

Con el tiempo, las acusaciones por parte del gobierno han ido seguidas de acciones más directas. Se ha iniciado una investigación penal basada en la auditoría llevada a cabo por el gobierno a las ONGs beneficiarias de fondos noruegos, incluyendo a HCLU, K-Monitor, Transparency International Hungría y muchas más.

En septiembre de 2014, una redada policial contra dos de las ONGs que administraban el fondo ONG contó con decenas de policía antidisturbios que aparentemente pretendían dar espectáculo e intimidar. Los números de identificación fiscal de las cuatro ONGs que llevan el fondo ONG fueron cancelados en 2014, una medida que pone en riesgo su misma existencia. Es una señal evidente de que el gobierno húngaro está dispuesto a obstaculizar administrativamente la actividad de los grupos de la sociedad civil que mantengan una línea crítica sobre su actuación.

Las ONGs húngaras que participaron en el desarrollo del Plan de Acción OGP del país fueron muy críticas con el proceso, señalando que no hubo una consulta real ni discusiones significativas entre el gobierno y la sociedad civil. Entre otras cosas, una asociación de organizaciones de la sociedad civil ha solicitado al gobierno que revise las leyes que restringen el acceso a la información y a la transparencia, pero el gobierno húngaro nunca ha respondido a estas solicitudes hasta ahora.

Preocupación internacional

Por el contrario, el plan de acción contra la corrupción aprobado por el gobierno recientemente incluye la obligación de los dirigentes de las ONGs de declarar sus bienes personales. Además, el gobierno, en un último intento de restringir la libertad de información, aprobó una ley que obliga a ingresar el coste atribuido a la atención a las solicitudes de información de interés público. Al establecer nuevas trabas para el acceso a los datos públicos limita el grado en que se puede disfrutar este derecho fundamental y obstaculiza aún más el papel de control de la sociedad civil.

Además de las quejas de la sociedad civil húngara, cientos de destacadas organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional de todo el mundo han expresado públicamente su preocupación por el acoso a las ONGs y han solicitado al gobierno húngaro que lo suspenda. Un ejemplo llamativo se produjo cuando el Presidente de Estados Unidos Barack Obama señaló a Hungría por su "normativa interminable y su intimidación sin disimulo que apunta cada vez más a la sociedad civil".

Recomendaciones

Los ataques a la sociedad civil y la negativa del gobierno a realizar consultas apropiadas sobre los procesos OGP han llegado a un punto de ruptura, de modo que la capacidad del país para involucrarse de manera significativa en el proceso OGP es dudosa. Ante esta situación, algunos miembros de la sociedad civil húngara solicitaron al comité directivo de la OGP que tomara medidas, de acuerdo con la estrategia de respuesta de la OGP, para intentar recuperar el marco de acción necesario para que los agentes de la sociedad civil jueguen su papel democrático, incluyendo la contribución al desarrollo y el seguimiento de la implantación de los Planes de Acción de la OGP de Hungría.

La carta especifica una serie de recomendaciones, que incluye pasos para recuperar un ambiente en el que la crítica de la sociedad civil sea tenida en cuenta por el gobierno, y un diálogo significativo entre los organismos del Estado y los grupos no gubernamentales sea posible, así como el cese del acoso a las ONGs de control.

La tendencia del gobierno húngaro de considerar cada vez más a los miembros de la sociedad civil como sus enemigos ha sido documentada tanto en el informe IRM sobre Hungría como en las evaluaciones realizadas por organizaciones independientes de control.