A principios de febrero, el Tribunal Europeo de Derecho Humanos (TEDH) en Estrasburgo dictaminó que Bulgaria había violado el derecho a la privacidad y a la vida familiar -Artículo 8 del Convenio Europeo de Derecho Humanos- pues, tras la detención de sus progenitores, las autoridades no notificaron a los servicios de protección de menores y dejaron a una niña de 14 años desatendida durante días.

La historia de Djeren

Djeren Hadjieva llegó a Bulgaria con sus progenitores a finales de 2001. Por entonces tenía 13 años. La familia llegó a Bulgaria huyendo de la represión que había sufrido el padre debido a su participación en un movimiento político crítico con el régimen de Turkmenistán.

Se asentaron en Varna y en 2002 Djeren comenzó a ir al Instituto. El padre montó su propia empresa de construcción. Sin embargo, ese mismo año las autoridades turkmenas acusaron a los progenitores de Djeren de haberse apropiado de una gran cantidad de dinero público y pidieron su extradición desde Bulgaria.

En la mañana del 4 de diciembre de 2002, la policía se presentó en la casa familiar. Djeren estaba sola en ese momento. Le informaron que habían venido a arrestar a sus padres.

Djeren llamó inmediatamente a sus progenitores y les contó lo que había ocurrido. Mientras esperaban a que llegaran, la policía le impidió que se moviera libremente por el apartamento y le hizo preguntas sin que hubiera ningún trabajador social o psicólogo presente, aun sabiendo que era menor.

Cuando llegaron a casa, fueron inmediatamente arrestados y no se les permitió siquiera que se llevaran sus efectos personales. Dejaron a Djeren sola en la casa y sin supervisión alguna durante los días posteriores.

A pesar de que la Ley de Protección de Menores obliga a la policía a notificar a las autoridades competentes, no cumplieron este requisito. Asimismo, el Código de Procedimiento Penal establece explícitamente que "los menores de los detenidos, si no tienen familiares que puedan cuidar de ellos, deben ser alojados inmediatamente en una guardería o en un centro de menores y el ayuntamiento correspondiente se deber hacer responsable de la situación".

Extradición denegada

Finalmente, un tribunal búlgaro denegó la extradición y fueron puestos en libertad, pues los cargos imputados en su contra se basaban en pruebas totalmente falsas. La única razón de la petición por parte de las autoridades turkmenas era la actividad política del padre de Djeren, que había criticado abiertamente uno de los regímenes más opresores del mundo. Es más, la tía de Djeren, que se había quedado en Turkmenistán, fue torturada y asesinada en prisión.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dividió el periodo que pasó la demandante sin una supervisión adecuada en dos partes y consideró que se había vulnerado el Artículo 8 del Convenio en la primera de ellas, que incluía el periodo inicial de la custodia de los padres y terminaba en la primera vista de la solicitud de extradición.

Las autoridades no hicieron bien su trabajo

Según el TEDH, las autoridades búlgaras no cumplieron su obligación de garantizar una atención adecuada a la menor durante la ausencia de sus progenitores. El tribunal no consideró que se hubiera vulnerado la obligación de Estado bajo el Artículo 8 del Convenio durante el periodo posterior a la primera vista.

El asunto debe tratarse inmediatamente y los procedimientos legales también deben resolver todos los problemas concomitantes de acuerdo con los estándares de una sociedad civil que respeta los derechos de los más vulnerables ",

"La distinción en dos partes del período que pasó la demandante sin una supervisión adeucada no está suficientemente justificada. No obstante, la sentencia del Tribunal establece claramente cuál debería ser el patrón de conducta de las autoridades hacia una menor que se ha quedado sin atención tras la detención de sus progenitores. El asunto debe tratarse inmediatamente, y los procedimientos judiciales deberían solucionar todos los problemas concomitantes, de acuerdo con las normas de una sociedad civilizada que respeta los derechos de las personas más vulnerables", dijo Krassimir Kanev, presidente del Comité Helsinki de Bulgaria, organización miembro de Liberties, que representó a la demandante en el proceso ante el TEDH.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concedió a la demandante 3.600€ por daños morales y 5.260€ por las costas judiciales.