En la manifestación, celebrada el 1 de julio de 2014, 4.000 personas protestaron contra el "Monumento en memoria del Genocidio Armenio", en la Iglesia armenia de Almelo.
Al hombre juzgado se le ha condenado a 120 horas de servicios a la comunidad, un mes de prisión (suspendida) y dos años de libertad vigilada.
Incitar a la violencia contra el pueblo armenio
El hombre es culpable de incitación a la violencia contra el pueblo armenio en virtud de su raza. Hizo un discurso en la manifestación y cantó las palabras "Karabakh será la tumba del pueblo armenio". Sus palabras hacían clara referencia a la muerte. De acuerdo con el tribunal, el significado de la expresión es inequívocamente violento y, por lo tanto, una grave vulneración de la libertad de expresión, uno de los derechos fundamentales de nuestra sociedad democrática.
Estas expresiones fueron particularmente dolorosas para las personas armenias, debido a la guerra en la zona Nagorno-Karabakh, en Azerbaiyan. Resultó en doble medida aterrador porque el hombre hizo que las miles de personas asistentes repitieran parte de sus palabras muchas veces.
Persona de influencia
No fue un llamamiento pacífico a que el pueblo armenio abandonara Karabakh, tal y como sostuvo la defensa durante el juicio. Lo que el hombre de hecho dijo no contenía ninguna referencia a un movimiento geográfico de los armenios. Es más, la intensidad y el tono de sus palabras, así como la incitación a que todos los asistentes repitieran sus palabras muchas veces, muestran que no se trataba de un llamamiento pacífico.
El hombre es el presidente de la Asociación Cultural Turco-Azerbaiyana Neerlandesa y era la persona de contacto y coorganizadora de la manifestación. Por este motivo, disfruta de un determinado tipo de autoridad, por lo que es de esperar que sus palabras se tomen en serio.
El tribunal también tuvo en cuenta que sus expresiones llegaron a un público más amplio, en particular porque esta protesta, con su discurso incluido, se retransmitieron por televisión.
Una pena más elevada
El tribunal ha dictado una pena más dura de la que pedía inicialmente la fiscalía. Ha considerado que no es adecuado imponer una pena más baja a la luz de la severidad y circunstancias del suceso. El hombre ha dejado claro que no se arrepiente y que no entiende qué hay de malo en lo que ha hecho. Para impedir que reincida, el tribunal le ha impuesto un servicio a la comunidad de 120 horas, con un mes de prisión suspendida y dos años de libertad vigilada.