En una sentencia histórica emitida hace exactamente un año, el Tribunal de Justicia de la UE declaró que el intento del gobierno de Orbán de debilitar y desprestigiar a las organizaciones ciudadanas que cuestionaban la corrupción y el creciente autoritarismo en el país era incompatible con el derecho de la UE y la Carta de Derechos Fundamentales. Un año después, el panorama sigue siendo sombrío para las organizaciones de derechos y democracia en Hungría y en toda la UE. Pero la resistencia está creciendo, y Liberties está trabajando duro para apoyarla.

Somos seres sociales. Asociarnos con personas afines para compartir nuestras pasiones, cuidar de las personas vulnerables de la sociedad, exigir el respeto de nuestros derechos o simplemente hablar de cosas que nos importan (ya sea el medio ambiente o nuestras libertades básicas) constituye una parte importante de nuestra vida como comunidad. Nuestro derecho a organizarnos y actuar de forma conjunta a través de asociaciones es una herramienta importante que nos permite conseguir logros mayores y mejores que si trabajamos de forma individual. Pero los gobiernos están sometiendo este derecho a una presión cada vez mayor. Por eso en Liberties trabajamos para proteger estos derechos, te explicamos por qué y cómo.

A los gobiernos antidemocráticos no les gustan las ONG

En una democracia que funciona bien, las asociaciones y las organizaciones no gubernamentales (ONG) independientes vigilan que el gobierno no malversa el dinero de los ciudadanos, ni abusa de sus poderes o incumple la ley, y si es necesario, le llevan a los tribunales. Asimismo, muchas ONG fomentan y facilitan la organización ciudadana y hacen llegar nuestras opiniones y preocupaciones a nuestros representantes electos, mediante peticiones, protestas pacíficas y participando en los procesos de elaboración de leyes y políticas. Son una herramienta importante que podemos utilizar para expresar nuestras opiniones, ejercer nuestro derecho a la protesta y obtener justicia cuando se violan nuestros derechos.

Como explicamos aquí, el hecho de que las ONG sean tan importantes para la democracia hace que no sean del gusto de gobiernos antidemocráticos. Desde hace años, las ONG y el activismo que lucha por la democracia, las libertades civiles, contra la corrupción y para proteger el medio ambiente, incluso en la UE, se han convertido en un objetivo de los gobiernos que quieren silenciar a sus críticos y a cualquiera que denuncie sus malas prácticas y corrupción.

La Ley sobre financiación extranjera adoptada en Hungría en 2017, y anulada hace un año por el Tribunal de Justicia de la UE a raíz de una acción judicial emprendida por la Comisión de la UE, por la Liberties había hecho una fuerte campaña, es un ejemplo paradigmático de cómo un gobierno autoritario puede intentar silenciar a las ONG. La ley forma parte de una larga serie de medidas adoptadas por el gobierno de Orbán para reprimir a quienes critican la grave corrupción del gobierno, los ataques a las libertades individuales, el control de instituciones independientes como los medios de comunicación y los tribunales, y el fomento del odio contra grupos minoritarios como los inmigrantes y las personas LGTBIQ+. La ley, que se basaba en la falsa afirmación de que las ONG pro-democracia las financiaban donantes extranjeros cuyo fin era atacar los intereses nacionales, restringió ilegalmente las donaciones a las ONG e impuso obligaciones de información pública que las estigmatizaba para desacreditarlas públicamente tanto a ellas como a sus donantes.

La sentencia del Tribunal de la UE fue pionera. Sin embargo, las cosas no han mejorado realmente. Ha tenido que pasar casi un año y una nueva acción judicial de la Comisión de la UE para que el gobierno húngaro derogue la ley de 2017, y en tan solo unas semanas han presentado un nuevo proyecto de ley restrictivo que ya está suscitando preocupación. Otra ley restrictiva de 2018 que impone un impuesto penalizador a las ONG que trabajan con personas migrantes sigue en vigor. Mientras tanto, en Polonia, también dirigido por un gobierno autoritario, el partido gobernante ignoró la sentencia del Tribunal e intentó aprobar una ley similar a la húngara sobre financiación extranjera, para secar aún más los recursos de las ONG que no comparten su agenda ultraconservadora.

Tratar de destruir la reputación de las ONG independientes ante la opinión pública, acusándolas de ser antipatrióticas y de trabajar en contra de los valores e intereses del país son tácticas habituales de los gobiernos antidemocráticos. La intensificación de los ataques contra organizaciones y activistas que trabajan por los derechos de las mujeres o de las personas LGTBIQ+ en Hungría y Polonia son un ejemplo evidente. En Eslovenia, cuyo gobierno muestra tendencias cada vez más autoritarias, el primer ministro lleva mucho tiempo tratando de arrastrar a la opinión pública en contra de las organizaciones críticas que defienden los derechos humanos, presentándolas como acaparadoras de fondos públicos que deberían destinarse a ayudar a los ciudadanos. De forma paralela, los medios de comunicación afines al gobierno emplean campañas virulentas de desprestigio para dañar la reputación de las asociaciones.

En todos estos países se ha documentado también el aumento de ataques contra ONG y activistas mediante denuncias abusivas emprendidas por políticos y empresas cercanas a estos.

En otros lugares la situación también se están poniendo difícil

Como revela un informe reciente de Liberties, incluso los gobiernos en países con democracias tradicionalmente sólidas están perjudicando el trabajo de las ONG independientes.

Entre los preocupaciones principales se encuentran los marcos normativos desfavorables, como en Irlanda, donde las normas arbitrarias sobre las campañas políticas obstaculizan el trabajo de las ONG; o en Alemania, donde las organizaciones que defienden las libertades civiles operan bajo la amenaza de perder su condición de organización benéfica, pues tanto políticos como lobbys empresariales se aprovechan de una legislación imprecisa y obsoleta para atacar a sus críticos, como se ilustra en un informe de Liberties sobre esta cuestión. Los intentos de limitar la independencia de las ONG también se están convirtiendo en algo habitual: por ejemplo, en Francia una reciente ley que obliga a las asociaciones a firmar un "contrato de compromiso con la República" ha sido muy criticada por ser divisiva y contraria a la libertad de asociación y a la libertad de expresión. La represión de las protestas por parte de la policía es habitual en países como Bélgica, España o Suecia, donde las ONG han registrado recientemente múltiples episodios de violencia policial excesiva en las manifestaciones. Asimismo, los gobiernos están utilizando las leyes penales para restringir la actividad de ciertas ONG, como la prestación de asistencia humanitaria a migrantes en Grecia, Malta o Italia. Y, en ningún país de la UE se está haciendo frente a las amenazas y ataques que sufren las ONG y activistas, incluido el creciente fenómeno de las SLAPP, demandas abusivas contra quienes defienden públicamente los intereses públicos.

Si bien la reducción del espacio cívico es un fenómeno que se viene observando desde hace algunos años, nuestra investigación sobre el impacto de COVID-19 revela cómo esta tendencia proecupante se ha accelerado durante la pandemia. La reducción de la financiación, las restricciones arbitrarias a la libertad de expresión y al derecho a la protesta y el uso de legislación de emergencia que no da margen para las consultas han impedido que las ONG puedan llevar a cabo su trabajo, dificultado también la planificación de una estrategia para la crisis.

La presión aumenta, pero también la resistencia

En el contexto de la creciente presión, las ONG están uniendo fuerzas y aumentando su capacidad de resistencia frente a los ataques.

La lucha por unas ONG libres e independientes ha sido desde el principio un parte central del trabajo de Liberties, y ahora estamos invirtiendo cada vez más recursos y energía en ello. Este año, la UE creó un nuevo fondo para apoyar económicamente a las organizaciones que defienden los derechos y democracia, a raíz de una propuesta de Liberties. En el futuro, seguiremos apoyando a las ONG:

• Vigilando e informando acerca de las amenazas hacia las ONG para movilizar el apoyo público y presionar a los gobiernos nacionales y a la UE para que protejan nuestro derecho a organizarnos a través de asociaciones;
• Reforzando nuestra red de miembros nacionales para apoyar su trabajo sobre el terreno, facilitando la unión de fuerzas y el aprendizaje mutuo;
• Utilizando nuestra experiencia para hacer una labor de incidencia política en las instituciones de la UE y quienes trabajan en ellas, informando sobre las medidas que pueden tomar para defender los derechos de las ONG, tales como: actuar de forma más contundente contra los gobiernos que violan los principios de la UE, acabar con los vacíos legales y canalizar mejor la financiación;
• Formando y acompañando a nuestros miembros y a otras ONG para que puedan comunicar su labor de forma sencilla, de forma que la gente la entienda y se identifique con la misma. Pronto publicaremos una nueva guía de Liberties sobre el espacio cívico para asesorar a las ONG sobre cómo concienciar acerca de papel fundamental que realizan y cómo enmarcar eficazmente sus respuestas a las difamaciones y ataques.

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