¿Qué se vota?

Los eurodiputados tendrán que decidir el 11 de septiembre si ponen en marcha un procedimiento que puede acabar en que la UE sancione al gobierno húngaro. Si aprueban el proyecto de resolución y el informe se activará el Artículo 7 del Tratado de la Unión Europea. El parlamento no votará si sanciona al gobierno húngaro, pues no tiene competencias para ello, pero si se adopta la resolución, la situación de Hungría se incluirá formalmente en el orden del día del Consejo de la UE, donde se reúnen los ministros de cada país. Ahí, los gobiernos tendrán que debatir la situación y decidir si están de acuerdo en que existe un problema grave en Hungría.

¿Qué es lo que preocupa al Parlamento Europeo respecto a Hungría?

Esta será la sexta resolución del Parlamento Europeo sobre Hungría desde que el primer ministro Orbán y su partido Fidesz llegaron al poder en 2010, lo que resulta una cifra muy alta. Hasta ahora, el Parlamento Europeo no había abordado nunca problemas de derechos humanos graves de ningún país de la UE, aunque sí había debatido situaciones en Zimbabue, Rusia o Myanmar. Con la reciente excepción de Polonia, rara vez un país de la UE llega a un situación lo suficientemente grave como para que el Parlamento Europeo sienta la necesidad de aprobar una resolución.

En el texto del proyecto de resolución y en el informe que lo acompaña se exponen varias preocupaciones importantes sobre la evolución de la situación en Hungría desde 2010. Se pueden resumir del siguiente modo:

• El Gobierno controla el debate público. Los medios de comunicación públicos y privados son en su mayoría cercanos al gobierno. Las empresas de los medios de comunicación privadas son mayoritariamente propiedad de partidarios del gobierno, o se abstienen de criticarlo por temor a perder los ingresos que obtienen del mismo a través de contratos publicitarios, o a recibir multas por infringir normas muy ambiguas. Es decir, la mayoría de las noticias que consume el público tienen un sesgo a favor del gobierno. El público recibe noticias basadas en teorías de conspiración sobre supuestas tramas de ONG y la UE para alentar la migración hacia Hungría y noticias alarmistas sobre solicitantes de asilo que tratan de destruir la nación, mientras que los escándalos de corrupción del gobierno no salen más que en unos pocos medios independientes.
• El Gobierno ha dificultado enormemente que los tribunales puedan mantener bajo control los poderes del gobierno. Ha despedido a la mayoría de los jueces superiores del país y llenado el Tribunal Constitucional con sus aliados políticos, quitándole asímismo el poder de verificar si las nuevas leyes cumplen los estándares de las libertades civiles. Además, se ha otorgado competencias para disciplinar a los jueces, asignar los casos a un juez u otro y nombrar y destituir a los jueces superiores. Debido a que la mayoría de los tribunales ordinarios todavía funcionan de manera independiente, el Gobierno ha creado un nuevo tribunal que se ocupa de las cuestiones relacionadas con las elecciones, el derecho a la protesta pública y la corrupción.
• El Gobierno ha fijado las normas electorales de manera que al Fidesz le resulte muy difícil perder las elecciones. Los límites electorales han sido redefinidos a favor del partido gobernante, ha utilizado dinero público para financiar anuncios de información pública que incluían sus mensajes electorales, y la mayoría de los medios de comunicación que consumen los ciudadanos son partidarios del Gobierno.
• El Gobierno es profundamente corrupto. Los grandes contratos gubernamentales se conceden sistemáticamente a sus aliados, que cobran de más por los servicios y productos y se embolsan el dinero público, incluidos los fondos de la UE.
• El Gobierno ha restringido un amplio abanico de libertades civiles y fundamentales. Entre otros, destacan: los intentos de cerrar la Universidad Centroeuropea y las ONG, impedir que los refugiados soliciten asilo, y negarse a tomar medidas drásticas contra el racismo hacia los romanís, los musulmanes y los judíos o la violencia doméstica.

¿Cómo se han redactado la resolución y el informe?

El Parlamento Europeo realiza la mayor parte de su trabajo a través de comisiones de eurodiputados. Cada comisión se especializa en un tema distinto, como el comercio o la energía. La comisión responsable de redactar la resolución y el informe sobre Hungría es la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE). Esta designa a un eurodiputado (conocido como ponente) para que se encargue de investigar y redactar el texto. La eurodiputada que encabeza el informe sobre Hungría es Judith Sargentini, del Grupo de los Verdes. Cada uno de los otros grupos políticos (de otros grupos de partidos de izquierda, centro y derecha) designa a sus propios ponentes "en la sombra". La mayor parte del trabajo lo realiza el ponente, pero para garantizar que el resto de los grupos políticos no rechacen el informe, se reune de forma regular con el resto de los grupos para tratar de llegar a un acuerdo sobre un texto que satisfaga a todos. Para esta resolución e informe, la ponente también se reunió con activistas de derechos humanos, expertos de universidades y think tanks, representantes del Gobierno húngaro y expertos de otras organizaciones internacionales como Naciones Unidas y el Consejo de Europa.

El informe fue votado en la Comisión LIBE con 37 votos a favor y 19 en contra. Otras cuatro comisiones del Parlamento Europeo también redactaron sus propios documentos sobre Hungría, conocidos como "opiniones", centrándose en distintas cuestiones, como el trato hacia las mujeres, la libertad de prensa y las universidades. Todas ellas concluían que debe aplicarse el Artículo 7 y fueron también aprobadas por una amplia mayoría.

Las conclusiones del informe se basan principalmente en informes de organismos expertos que trabajan para organizaciones internacionales. Todos los gobiernos de la UE forman parte de estas organizaciones internacionales y autorizaron a sus expertos a supervisar las normas sobre democracia, Estado de derecho y derechos humanos. Muchos de estos organismos llevan realizando esta labor desde hace más de 50 años, y los expertos que trabajan en ellas son nombrados y aprobados por los gobiernos. Entre ellos figuran varios órganos de expertos de Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la OSCE. Es decir, que resulta absolutamente inverosímil argumentar que la información en la resolución y el informe es inexacta o sesgada.

¿Qué posibilidades hay de que se apruebe la resolución?

Esta resolución es especial porque, para que se aplique el Artículo 7, no basta con que sea aprobada por mayoría normal, sino que debe aprobarla una mayoría de dos tercios de los eurodiputados.

Los eurodiputados del partido Fidesz de Orbán pertenecen al Grupo del Partido Popular Europeo (PPE), que es el más representado en el Parlamento. Hasta hace poco, el PPE siempre votaba en bloque en contra de las resoluciones que criticaban al Gobierno húngaro por lealtad a su miembro, Fidesz. Pero la última vez que el Parlamento votó sobre Hungría en 2017, hubo un cambio. A medida que Orbán ha seguido desmantelando sistemáticamente la democracia, ha generado el malestar de cada vez más eurodiputados del PPE. Cuando se votó la última resolución sobre Hungría en 2017, el PPE estaba tan dividido que los dirigentes políticos permitieron que sus eurodiputados votaran libremente. Es decir, se les permitió votar de forma individual, sin tener que seguir la postura oficial del PPE. El PPE se dividió en tres: de los 200 diputados que votaron, 67 apoyaron la resolución, 93 se opusieron y 40 se abstuvieron. En conjunto, el 58% de los eurodiputados votaron a favor de la resolución.

Para que se apruebe la resolución la semana que viene, los diputados del PPE que se opusieron o se abstuvieron en la votación de 2017 tendrán que haber cambiado de opinión desde entonces. Podríamos hacernos una idea de qué puede pasar si observamos cómo votaron en las votaciones que tuvieron lugar en las cinco comisiones parlamentarias durante la preparación de la presente resolución.

En total, 42 eurodiputados del PPE participaron en las votaciones de estas cinco comisiones. Un total de 10 eurodiputados del PPE que anteriormente habían votado en contra, se habían abstenido o no habían votado en absoluto, apoyaron esta vez el Artículo 7 votando a favor (6) o absteniéndose (4). Pero también hubo 6 eurodiputados que habían votado a favor de la resolución de 2017 y cambiaron su voto: votando en contra (2) o absteniéndose (4). Evidentemente, esto solo nos permite vislumbrar vagamente la dirección de las ideas del PPE. Los eurodiputados del PPE de Países Bajos, Suecia, Finlandia y Luxemburgo se han mostrado cada vez más críticos con el Fidesz y los de Polonia, Irlanda, Portugal, Bélgica, Grecia y Malta, votaron mayoritariamente a favor en la resolución de 2017. Pero excepto Polonia, que tiene una población muy grande, estos países más pequeños tienen muy pocos eurodiputados en el PPE. Para que la votación se apruebe la próxima semana, los miembros de Alemania, Italia, España y Francia (que tienen una representación mucho mayor) tendrán que apoyarla. Y hasta ahora no han dado a conocer su postura.

Es posible que muchos miembros del PPE todavía se sientan inclinados a apoyar a Fidesz porque no están seguros de qué hará Orbán después de las próximas elecciones al Parlamento Europeo en marzo. El PPE seguramente perderá escaños, y si apoya la activación del Artículo 7, Orbán podría tomar represalias trasladando sus eurodiputados a otro grupo político y debilitando aún más al PPE. Orbán se reunió recientemente con Mateo Salvini, viceprimer ministro italiano, de la Liga Norte, que no pertenece al PPE, lo que puede ser una amenaza velada de que formará un nuevo grupo político con otros populistas autoritarios si el PPE ya no le protege.

Además, hay otros factores que complican las cosas. Algunos de los eurodiputados de centro izquierda rumanos (que normalmente apoyarían la resolución) podrían decidir no apoyar la activación del Artículo 7 por temor a que Rumania sea la siguiente en la línea. Pertenecen al partido gobernante que ha estado tomando medidas drásticas contra los manifestantes anticorrupción y contra las ONG que quieren impedir que el gobierno debilite el poder judicial y las leyes anticorrupción. Y es posible que algunos eurodiputados no se presenten porque ya están ocupados con campañas electorales.

¿Por qué es tan importante?

Puede que esto no suene muy emocionante, pero es la primera vez que se plantea la activación del Artículo 7. Los gobiernos europeos prefieren mantener las relaciones entre sí lo más fluidas posible y no se suelen arriesgar a generar malestar o resentimiento cuestionando los antecedentes de cada uno en materia de derechos humanos. No es que no se hable del historial de derechos de los demás, sí lo hacen, y a veces resulta complicado, pero lo hacen en otros lugares, como Naciones Unidas, la OSCE y el Consejo de Europa. Lejos de la UE, para que no interfiera en su cooperación relativamente fluida en materia de libre comercio, protección del medio ambiente y lucha contra el crimen organizado. Pero a medida que las libertades fundamentales se están viendo gravemente amenazadas por los gobiernos populistas autoritarios de Hungría y Polonia, muchos gobiernos de la UE han empezado a plantear preguntas incómodas.

¿Qué es el Artículo 7?

El Artículo 7 fue creado como un procedimiento de emergencia para garantizar una protección básica a la democracia y las libertades civiles. Solo se puede utilizar si un país infringe grave y sistemáticamente las normas que mantienen en buen funcionamiento una democracia moderna. Cuestiones como unos medios de comunicación libres e independientes, tribunales independientes con poder para impedir que el gobierno abuse de sus poderes, y normas que protejan a las minorías y las libertades básicas. La UE ha intentado utilizar la presión política y procedimientos legales para obligar a Orbán a cambiar de rumbo, pero nada de esto ha tenido un impacto real. La táctica de Orbán ha sido básicamente: dar tres pasos hacia adelante, y un hacia atrás cuando se encuentra bajo presión internacional, dejando muchas de las reformas perjudiciales en marcha.

El procedimiento del Artículo 7 es largo. Implica al menos tres votos en tres fases distintas del Consejo. Para poder llegar a sancionar a un gobierno, es preciso que todos los gobiernos (excepto el gobierno que está siendo evaluado) estén de acuerdo. La primera vez en la historia de la UE que se ha puesto en marcha el Artículo 7 fue recientemente, cuando la Comisión incluyó a Polonia en el orden del día del Consejo debido a que su gobierno tomó el control de los tribunales del país. Tras varias reuniones para debatir el caso de Polonia, los ministros todavía no han tomado una decisión formal. No traigas palomitas de maíz. Trae un saco de dormir.

Una sanción en virtud del Artículo 7 puede ser cualquier medida que prive a un país de un derecho que le asiste cuando se adhiere a la UE. El ejemplo citado más frecuentemente es la pérdida de su derecho de voto, lo que le impediría opinar sobre las leyes que aprueba la UE. Pero los gobiernos obtienen muchos privilegios cuando se adhieren a la Unión: fondos, libre comercio a través de las fronteras europeas, la capacidad de mover dinero y comprar y vender servicios en cualquier parte de la UE, y evidentemente el poder participar en los cientos de reuniones en las que se deciden las leyes y las políticas.

¿El veredicto?

Orbán ha llevado a Hungría a una situación de autocracia elegida. El Estado que ha creado ya no encaja en el modelo de democracia que se acordó entre los países europeos en los años cincuenta. Antes de que un país pueda adherirse a la UE, tiene que demostrar que cuenta con garantías que aseguren el buen funcionamiento de la democracia, con tribunales independientes que puedan controlar al gobierno y permitir que todos los sectores de la sociedad participen en la vida cívica y política, protegiendo al mismo tiempo las libertades fundamentales. Estas garantías se establecieron para evitar el resurgimiento de Estados autoritarios y de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Las pruebas contra el Gobierno húngaro son objetivas, precisas y abrumadoras. Ninguna de las medidas que la UE ha tratado de emplear para frenar a Orbán han funcionado. Votar a favor de la resolución y el informe debería ser algo obvio. Ni siquiera tiene sentido para la realpolitik: ¿cómo va a ser Orbán leal al PPE mientras corteja a los oponentes del Grupo que detentan el poder en Polonia e Italia?