La resolución, entre otras cosas, insta al gobierno a que retire el proyecto de ley contra las ONG, lo cual supone una victoria para las libertades. También ha activado la norma 83 del reglamento de procedimiento del parlamento, que podría significar la sanción de Hungría bajo el mecanismo del artículo 7. Sería la primera vez que se utiliza el artículo 7.

¿Qué es la norma 83?

El artículo del 7 del Tratado de la UE permite que la UE sancione a uno de sus gobiernos si viola gravemente sus valores fundamentales. Pero se tarda mucho en llegar al punto en el que un gobierno tenga que hacer frente a una sanción.Todo lo tienen que decidir los gobiernos nacionales en el Consejo de la UE. El artículo 7 (1) permite que los gobiernos decidan si existe un «claro riesgo» de que se violen los valores de la UE. El artículo 7 (2) permite que decidan si se está dando actualmente una grave violación de los valores de la UE. Y el artículo 7 (3) permite que los gobiernos voten sobre las sanciones.

El artículo 7 puede ser activado por la Comisión, por un grupo de gobiernos o por el Parlamento Europeo. Es decir, cada uno de estos actores puede incluir a Hungría en el orden del día del Consejo, invocando formalmente el artículo 7. Y aquí es donde entra en juego la norma 83. La norma 83 del reglamento de procedimiento del Parlamento Europeo establece el procedimiento que permitiría que los eurodiputados remitan a Hungría al Consejo de acuerdo con el artículo 7.

¿Y luego qué?

El Parlamento Europeo lleva a cabo la mayor parte de su trabajo a través de comisiones que se ocupan de las distintas áreas políticas . La norma 83 requiere que la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior presente un borrador de resolución que active formalmente el artículo 7. Este borrador será sometido a la votación del Parlamento en su conjunto. Para que se apruebe, lo tendrán que aprobar dos tercios de los eurodiputados. A juzgar por la votación de ayer, el resultado sería muy ajustado.

Si se aprueba, se activaría el artículo 7 (1). Esto significa que los gobiernos nacionales del Consejo debatirán el caso de Hungría y luego votarán si consideran que los valores de la UE corren el riesgo de ser vulnerados gravemente. Antes de poder imponer sanciones, tendrían que votar el Artículo 7 (2). Esto es lo más difícil porque requiere unanimidad y el gobierno polaco, que también ha estado socavando el Estado de derecho, probablemente protegería al gobierno húngaro.

¿Y ahora qué?

La resolución se aprobó con una mayoría impresionante: 393 a favor, 221 en contra y 64 abstenciones. Los eurodiputados del partido del gobierno húngaro, Fidesz, pertenecen al grupo político más grande del Parlamento Europeo, el Partido Popular Europeo (PPE). Hasta ahora, el PPE ha protegido en gran medida a Fidesz de las críticas en el parlamento, ya sea bloqueando resoluciones o rebajándolas. La votación muestra las profundas divisiones en el PPE en esta cuestión, pues a cada vez más eurodiputados del PPE les incomoda que se les pueda asociar con un gobierno que muestra un desprecio continuo por los derechos, la democracia y el Estado de derecho. Los eurodiputados del PPE que quisieron posicionarse contra Hungría lograron obtener el permiso para votar libremente y casi 70 votaron a favor de la resolución, con alrededor de 40 abstenciones.

Incluso si los gobiernos nacionales no logran a sancionar al gobierno húngaro, se les puede complicar la vida en Bruselas. Los gobiernos y eurodiputados tienen que trabajar con los de otros países para evitar perder votaciones sobre nuevas leyes y políticas. Ser calificado como vulnerador de derechos podría ahuyentar a posibles aliados, lo que debilitaría la influencia de Hungría en la política de la UE

¿Qué ha hecho Liberties?

El 11 de abril, Liberties lanzó una petición a través de Avaaz.org pidiendo al Parlamento Europeo que adopte una resolución para instar al gobierno húngaro a que retire el proyecto de ley que señala a las ONG como agentes extranjeros. Junto con la Hungarian Civil Liberties Union y el Comité Húngaro de Helsinki, hablamos con distintos grupos políticos, entre ellos la cúpula del PPE, para explicar la situación de Hungría. También hablamos con ONG en Bruselas para que incluyeran nuestra petición al Parlamento Europeo en una declaración pública respaldada por más de 500 ONG europeas. A continuación elaboramos un análisis jurídico, junto con el European Centre for Not-for-Profit Law, que explicaba cómo el proyecto de ley anti-ONG violaría la legislación de la UE. Finalmente, elaboramos unas recomendaciones detalladas para ayudar a los parlamentarios a ver qué incluir en su resolución.

¿Cómo hemos llegado aquí?

Desde que llegó al poder en 2010, Orbán, el primer ministro húngaro, se ha dedicado a desmontar la democracia, pieza a pieza. Se ha apoderado de los medios de comunicación públicos y ha silenciado las críticas de casi todas las agencias de medios privadas, bajo amenazas de multas, impuestos punitivos o cierre. Ha protegido a su gobierno de cualquier cuestionamiento jurídico imponiendo una nueva Constitución, llenando el Tribunal Constitucional de sus aliados políticos, y despojando a este de sus principales poderes. Y mientras tanto, ha llenado los bolsillos de sus amigos de la elite empresarial húngara a través de un sistema político profundamente corrupto.

Uno de los últimos movimientos del gobierno húngaro fue aprobar una ley destinada a cerrar la Universidad Centroeuropea, luego dirigió su atención a las ONG que trabajan por los derechos humanos, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción y ha propuesto una ley anti-ONG al estilo ruso que obligaría a que las ONG que reciban más de 23.300 euros al año en donaciones procedentes de fuera de Hungría se declaren "agentes extranjeros". De hecho, ya ha comenzado a estigmatizarlas calificándolas de "organizaciones de agentes". El ataque de Orbán contra las ONG es un intento de silenciar algunas de las pocas voces que todavía critican sus leyes y políticas cuando violan la legislación europea de derechos humanos.

Las ONG son fundamentales para la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho. Ayudan a garantizar que los gobiernos no violen la ley y que respeten los derechos de su población. Mantienen aa los ciudadanos informados sobre el uso de poder y el gasto de dinero público por parte de las instituciones, y ayudan a que la gente se organice para hablar con sus representantes políticos con una sola voz.