Además de cambiar la Ley Fundamental y el Código Penal a través de la legislación conocida como "Stop Soros" (analizada aquí), el gobierno húngaro también ha aprobado un nuevo impuesto, llamado "impuesto especial de inmigración".

Este constituye una grave restricción a la libertad de expresión: aquellos que apoyen la inmigración de manera profesional (dentro de un marco organizado, como vocación, empleando el dinero de patrocinadores), a partir de ahora, solo podrán continuar su labor si pagan un impuesto especial del 25%.

La ley "Stop Soros" amenaza a los defensores de los derechos humanos y a los grupos de presión con prisión, mientras que el nuevo impuesto representa una amenaza existencial para las organizaciones activas en materia de migración. Limita la libertad de expresión y el trabajo cotidiano de las ONG.

La nueva legislación fiscal entró en vigor el 25 de agosto, tras ser aprobada por el Parlamento y firmada por el presidente húngaro.

Una ley ambigua

De acuerdo con la ley, la entidad imponible es la organización que proporciona apoyo financiero a "acciones que apoyen la inmigración". En caso de que dicha organización no pague el impuesto especial, será la organización que recibe el apoyo quien deberá abonarlo. El proyecto de ley estipula el monto de este impuesto en un 25% del apoyo proporcionado (sea apoyo económico o recursos de otro tipo). Los ingresos resultantes de este impuesto especial solo podrán destinarse a la protección de las fronteras.

La ley es ambigua en cuanto a la definición de lo que constituye una acción de apoyo a la inmigración. Según el texto, la inmigración es cualquier reubicación de personas (con carácter definitivo) de su país de origen a otro, a excepción de los ciudadanos de la Unión Europea y de los países miembros del Acuerdo Europeo de Asociación Económica.

Para que un acción se considere "en apoyo a la inmigración", debe cumplir ciertos requisitos. En primer lugar, tiene que consistir en una ayuda directa o indirecta a la inmigración. En segundo lugar, el programa, evento o actividad debe encajar en una de las tres categorías siguientes: campañas en medios de comunicación (incluida la celebración y participación en seminarios de medios), desarrollo y puesta en marcha de redes, y/o cualquier tipo de promoción de la inmigración, que arroje una luz positiva sobre la misma.

La aplicación de la legislación fiscal se ha delegado a la Administración Tributaria Nacional. La ley no dice nada respecto a qué aspectos deben contemplar los empleados de la autoridad fiscal para determinar qué acciones cumplen con los requisitos anteriores. Por ejemplo: ¿un comunicado de prensa en el que se afirme que quienes agreden a ciudadanos de un tercer país deben hacer frente a consecuencias jurídicas supone una acción de apoyo a la inmigración?

Impuesto a las opiniones distintas

Hacer una descripción positiva de la migración constituye una opinión legítima y protegida por la libertad de expresión, a pesar de que no suscriba la postura del gobierno. Naturalmente, el gobierno tiene derecho a estar en desacuerdo -incluso puede argumentar en contra- pero no debe limitar la expresión de opiniones contrarias a las suyas.

Además de la protección de la libertad de expresión, hay otras razones por las que el fomento de la diversidad de opinión y el debate abierto por parte de los responsables políticos supone un beneficio para toda la comunidad. Se pueden expresar una variedad de argumentos acerca de los aspectos positivos de la migración, incluidos los que demuestran que beneficia a la economía. Permitir que surjan opiniones distintas, escucharlas e incorporar la conversación y los argumentos a los procesos de toma de decisiones supone un beneficio y enriquecimiento para cualquier comunidad, pues las decisiones que nacen de este modo estarán más fundamentadas y se habra tomado teniendo en cuenta todo lo que se ha argumentado.

Si bien esta nueva ley tributaria no prohíbe que emerjan ciertos puntos de vista en conversaciones cotidianas, sí lo limita pues introduce una posible consecuencia económica para quienes defiendan la inmigración. La introducción de un impuesto de este tipo hace que sea posible silenciar estas opiniones. Por ello, esta ley fiscal supone la limitación de una opinión -una opinión que, en sí misma, no perjudica los derechos de nadie- puramente basada en su contenido. Es decir, esta ley supone la tributación de las opiniones que no concuerdan con el punto de vista oficial del gobierno.

A la hora de analizar la ley, es preciso tener en cuenta que la introducción del impuesto especial de inmigración está relacionado con dos procesos. De nuevo un intento del Gobierno de silenciar ciertas opiniones aprobando medidas para limitar la actividad de las ONG. En 2013, los partidos gobernantes y sus políticos iniciaron una campaña para desacreditar a las ONG, que entró en una nueva fase durante la crisis de los refugiados: aquellos cuya opinión sobre la inmigración difería de la oficial eran clasificados de traidores y de amenaza para la seguridad nacional.

El Gobierno acusaba a los representantes de la ONU y los políticos de la oposición, así como a los trabajadores de ONG (puesto que su opinión difiere de la oficial) de estar en la nómina de George Soros y recibir órdenes directamente de él.

Además de la campaña de difamación, en 2017, el Gobierno comenzó a aprobar una legislación destinada a silenciar a las ONG: en 2017 introdujeron la llamada ley anti-ONG o la Ley de transparencia de las organizaciones apoyadas desde el extranjero. Aunque este proyecto de ley se introdujo con el fin de limitar las opiniones distintas a las oficiales con respecto a la migración, podría ampliarse fácilmente a cualquier otra activividad que trate de hacer que el gobierno rinda cuentas sobre sus actos y por ello resulte molesta. Podría utilizarse, por ejemplo, para silenciar a quienes piden que se eliminen las escuelas segregadas, que se proporcionen condiciones de vida humanas para todos, o que señalan la corrupción de los cargos gubernamentales.