Cada cuatro años, el Comité de Derechos Humanos de la ONU analiza un informe producido por el gobierno sobre la situación de los derechos humanos en ese país. El Comité evalúa hasta qué punto, de acuerdo con el informe, cumple el Estado con sus responsabilidades dentro del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y políticos.

El Comité de Derechos Humanos tiene también en consideración otros informes sobre vulneraciones de derechos humanos, así como informes escritos por ONGs en el país, que ofrecen una visión independiente a la del gobierno.

Para preparar la próxima evaluación, la Coalición italiana por los derechos civiles y las libertades (CILD) publicó su informe paralelo para el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que resalta las siguientes problemáticas en materia de derechos humanos en Italia.

Institución Nacional de Derechos Humanos

Italia aún no tiene una Institución Nacional de Derechos Humanos independiente (INDH). Esto hace imposible tener una estrategianacional más coherente y global para promover y proteger los derechos humanos y CILD insta al gobierno italiano a hacer el esfuerzo de crear una INDH capaz de recibir la Calificación A del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Familias homosexuales

Italia sigue yendo a la zaga de los países europeos en lo que se refiere a la igualdad para las personas homosexuales y los derechos parentales de las familias homosexuales. En ese sentido, es necesario revisar la legislación de adopción para permitir la "adopción de hijastros", asegurando que el interés del menor es la consideración principal en cualquier procedimiento de adopción.

Discriminación y discursos xenófobos

La legislación italiana actual contra la discriminación no ofrece medios efectivos para abordar y desincentivar el discurso xenófobo, que es un fenómeno generalizado y profundamente arraigado en Italia, en particular contra romaníes, no ciudadanos y comunidad LGTBI. Hay una fuerte necesidad hoy de legislación antidiscriminación y de garantías de sanción.

Derechos de los romaníes, sintis y caminantes

La puesta en práctica de la Estrategia Nacional de Integración de la población romaní (ENIR) sigue resultando polémica y la segregación y los desalojos forzosos de los romaníes continúa siendo una práctica habitual. Hacen falta medidas inmediatas y adecuadas para asegurar los derechos de las minorías y la integración de estas comunidades en Italia.

Penalización de la tortura

La tortura sigue sin ser un delito en el derecho italiano, a pesar del deber del Estado de proscribir la tortura aparece de forma inequívoca en diferentes tratados internacionales firmados por Italia.

Es necesario que Italia incorpore sin demora el delito de tortura en el Código Penal italiano, en conformidad con el Artículo 1 del Acuerdo de Naciones Unidas contra la Tortura.

Acceso a la ciudadanía

El acceso a la ciudadanía plantea un desafío para los niños y niñas nacidos en Italia de padres procedentes de terceros países o llegados a nuestro país muy pequeños. Hay que adoptar una reforma que permita acceder a la ciudadanía aplicando de forma moderada el principio de ius soli o de ius culturae, una decisión que lleva bloqueada desde hace años.

Expulsiones colectivas y principio de no devolución

Parece que Italia sigue practicando expulsiones colectivas de inmigrantes a países de origen o tránsito vulnerando el principio de no devolución. Además, existen serios motivos de preocupación por las vulneraciones sistemáticas de derechos humanos que se están dando con la introducción del llamado "enfoque de puntos calientes" o "hotspot approach".

Italia debería tomar todas las medidas necesarias para asegurar que los acuerdos bilaterales y multilaterales sobre migraciones garantizan un respeto absoluto de los derechos humanos, así como el estricto cumplimiento del principio de no devolución. Italia debería asimismo suspender cualquier acuerdo bilateral que carezca de una protección adecuada de los derechos humanos y mecanismos rigurosos de supervisión, entre otros, la supervisión independiente de organizaciones internacionales, ONGs y organismos independientes para asegurar que la función de puntos calientes es compatible con los criterios legales del Estado de derecho.

Menores no acompañados

Dado que el número de menores no acompañados (MENAs) que llegan a Italia se ha disparado a lo largo del último año, Italia necesita poner en marcha métodos adecuados para la valoración de la edad, a fin de proteger efectivamente el interés del menor.

'Inmigración ilegal'

La entrada o permanencia irregular en territorio italiano sigue siendo un delito penal. Además, el gobierno italiano quiere hacer de los CIEs un elemento central de su estrategia de gestión de la inmigración, a pesar de la plétora de informes presentados a lo largo de los años (tanto por organismos institucionales, como por ONGs) que han denunciado los CIEs como centros inhumanos, inútiles e increíblemente caros.

Los defensores de derechos humanos instan al gobierno a abolir el delito penal de la entrada o permanencia irregular en territorio italiano, a dejar de ampliar el sistema de detención administrativa de nacionales de terceros países en CIEs y crear mecanismos y organismos independientes de supervisión rigurosos, garantizando asimismo a la prensa y a las ONGs el derecho a acceder a los CIEs para asegurar la transparencia.

El informe completo puede leerse aquí.