El CPT supervisó dos vuelos de deportaciones: uno de Roma a Lagos, Nigeria, que tuvo lugar el 17 de diciembre de 2015, y otro de Madrid a Bogotá, Colombia, y Santo Domingo, República Dominicana, el 18 de febrero de 2016.

La supervisión de los vuelos tenía como objetivo observar cómo realizan ambos países las deportaciones por vía aérea de ciudadanos extranjeros. Ambas operaciones fueron coordinadas conjuntamente por la agencia de la UE, Frontex, y las autoridades nacionales.

España

El informe del Comité señala que en el vuelo de deportación desde España, los migrantes solo fueron informados unas horas antes de su partida, por lo que se insta a las autoridades que notifiquen a los migrantes por escrito y con unos días de antelación, y garanticen el acceso a un abogado y un teléfono antes del viaje.

El informe también recoge un incidente de naturaleza médica durante el vuelo y recuerda a las autoridades la importancia de garantizar un examen médico previo para evaluar si están en condiciones de volar. Asímismo recomienda que se proporcione formación al personal de escolta que participa en las operaciones, prestando especial atención a los aspectos psicológicos de su labor.

La delegación del CPT documentó un uso desproporcionado de las medidas de coacción y el informe recomienda que las autoridades revisen su práctica actual teniendo en cuenta las normativa europea de derechos humanos.

Italia

El informe del CPT sobre Italia expresa muchas preocupaciones sobre la gestión del vuelo por parte del gobierno italiano. En primer lugar, y al igual que en España, el Comité observa que los migrantes fueron informados de su deportación de Italia el mismo día del vuelo.

Otra cuestión observada por la delegación fue que algunos de los migrantes deportados todavía tenían casos de apelación pendientes ante en Italia. En el informe, el Comité insta a que se establezca un mecanismo que mejore el flujo de información entre los tribunales y las fuerzas policiales sobre los casos y recursos pendientes.

El gobierno italiano ha respondido a esta cuestión afirmando que ha introducido nuevos procedimientos para proteger mejor a los solicitantes de asilo rechazados y garantizar la protección jurídica a quienes han recurrido un rechazo injusto. También señaló que actualmente se están evaluando propuestas sobre una reforma del procedimiento que supondría una reducción del tiempo de evaluación de las solicitudes de asilo y reduciría también los casos de excepción a la suspensión automática de una orden administrativa. Sin embargo, cabe señalar que las reformas propuestas han sido criticadas por la sociedad civil italiana por inadecuadas y posiblemente peligrosas (como es el caso de la propuesta de reforma de los procedimientos civiles en los casos de asilo, que básicamente supondrían la abolición de los recursos contra las denegaciones de protección internacional).

El informe italiano también indica que cada persona que vaya a ser deportada, debe pasar un examen médico antes de su partida y debe expedirse un certificado que garantice que la persona está en condiciones de volar. Y recomienda que se preste especial atención al personal de escolta, que está sujeto a un alto grado de estrés durante la ejecución de sus tareas. El gobierno respondió a esto señalando que el personal de escolta se somete a exámenes psicosociales y físicos, además de a una formación específica enfocada tanto en el aspecto operativo de su trabajo como en las cuestiones legales, antes de comenzar a trabajar

Recomendaciones de Frontex

Ambos informes comparten recomendaciones comunes hacia Frontex:

• Frontex y sus contrapartes estatales deben establecer normas más precisas sobre el uso de medidas de coacción.
• La implementación de un procedimiento efectivo de denuncia que esté accesible para los detenidos hasta su llegada al país de destino.

Pincha aquí para leer la respuesta del gobierno español al informe.

Pincha aquí para leer la respuesta del gobierno italiano al informe

Esta noticia ha sido elaborada por Rights International Spain y la Coalición Italiana para Derechos Civiles y Libertades.