En democracia, decidimos cómo nuestros representantes electos utilizan las competencias y los recursos que hemos puesto en sus manos. Cuando la ciudadanía lleva las riendas, puede exigir a sus dirigentes que hagan lo que es mejor para todos. Pero nuestro informe revela que en 2022 los gobiernos de toda la UE siguieron dificultando que la ciudadanía consiguiera que sus dirigentes actuaran en su mejor interés.
Durante 2022, todos sentimos el impacto de la invasión rusa de Ucrania y de los daños causados al clima por la quema de combustibles fósiles. El coste de calentar nuestros hogares y alimentar a nuestras familias aumentó tanto más rápido de lo que pagan las empresas que muchas personas tuvieron que elegir entre mantenerse calientes o comer. Inundaciones, incendios, olas de calor, tormentas y sequías amenazaron nuestra salud, el suministro de agua y alimentos y la seguridad de nuestros hogares.
Este informe no juzga si los gobiernos de la UE actuaron en el mejor interés de la ciudadanía al elegir cómo responder a estos acontecimientos. Lo que sí constata el informe es que en muchos países de la UE, durante 2022, siguió siendo más difícil para la ciudadanía opinar sobre cómo afrontar los problemas y exigir las soluciones que desea. A veces, parece tratarse de un empeño deliberado por excluir a la ciudadanía de sus democracias. Ya sea debilitando las normas y organizaciones que hacen que la democracia funcione o negándose a solucionar los puntos débiles que los gobiernos han creado en el pasado.
Para que la democracia funcione adecuadamente, la ciudadanía depende de unos medios de comunicación de calidad para mantenerse informada. Tiene que poder expresar sus preocupaciones -ya sea a través de asociaciones o uniéndose en protestas- y los gobiernos tienen que estar dispuestos a escuchar, incluso consultando a la población a la hora de elaborar nuevas leyes. Cuando los políticos no actúan en nuestro mejor interés, por ejemplo privándonos de nuestras libertades, difundiendo el odio en beneficio político o apropiándose de nuestros recursos, la ciudadanía necesita mecanismos independientes para arreglar la situación, como un defensor del pueblo o un tribunal que sea fácil de utilizar y dicte sentencia con rapidez.
Son los instrumentos que deben estar en manos de la ciudadanía para que la democracia rinda como sistema de gobierno. En 2022, muchos gobiernos siguieron debilitándolos o ignorándolos.
Los peores infractores
Como ya señalamos en años anteriores, Hungría y Polonia siguen siendo los peores infractores. Aunque la UE ha puesto en marcha su recién creado mecanismo de condicionalidad para retener fondos a Hungría, esto aún no ha producido auténticas mejoras en la práctica. Del mismo modo, las reformas que se están negociando con Polonia, a cambio de la liberación de los fondos de recuperación COVID de la UE, sólo supondrían mejoras modestas que no liberarán del control político a los jueces. Estos gobiernos siguen aplicando una serie de medidas destinadas a centralizar el poder, silenciar a sus oponentes, controlar la opinión pública y hacer muy difícil que pierdan futuras elecciones.
Aunque es demasiado pronto para saberlo, los primeros indicios de los nuevos gobiernos formados en Italia y Suecia en 2022 apuntan al riesgo de que, si los controles y salvaguardas institucionales existentes no se mantienen firmes, las coaliciones gobernantes puedan virar hacia el autoritarismo. Por ejemplo, ya hemos constatado un acusado aumento de los ataques retóricos contra las ONG y los medios de comunicación por parte de estos dos nuevos gobiernos.
Por el contrario, la evolución de Eslovenia desde la sustitución del gobierno de extrema derecha demuestra que los países pueden rehabilitar sus democracias. Por ejemplo, se han registrado medidas para devolver la independencia a instituciones como la radiotelevisión pública, y ofrecer reparación a las personas que fueron multadas ilícitamente por protestar bajo el anterior gobierno de extrema derecha.
Tendencias generales
En comparación con años anteriores, observamos que persisten los problemas relacionados con la salud de los medios de comunicación, la libertad de la ciudadanía para protestar o trabajar con las ONG y la disposición de los gobiernos a escuchar lo que quiere la gente. También vemos que las normas y las instituciones cuyo trabajo consiste en garantizar que los gobiernos utilicen nuestros recursos y competencias para el bien común siguen privadas del dinero, las competencias y la independencia que necesitan para hacer su trabajo. Muchos gobiernos siguen atacando a los grupos marginados, a menudo como medio de ocultar a la opinión pública su propia incapacidad para resolver los problemas a los que se enfrentan estas personas.
Por mencionar algunos ejemplos:
- Los periodistas que informan sobre asuntos de interés público, como la corrupción, se vieron acosados por demandas falsas en Bulgaria, Croacia, Hungría, Italia, Países Bajos y Polonia.
- Varios países también utilizaron sus atribuciones para restringir el derecho a protestar, especialmente en relación con personas que pedían medidas contra el cambio climático, por ejemplo en Alemania, Bélgica, Estonia, Francia, Italia, Países Bajos y Suecia. En algunos casos, las autoridades actuaron en virtud de competencias creadas para hacer frente a la pandemia que siguen vigentes.
- En Alemania, Bulgaria, España, Eslovaquia, Hungría, Polonia y la República Checa, detectamos que los políticos tienen capacidad de decisión a la hora de elegir, ascender y disciplinar a los jueces. También constatamos que los gobiernos de Alemania, Bélgica, Croacia, Estonia, Francia, Italia, Irlanda y Polonia han privado a sus sistemas judiciales de los recursos necesarios para resolver los casos en un plazo razonable.
- En 2022 hemos sido testigos de continuos ataques retóricos y medidas a menudo restrictivas y punitivas contra las personas que emigran (en Alemania, Croacia, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Hungría, Italia, Irlanda y Lituania), las personas pertenecientes a minorías étnicas (Bulgaria, Francia y Suecia) y las personas LGBTIQ (Eslovaquia, Hungría, Irlanda y República Checa).
Nuestras recomendaciones a la UE
Cuanto menor sea el control de la ciudadanía sobre sus dirigentes, menos probabilidades habrá de que resuelvan los problemas que preocupan a la gente o elijan las soluciones que más le beneficien. Cuando los gobiernos democráticos dejan de proporcionar lo que la gente necesita, la población pierde la fe en la democracia y suele recurrir a los autoritarios. Los gobiernos europeos deberían darse cuenta de que, si no cuidan sus democracias, allanan el camino a políticos extremistas que no dudarán en derribar todo el sistema, como se ha visto en Hungría y Polonia. Los líderes de los países que dicen apoyar la democracia deberían cuidar el sistema que les permite estar en el poder.
Por esta razón, en nuestro informe proponemos una serie de recomendaciones a la UE sobre cómo puede apoyar y proteger el Estado de derecho, la democracia y los derechos fundamentales en sus Estados miembros. En pocas palabras, instamos a la UE a:
- Activar el mecanismo de condicionalidad con respecto a Polonia y fijar el importe de los fondos suspendidos para Hungría y Polonia en un nivel suficientemente alto para garantizar verdaderas reformas.
- Mejorar la forma en que elabora los informes sobre el Estado de derecho, ampliando el alcance del informe para incluir factores contextuales que repercuten en la salud del Estado de derecho o la indican, como la existencia de problemas sistémicos de derechos humanos.
- Mejorar el seguimiento de los avances o retrocesos utilizando el informe anual de la Comisión como base para un diálogo estructurado entre las instituciones y los gobiernos nacionales, al que puedan contribuir los parlamentos nacionales y la sociedad civil.
- Utilizar todos los recursos disponibles para apoyar o presionar a los gobiernos para que promuevan y ejecuten las normas del Estado de derecho, como la suspensión de fondos a un gobierno en virtud del mecanismo de condicionalidad, la concesión de fondos para apoyar al periodismo y a la sociedad civil, los procedimientos de incumplimiento, el procedimiento del Artículo 7 y la publicación de orientaciones.
- Garantizar que las iniciativas que puedan repercutir en el Estado de derecho se utilicen para promoverlo en todo su potencial, como las políticas y la legislación sobre la digitalización de la justicia, la desinformación, la libertad de los medios de comunicación y las SLAPP.
- Responder a los principales desafíos a la legitimidad y credibilidad de la UE, como el escándalo Qatargate.
Acerca del informe
Este es nuestro cuarto informe anual sobre la situación del Estado de derecho, la democracia y los derechos fundamentales en la UE. El informe analiza 18 países de la UE y es el análisis más exhaustivo de este tipo elaborado por una red de ONG. El informe ha sido elaborado por Liberties junto con 45 organizaciones de toda Europa: una suma de nuestros propios miembros y una serie de asociados externos. Como en años anteriores, la publicación tiene dos objetivos: ser una fuente de información que aportamos a la Comisión Europea para su auditoría anual sobre el Estado de derecho en la UE; ser una fuente de análisis independiente para periodistas, investigadores y otras personas interesadas en el estado de la democracia en la UE.
Recursos
Artículos relacionados:
La sociedad civil en 2022: Las ONG siguen excluidas
Informes de países 2023
El Informe ofrece información de 18 Estados miembros de la UE recopilada por 45 organizaciones de derechos humanos, a saber:
- League of Human Rights (Bélgica),
- Bulgarian Helsinki Committee (Bulgaria),
- Centre for Peace Studies (Croacia),
- League of Human Rights, Glopolis (República Checa),
- Human Rights Center (Estonia),
- Vox Public (Francia),
- the Society for Civil Rights, FragDenStaat, LobbyControl (Alemania),
- the Hungarian Civil Liberties Union (Hungría),
- the Irish Council for Civil Liberties, Irish Congress of Trade Unions, Trinity College Dublin School of Law, The Immigrant Council of Ireland, Inclusion Ireland, Intersex Ireland, Community Law and Mediation, Justice for Shane, Mercy Law Resource Centre, Irish Penal Reform Trust, The National Union of Journalists, Age Action Ireland, The Irish Network Against Racism, Outhouse, Irish Traveller Movement, Pavee Point, FLAC-Free Legal Advice Centres, Mental Health Reform (Irlanda),
- Antigone Association, Italian Coalition for Civil Liberties and Rights (CILD), A Buon Diritto Onlus, Association for Juridical Studies on Immigration or ASGI,Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT) (Italia),
- Human Rights Monitoring Institute (LItuania),
- Netherlands Helsinki Committee, Free Press Unlimited, Transparency International Nederlands (Países Bajos),
- the Helsinki Foundation for Human Rights (Polonia),
- Apador-CH (Rumanía),
- Via Iuris (Eslovaquia),
- Peace Institute (Eslovenia),
- Rights International Spain (España),
- Civil Rights Defenders, International Commission of Jurists (Suecia).
Anteriores informes sobre el Estado de derecho
La elaboración de este Informe ha sido financiada por la Unión Europea.
