Liberties ha publicado su tercer informe sobre la situación del Estado de derecho en la Unión Europea. Se compone de una perspectiva general de las tendencias y de 17 informes individuales de países, redactados por las organizaciones miembros de Liberties y otras asociadas. Este completo informe examina cómo les va a los Estados miembros en la protección de la democracia, la justicia y el Estado de derecho.

El informe en la sombra se adelanta y apoya al Informe Anual sobre el Estado de Derecho 2022 de la Comisión Europea que se publicará más adelante y se estructura de acuerdo con las prioridades y los indicadores identificados por la Comisión.

Uno de los seis asuntos analizados en el informe es si los gobiernos posibilitan el trabajo de la organizaciones de la sociedad civil (OSC). El trabajo de las OSC es vital para mantener el Estado de derecho: dan voz a las comunidades marginadas y garantizan la supervisión independiente; reúnen pruebas de las violaciones de los derechos fundamentales de la gente y dan la alarma cuando se infringe o amenaza el Estado de derecho.

¿ Por qué el panorama es tan sombrío?

Dentro de los informes de los países, Liberties solicitó a las organizaciones miembros que calificaran el progreso del país en cada uno de los asuntos utilizando el siguiente sistema de evaluación: retroceso, sin progreso, mejora. El espacio cívico cosechó la peor evaluación de todas las categorías. De las 14 organizaciones que estudiaron el tema, 7 países fueron evaluados en retroceso. Los otros 7 no habían hecho ningún progreso. Ni una sola organización consideró que su gobierno había avanzado en la ayuda a la estructuración de la sociedad civil.

El informe de este año mostró que muchos de los asuntos denunciados el año pasado habían ido de mal en peor. Las OSC están infraprotegidas por la ley ante las campañas de difamación, el acoso y los ataques, y soportan un exceso de regulación por la introducción de normas adicionales sobre financiación y protestas, que sirven para debilitar o restringir sus actividades.

Infra protección: acoso, campañas de difamación, SLAPP.

En los informes de varios países se señala el aumento de los ataques -en Internet y en directo, físicos y verbales- contra los activistas de los derechos civiles, y especialmente contra los representantes de personas LGBTQI+. Suecia informó de que la intensidad de los discursos de odio y las amenazas dirigidas a grupos vulnerables -como las mujeres, las personas LGBTIQ+ y las minorías étnicas- llegó a ser tan grave que estos grupos optaron por retirarse de la actividad pública. En Bulgaria, el día del Orgullo, los manifestantes en contra del Orgullo contaron con la ayuda de la policía, que les permitió desviarse de la ruta inicialmente establecida para rodear a los asistentes al Orgullo LGBTQI+.

En lugar de ofrecer protección, los gobiernos hacen la vista gorda ante los abusos cometidos contra las OSC, y algunos incluso fomentan la ira pública y el discurso divisivo. Los representantes del gobierno y las autoridades públicas de Croacia, Eslovenia y Hungría utilizan con frecuencia campañas de difamación dirigidas a las OSC críticas con el gobierno, para desacreditar sus reivindicaciones.

Las organizaciones de la sociedad civil también se vieron obstaculizadas por la amenaza de los SLAPP (litigios estratégicos contra la participación pública): pleitos abusivos con una justificación jurídica infundada, utilizados por empresas o políticos para silenciar a las OSC. Nuestro miembro irlandés puso de relieve un notable aumento de los SLAPP utilizados para obstaculizar el trabajo de las organizaciones medioambientales en sus intentos de lograr revisiones judiciales. Polonia informó del uso de los SLAPP contra numerosos activistas que hacían campaña contra las "zonas anti-LGBT". Los problemas se vieron agravados por la débil protección legislativa contra el discurso del odio y los SLAPP, ya que la ley proporciona a las OSC poco amparo, en un entorno cada vez más hostil.

Excesiva regulación: límites a la expresión y financiación con condiciones

Además de ofrecer poca protección, el marco jurídico de la sociedad civil puede activarse contra el trabajo de la sociedad cívica que intenta defender el Estado de derecho. Las OSC de varios países alertaron de la aparición de nuevas leyes que limitan el alcance de su tarea.

En Francia, una nueva ley contra el separatismo ha frenado la libertad de asociación y la libertad de expresión al exigir a las organizaciones que se adhieran al impreciso concepto de "valores nacionales", o que se arriesguen a ser disueltas o a perder la financiación pública si no lo hacen. La reciente disolución del CCIF (Colectivo Contra la Islamofobia en Francia) y del CRI (Coordinación contra el Racismo y la Islamofobia) demuestran la voluntad del gobierno de ejecutar la amenaza.

Esto se suma a los persistentes problemas que limitan la libertad de asociación, como la continua negativa en Bulgaria a permitir el registro de las OSC que abogan por las minorías étnicas, las restricciones a los gastos de las OSC en Irlanda debido a las normas de publicidad política y la criminalización de la prestación de ayuda humanitaria a los solicitantes de asilo y los migrantes en Bélgica y Croacia. Aunque la ley contra las ONG en Hungría fue revocada en 2021, fue sustituida por una ley modernizada que sigue interfiriendo en la autonomía de las OSC.

Estonia fue el único país que se significó positivamente al reducir las cargas burocráticas de las OSC durante la pandemia, suavizando ciertas normas administrativas.

Una nueva tendencia transnacional preocupante es el aumento de las dificultades a las que se enfrentan las OSC a la hora de acceder a la financiación. Las estructuras de financiación en Alemania, Croacia, Eslovenia, Estonia, Francia, Hungría e Irlanda crearon complejidades que perturban el trabajo de las ONG. Por ejemplo, en Alemania, la inseguridad jurídica que rodea a una ley que restringe el compromiso político de las OSC exentas de impuestos, a los asuntos incluidos en el Código Fiscal, llevó a la autocensura de muchas organizaciones que anteriormente se manifestaban abiertamente en contra de cuestiones antidemocráticas y de extrema derecha; además de provocar una burocracia muy laboriosa. En Croacia, los largos y obsoletos procedimientos de financiación del trabajo de las OSC dieron lugar a procesos discriminatorios que penalizan a las OSC con menos recursos.

Función de control: socavada

La función de control de la sociedad civil sólo es eficaz si las organizaciones tienen libertad para criticar la actividad del gobierno sin poner en peligro su propia existencia. Este mecanismo, así como el derecho a la libertad de expresión, se ve socavado si las OSC temen la disolución o la revocación de su estatus de organización benéfica, como se ha establecido en Alemania, Estonia, Francia e Irlanda, por defender cuestiones que los políticos consideran demasiado "políticas".

En una línea similar, las OSC de varios países destacaron que el derecho a la protesta estaba amenazado, ya sea por la inadecuada protección legislativa o por las restricciones represivas. Durante la pandemia, los gobiernos invocaron la preocupación por la salud pública como motivo legítimo para frenar la libertad de reunión -un derecho fundamental- limitando o prohibiendo las protestas.

Esta cuestión se puso especialmente de manifiesto en los informes de Bélgica, Bulgaria, Eslovenia y España, que vieron cómo las restricciones a las protestas iban de la mano del abuso de poder de las fuerzas del orden, al vigilar las reuniones. Según nuestro miembro esloveno, el gobierno prohibió totalmente las manifestaciones en varias ocasiones a lo largo de 2021. En Bulgaria, se publicaron secuencias de cámaras de seguridad que mostraban cómo siete jóvenes que participaban en una protesta contra el gobierno eran contenidos violentamente por la policía.

Exclusión de la elaboración de leyes y políticas públicas

La suma de estas restricciones equivale a excluir a las organizaciones de la sociedad civil de la posibilidad de desempeñar un papel activo en la configuración del debate público y, en el contexto de la pandemia, de participar en la toma de decisiones sobre la forma en que los países pueden superar los retos que se presentan a medida que se van levantando las restricciones.

No es accidental.

Los informes de las organizaciones miembros apuntan a la exclusión sistemática de las OSC de los ámbitos de elaboración de leyes y políticas públicas. Los representantes de la sociedad civil han sido excluidos de los debates en Eslovaquia y Países Bajos en una amplia gama de áreas. En Irlanda, los representantes fueron excluidos de las plataformas de presión para la protección del medio ambiente. En Croacia, las OSC se opusieron a que se les dejara fuera de los debates sobre el nuevo plan nacional de recuperación y resiliencia o, como en el caso de Eslovaquia, a que se minimizara su papel hasta el punto de ser superficial.

En general, 2021 proporcionó a las organizaciones de la sociedad civil pocos motivos para el optimismo. Aunque cabía esperar medidas restrictivas por parte de los sospechosos habituales, incluso los países con democracias tradicionalmente fuertes, vieron cómo se reducía su espacio cívico.

Dado el papel fundamental que desempeñan los activistas en la defensa de los valores de la Unión y en la aplicación de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a la UE le conviene utilizar sus competencias para proteger a las organizaciones de la sociedad civil. Tomando en cuenta las conclusiones de nuestras organizaciones miembros, el informe incluye una lista de recomendaciones para que los gobiernos y la UE actúen. El camino hacia el fortalecimiento de la sociedad civil está claro; sin embargo, queda por ver la voluntad de recorrerlo.

Descarga: Liberties' Rule of Law Report 2022

Lee nuestro Press Release sobre el Informe 2022.