Hoy, la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE ha publicado un informe que analiza el aumento de restricciones que enfrentan los activistas por los derechos y la democracia en Europa. El estudio reitera las conclusiones del informe de Liberties, publicado en septiembre, que señala que las organizaciones de derechos humanos en toda la UE enfrentan cuatro problemas. Aunque quizá en Hungría y Polonia se dé la peor situación, estos problemas se pueden encontrar en toda Europa. En primer lugar, las campañas de desprestigio y difamación y las investigaciones falsas del Estado destinadas a desacreditar e intimidar a las organizaciones no gubernamentales (ONG). En segundo lugar, los recortes de fondos público y los intentos de cortar las donaciones de filántropos (es decir, lo que ayuda a que las organizaciones sean independientes de los gobiernos). Tercero, exigencias burocráticas excesivas que suponen una carga enorme y están diseñadas para que los activistas se mantengan ocupados con deberes administrativos en lugar de pudiendo hacer su trabajo. En cuarto lugar, los gobiernos están excluyendo a las ONG de los espacios de diálogo sobre leyes y políticas públicas en los que antes aconsejaban y participaban.

Las ONG no se aprecian y son malinterpretadas

El informe de la agencia es un avance positivo e importante pues supone un reconocimiento oficial de la UE a las restricciones que enfrentan los activistas en toda Europa. Desgraciadamente, no hay muchas garantías de que se traduzca sin embargo en acción por parte de Bruselas. Excepto por una breve reacción cuando el gobierno húngaro adoptó una ley anti-ONG como la rusa, ni la Comisión Europea ni el Parlamento Europeo han mostrado interés hacia las peticiones de activistas para proteger a las organizaciones de derechos humanos. Los europarlamentarios en concreto, tienen una idea general errónea de que las ONG que trabajan para proteger las libertades civiles, el Estado de derecho, las normas democráticas, la protección del medio ambiente y la lucha contra la corrupción son agentes de la izquierda política. Recientemente, en dos ocasiones en el Parlamento Europeo, el grupo de centroderecha del Partido Popular Europeo (PPE) (el bloque político más grande) intentó impulsar resoluciones que podrían bloquear los fondos de la UE para dichas organizaciones y presentarlas como amenazas para el proceso democrático. Los intentos por parte de distintos eurodiputados de debatir en el PE el contexto cada vez más hostil en el que trabajan las ONG han sido bloqueados repetidamente por los Socialistas y Demócratas (centro izquierda) y el PPE.

El hecho es que las ONG que se ocupan de estos temas son fundamentales para que la democracia funcione adecuadamente. En primer lugar, mantienen informados a los ciudadanos sobre la actualidad política, explicando también cuestiones legales y políticas complejas. Esto permite que la sociedad pueda seguir y participar en la vida democrática. En segundo lugar, trabajan por el interés público para persuadir a los gobiernos de que respeten la legalidad nacional, europea e internacional vigente en cuestiones de corrupción, protección del medioambiente, libertades civiles, Estado de derecho y democracia. Esto garantiza que se mantenga la voluntad general democrática del pueblo frente a los intereses políticos o comerciales de un partido a corto plazo.

Debido al papel que juegan las ONG en la protección de estos valores, se han visto atacadas por políticos de tendencia autoritaria. Las medidas que utilizan para reprimirlas frecuentemente forman parte de una voluntad más amplia de los políticos de extrema derecha de silenciar la crítica, lo que incluye también tomar los tribunales y restringir la libertad de los medios.

Hacen falta mejores recomendaciones

El informe de la agencia hace una serie de recomendaciones. De forma importante, retoma la sugerencia, presentada por primera vez por Liberties en 2016, de que la UE cree un nuevo fondo para apoyar a las ONG que trabajan para promover los valores europeos de la democracia, los derechos y el Estado de derecho. La UE apoya con cientos de millones de euros a ONG fuera de la Unión precisamente para que lleven a cabo este trabajo. Pero la mayor fuente de financiación para las ONG que defienden los derechos y la democracia dentro de la UE es el gobierno noruego, que constituye una base fundamental para los activistas, pero resulta ulamentable que la UE deje casi completamente en manos de un aliado la defensa de sus propios valores.

El informe no incluye otras recomendaciones que podrían ayudar a mejorar la situación, como dos sugerencias recientemente hechas por Liberties. La primera, que la UE debería crear una nueva legislación que permita que las organizaciones hostigadas por gobiernos puedan registrase como asociaciones de la UE para evitar las restricciones malintencionadas impuestas por la legislación nacional. Esto entra completamente dentro del margen de acción posible de la UE, ya que ya fue propuesto por la Comisión en la década de 1990, pero se abandonó debido a la falta de interés de los gobiernos. La segunda recomendación sería que la UE designe a una figura de alto nivel cuya función sea hacer seguimiento de los ataques contra las ONG y abrir canales diplomáticos con los gobiernos donde ocurren. La UE ya ha creado organismos similares para la libertad de prensa y los incidentes de antisemitismo e islamofobia.

¿Tendrá consecuencias el informe?

Parece que la Comisión, a pesar de que los problemas por fin se hayan descrito claramente por un organismo de la UE, quiere retrasar la acción y solicitar más investigación. Eso podría suponer un error costoso. Como ya señaló este autor en otro medio, la UE está luchando para lograr la voluntad política que presione a los gobiernos de Hungría y Polonia para que desistan o reviertan las leyes regresivas que destruyen la independencia de los tribunales y de los medios de comunicación. Una de las razones por las que estos gobiernos han podido impulsar estas medidas es porque han logrado engañar a grandes sectores de la sociedad y convencerles de que renunciar a sus derechos es una buena idea. Si la UE quiere que los ciudadanos europeos comprendan cuán valiosos son los derechos, la democracia y el Estado de derecho, y que rechacen a gobiernos retrógrados, debe aplicarse a sí misma las políticas que promueve en los países fuera de la UE. Es decir, debe proteger y financiar a las ONG que promueven el apoyo público a los valores europeos.