El abuso sexual infantil (ASI) es un delito terrible que puede destruir vidas y familias. Lamentablemente, Internet facilita la difusión, el almacenamiento y el acceso a material ilegal. La lucha contra este lado oscuro y vergonzoso de la sociedad es indiscutiblemente urgente y necesaria. Por eso, el 11 de mayo de 2022, la Comisión Europea, bajo la dirección de la Comisaria de Asuntos de Interior, Ylva Johannson, propuso una nueva legislación de la UE que, entre otras medidas, obligaría a los proveedores de plataformas a informar, eliminar o bloquear los intentos de abuso y acoso sexual y el contenido ilegal.

¿Suena bien? Pensémoslo un poco más. En Liberties, nos parece que la propuesta, aunque bienintencionada, es fundamentalmente errónea. Cortar esta cabeza de la hidra permitiría que crezcan muchas más.

Un nuevo informe político de Liberties iseñala cómo la aplicación de esta propuesta entra en conflicto con los siguientes derechos fundamentales de la Unión Europea

• Respeto a la vida privada y familiar
• Protección de los datos personales
• Libertad de expresión e información
• Libertad de reunión y de asociación

Por qué el cifrado es clave para tus derechos fundamentales

Uno de los problemas fundamentales que identificamos en la propuesta es que haría que el cifrado de extremo a extremo prácticamente no tuviera sentido.

¿Cómo? Vamos a ponernos en plan técnico para explicar qué es la encriptación y por qué los derechos que hemos citados depende de ella.

En primer lugar, ¿qué es el cifrado de extremo a extremo? Si utilizas servicios de cifrado de extremo a extremo, solo tú y quien recibe el mensaje veis el contenido de vuestra comunicación, ya sean memes graciosos o documentos que filtran un escándalo de corrupción. Todo ello gracias a una supuesta clave que nadie conoce y que hace que el "llego tarde, por favor, mete la pizza en el horno" se convierta en algo así: G6Sx8%HE)N3aBF&NFWsE"eFWE=fWEp.

El escaneo del lado del cliente, una tecnología que probablemente se introducirá si se aprueba esta versión de la propuesta (o una similar), consiste en escanear el contenido de las comunicaciones antes de que se cifren y se envíen. Aunque no es tan malo como anular el cifrado por completo, abre las puertas a hackers y gobiernos para que nos espíen.

Algo que resulta problemático en sistemas democráticos que funcionen bien. Desgraciadamente, como indica este informe de Liberties, el autoritarismo está en auge y el Estado de derecho en declive en la UE.

En tiempos como los actuales, en los que no se puede confiar plenamente en algunos gobiernos, las comunidades vulnerables, las personas que denuncian corrupción o abusos o las víctimas de abusos (sexuales o de otro tipo) necesitan canales de comunicación seguros. ¿Cómo pueden hacer su trabajo las organizaciones de derechos humanos, periodistas y abogados si temen que los gobiernos puedan filtrar, o incluso criminalizar, los pensamientos no permitidos? Esta propuesta perjudica a todo el mundo, incluida a la infancia.

El pasado nos ha demostrado que incluso los países democráticos no se privan de espiar a su ciudadanía y afines. En 2014 Edward Snowden reveló que la NSA recopilaba en secreto la información de millones de ciudadanos de todo el mundo, entre los que se encontraban cargos como la excanciller alemana Angela Merkel. Nosotros creemos que es mejor no facilitar el espionaje a nadie, ni siquiera a los gobiernos.

La sociedad civil pide otro tipo de estrategias

Teniendo en cuenta los riesgos que conlleva, no resulta sorprendente que cuando la Comisión Europea presentó su propuesta, la sociedad civil respondiera con una protesta. 114 organizaciones, entre ellas Civil Liberties Union for Europe, firmaron una carta abierta en la que pedían soluciones que respetaran los derechos fundamentales. Incluso algunas organizaciones dedicadas a la seguridad infantil están en contra de la propuesta, como las alemanas "Deutsche Kinderverein" y "Kinderschutzbund". Consideran que existen mejores estrategias para combatir el ASI.

Un argumento que comparte ampliamente la comunidad digital y de derechos humanos es que las autoridades policiales ya están desbordadas por el número de casos detectados. Esta carga aumentará debido a que la revisión de todo el contenido disponible inevitablemente generará muchos falsos positivos (como las fotos de las vacaciones enviadas desde la playa) y la responsabilidad de decidir caso a caso qué contenido es ilegal recaerá sobre las autoridades nacionales. Además, esto supondría una oportunidad perdida, ya que la comunicación encriptada solo representa una pequeña parte de la distribución de este material que destruye vidas. Por último, mientras que esta propuesta tendría graves consecuencias para nuestros derechos fundamentales, sin embargo no afectará tanto a los delincuentes, que probablemente encontrarán otras formas de acceder a pornografía infantil, como la creación de sus propias plataformas.

En nuestro informe político, afirmamos que la propuesta socava una serie de derechos fundamentales consagrados en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Asimismo, que la propuesta legislativa está redactada de tal manera que deja demasiado espacio para la interpretación. Habida cuenta de que los derechos fundamentales están en juego en una Europa en la que el autoritarismo va en aumento, esto debe evitarse.

Recomendaciones políticas

Desde la perspectiva de Liberties, aunque es innegable que los gobiernos de la UE tienen la obligación de proteger a la infancia de abusos, la propuesta presentada por la Comisión no es la vía correcta. Creemos que el proyecto actual es fundamentalmente erróneo y que debería presentarse una propuesta totalmente nueva que tenga en cuenta las siguientes recomendaciones políticas:

• Debe evitarse cualquier medida que permita la vigilancia masiva e indiscriminada en línea.
• Debe evitarse cualquier medida que socave la seguridad y confidencialidad de la encriptación de extremo a extremo.
• Los conceptos centrales de la legislación deben definirse mejor, de modo que se reduzca significativamente el riesgo de posibles abusos por parte de autoridades nacionales sometidas a control político.

Consulta el informe político de Liberties para un análisis más profundo de las cuestiones jurídicas específicas de la propuesta de la Comisión.