Recientemente, el gobierno belga ha divulgado los resultados de una investigación realizada por el Comisionado General para los Refugiados y personas Apátridas (CGRS) sobre casos de supuestas torturas en Sudán.

La organización miembro de Liberties, la Liga Belga de Derechos Humanos (LDH) no cuestiona los esfuerzos del CGRS para esclarecer la verdad sobre los hechos ocurridos en Jartum, Sudán, tras las deportaciones de ciudadanos sudaneses desde Bélgica. Estas se llevaron a cabo con la ayuda de la delegación oficial sudanesa, que fue a Bélgica para identificar a las personas que iban a ser deportadas.

No obstante, LDH opina que solo una investigación internacional minuciosa puede eliminar por completo las dudas sobre las consecuencias de estas deportaciones desde Bélgica, pues siguen existiendo dudas legítimas, ya que el CGRS no puede realizar una investigación en profundidad.

Independientemente de las conclusiones de la investigación del CGRS, no cabe duda de que el régimen sudanés está cometiendo violaciones de los derechos humanos. El hecho de que estas violaciones se estén produciendo debe ser razón suficiente para prohibir las deportaciones a Sudán, y de este modo impedir que estas personas sufran malos tratos y abusos al volver a su país de origen.

Artículo 3

Conviene recordar que, según el Artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), en los casos donde existe riesgo de tortura y/o trato denigrante e inhumano en el país de retorno, los Estados deben respetar el principio de no devolución y no deportar a personas a estos países.

En la sentencia, el Tribunal de Casación belga confirmó que la Oficina de Extranjería belga no había verificado el cumplimiento del Artículo 3 del CEDH antes de deportar a uno de los ciudadanos sudaneses.

En este contexto, LDH, que cree que el Estado belga violó el Artículo 3 de la Convención de la ONU contra la Tortura (principio de no devolución), envió una carta al Relator Especial de la ONU sobre Tortura, Nils Melzer, para llamar su atención sobre las deportaciones a Sudán realizadas por las autoridades belgas.

LDH le ha pedido que abra una investigación en profundidad sobre esta cuestión, asimismo cree que se debe emitir una orden judicial que obligue a las autoridades belgas a que suspendan la colaboración con las autoridades sudanesas (incluida la colaboración "técnica"), a la espera de las conclusiones de la investigación.