Los próximos 6 y 7 de julio tendrá lugar en Ginebra el examen a España por parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU, órgano encargado de velar por la correcta aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El año pasado RIS ya contribuyó a la elaboración del listado de cuestiones sobre las que se versará el examen del mes que viene y, de hecho, el listado que fue finalmente aprobado recogió en buena medida las preocupaciones que se apuntaron desde la organización. El informe que se presenta ahora tiene como objetivo complementar todo aquello que el Gobierno español ha silenciado en sus respuestas al mencionado listado del Comité.

Lagunas en la lucha contra la discriminación racial o étnica
El informe denuncia que no exista un verdadero organismo independiente, con competencias para investigar, sancionar o litigar en casos de discriminación racial o étnica; cuando ésta medida es esencial para prevenir y luchar contra la discriminación. También se insiste en que persisten las prácticas policiales discriminatorias consistentes en usar el perfil étnico a la hora de proceder a identificar o cachear a las personas, pese a que las autoridades aseguren que no es así, así como el hostigamiento que sufren activistas que se dedican a monitorear la labor de la policía y documentar las prácticas discriminatorias.

Deudas en la lucha contra la tortura
También se pone de relieve las deudas (muchas de ellas, históricas) de España en materia de lucha contra la tortura y los malos tratos, resaltando las recientes observaciones finales sobre España del Comité contra la Tortura.

Trabas en el disfrute de derechos sexuales y reproductivos
En materia de aborto se reclama que una reforma actualmente en tramitación ponga en peligro a aquellas jóvenes menores de 18 años y mayores de 16 que quieran abortar sin permiso paterno, incluso en aquellos casos en los que, según la legislación vigente se permite interrumpir el embarazo de la menor sin informar a los padres o tutores, como los casos de violencia familiar.

Justicia transicional: nada se ha avanzado desde el último informe sobre España
En el informe se le hace saber al Comité que nada se ha hecho para implementar las medidas que, según sus últimas observaciones finales sobre España de 2008, serían necesarias para que España diese cumplimiento a sus obligaciones internacionales con las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil y el franquismo.

Violaciones de los derechos de las personas migrantes
En este ámbito se informa al Comité que se haya “legalizado” la práctica de las devoluciones sumarias, poniendo en peligro de este modo muchos de los derechos de los que son titulares las personas migrantes, con independencia de su estatus administrativo. También se anima al Comité a instar a España no sólo a poner fin a las violaciones de los derechos humanos que se comenten en el interior de los Centros de Internamiento de Extranjeros, sino a dar un paso más y erradicar la práctica del internamiento preventivo de migrantes indocumentados que no han cometido delito alguno.

Atropello a nuestros derechos y libertades con la excusa de la lucha contra el terrorismo
RIS alerta en su informe que muchas de las medidas adoptadas para luchar contra el terrorismo (tales como la reforma al Código Penal, el Proyecto de Ley de Seguridad Nacional o el Plan Estratégico contra la Radicalización Violenta) podrían poner en peligro los derechos humanos de las personas.

La privacidad, en peligro con algunas de las medidas del Gobierno
En cuanto al derecho a la vida privada de las personas, se pone en conocimiento del Comité dos medidas muy preocupantes: la posibilidad de que los jueces practiquen “grabaciones de las comunicaciones orales” (esto es, grabar imágenes en el domicilio de una persona investigada) y el anuncio de la creación de un sistema informático para establecer “perfiles de sospechosos” de terrorismo, con capacidad de analizar correos electrónicos, registros de llamadas y hasta notas clínicas.

Trabas en el acceso a la justicia
En el informe se hace saber al Comité que las tasas judiciales producen discriminaciones injustas, que con la reforma a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, menos personas podrán beneficiarse del derecho a un abogado de oficio, y que la falta de recursos destinados a la Justicia provoca grandes retrasos en los procedimientos y además debilita la independencia judicial.

Leyes Mordaza
Finalmente, también se denuncia la criminalización de la protesta pacífica (y por tanto, del ejercicio de las libertades de expresión, información y reunión) que se deriva de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y de las reformas al Código Penal.