El gobierno rumano ha retomado una campaña para silenciar y desestabilizar a las organizaciones que defienden los derechos humanos y las libertades civiles. Estas organizaciones no gubernamentales (ONG), son firmes defensoras de la democracia y del Estado de derecho y le exigen al Gobierno que rinda cuentas cuando infringe las normas. Pero los recientes cambios legislativos propuestos restringirán enormemente el acceso de las ONG a la financiación tanto pública como privada, y aumentarán los trámites administrativos a estas organizaciones ya de por sí con escasos recursos y financiación.

'Aprobación tácita'

El gobierno primero hizo público un plan para restringir la actividad de las ONG a comienzos de este año, pero esta iniciativa se aplazó por el descanso estival del Parlamento. Ahora, sin embargo, la campaña se ha puesto en marcha de nuevo. El 20 de noviembre el Senado aprobó un proyecto de ley que introduce varios cambios en la Ordenanza gubernamental 26/2000, que regula la financiación y el funcionamiento de las ONG en Rumanía. Este proyecto de ley parece una respuesta directa al éxito obtenido por las ONG con las movilizaciones de protesta a principios de año contra el plan del gobierno de debilitar las leyes anticorrupción. Las protestas tuvieron tanto éxito, que el gobierno ahora quiere impedir que las ONG consigan movilizar a tanta gente de nuevo.

La propuesta de ley fue aprobada por el Senado a través de un procedimiento llamado "aprobación tácita": el gobierno no aprobó el proyecto de ley explícitamente, pero su bloque en el Senado rechazó debatir los cambios antes de que venciera el plazo el 20 de noviembre, lo que supuso que el proyecto de ley se aprobara por defecto. Esto permite que el gobierno consiga lo que quiere sin asumir responsabilidad alguna por ello. A pesar de que la propuesta de ley necesita ser aprobada por la Cámara de los Diputados, el éxito de la maniobra de aprobación tácita es un claro indicador de que este organismo no entorpecerá la aprobación de la ley.

Dos cambios fundamentales

El proyecto de ley, propuesto por dos diputados del partido Socialdemócrata, fue aprobado por el Senado, e introduce dos cambios importantes en la legislación vigente.

• Obliga a las ONG a informar sobre sus fuentes de ingreso y sobre sus gastos cada seis meses. La obligación de reunir el balance financiero dos veces al año supondría una pérdida de recursos para las ONG y les impide llevar a cabo otras tareas, como la de vigilar al gobierno. La sanción por no presentar estos informes es desproporcionada: la organización se tendría que disolver en 30 días. Las ONG ya están obligadas a presentar sus informes y a un control tributario al igual que otras entidades privadas, pero el nuevo proyecto de ley introduce cambios exclusivamente para estas.
• Introduce un mecanismo de censura que el gobierno puede emplear para silenciarlas cuando critican públicamente a los políticos. Bajo el proyecto de ley, las ONG no podrán optar al estatus de "organizaciones de utilidad pública" –y a acceder así a las subvenciones estatales que se obtienen con ese estatus– si el gobierno puede demostrar que están involucradas en cualquier forma de "actividad política", desde la financiación de manifestaciones a publicaciones críticas con el gobierno.

Además de esta propuesta de ley, se han producido otros cambios en la regulación financiera que se han aprobado este año o que se están actualmente estudiando en el Parlamento. A principios de 2018, estas reformas reducirán enormemente el acceso de las ONG a la financiación privada a través de patrocinios o donaciones. Estos cambios en el sistema tributario supondrán que el 80% de las empresas rumanas no obtendrán ningún incentivo fiscal por las donaciones a las ONG y a otras organizaciones sin ánimo de lucro, ni siquiera en forma de deducciones del ingreso imponible.

Soros: chivo expiatorio... de nuevo

Para 'vender' esta nueva ley al público, el gobierno rumano está usando la ya manida estrategia de demonizar a Soros, culpándole de los males económicos y sociales del país. Algo así: 'Soros es el culpable de lo que funciona mal en el país, y estas ONG son cómplices de sus planes para desestabilizar el gobierno y la economía. Además, abusan del dinero público para usarlo contra los intereses de las personas'.

Al igual que el gobierno de Fidesz en Hungría, el gobierno rumano ha rechazado dar marcha atrás, sin dar ningún motivo ni prueba sobre cómo, exactamente, Soros y las ONG son dañinas para la sociedad. Además, los argumentos anteriormente mencionados ignoran completamente el hecho de que estas organizaciones ya operan bajo una normativa de información financiera rigurosa, y son infinitamente más transparentes que la empresas en este sentido. De hecho, la corrupción se considera como el mayor impedimento para el crecimiento económico y la prosperidad en Rumanía. La corrupción política es tan extrema que a comienzos de año, cientos de miles de rumanos se manifestaron durante días contra el intento del gobierno de despenalizar la corrupción. Las actuales reformas para obstaculizar las labores de las ONG no son más que un intento de silenciar a quienes vigilan la corrupción, para que los políticos puedan seguir con sus asuntos "como si no pasara nada".

El gobierno tiene que aclarar su postura

Junto con otras 70 ONG, el 22 de noviembre la Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos en Rumanía-Comité de Helsinki (APADOR-CH), miembro de Liberties, hizo una declaración pública en la que pedía al líder del Partido Socialdemócrata que aclarase su postura sobre las ONG en Rumanía. APADOR-CH, junto con Liberties, continuarán observando esta situación y te tendrán totalmente informado sobre futuros acontecimientos. Tu apoyo a las ONG de Rumanía es ahora más importante que nunca.