La Oficina central de comunicaciones del gobierno británico (GCHQ) obró de manera contraria a la ley accediendo a las comunicaciones privadas de millones de personas acumuladas masivamente por la Agencia nacional de seguridad (NSA), ha dictaminado el Tribunal de poderes de investigación.

El tribunal concluyó que la relación de intercambio de inteligencia fue ilegal antes de diciembre de 2014 porque las normas que regulaban el acceso británico a los programas de vigilancia electrónica masiva de la NSA, PRISM y Upstream, eran secretas.

Dictamen jurisprudencial

El dictamen jurisprudencial es el primero en el que el tribunal, que examina las denuncias contra la GCHQ, el MI5 y el MI6, ha fallado contra las agencias de inteligencia en sus 15 años de historia.

El acuerdo de intercambio de datos entre EEUU y GB salió a la luz el año pasado durante las diligencias legales –aportadas por Liberty, Privacy International y Amnistía internacional– que recusaban las prácticas vigilancia a raíz de las revelaciones de Snowden.

Garantías limitadas

En diciembre de 2014, el tribunal afirmó que el acceso de la GCHQ a la inteligencia de NSA fue ilegal desde ese momento porque las normas secretas que regulaban la relación GB-EEUU se hicieron públicas durante el proceso.

Liberty no acepta que las garantías limitadas reveladas sean suficientes para hacer que la vigilancia masiva y las actividades de intercambio de inteligencia de la GCHQ sean legales, e impugnará la decisión de diciembre del tribunal ante la Corte europea de derechos humanos.

James Welch, director jurídico de Liberty, dijo: “Ahora sabemos que, manteniendo a la ciudadanía en la ignorancia acerca de sus relaciones secretas con la Agencia de seguridad nacional, la GCHQ obró contra la ley y violó nuestros derechos. Que sus actividades sean consideradas legales ahora no se debe sino al grado de revelación que Liberty y los demás denunciantes fueron capaces de imponer a nuestro gobierno obsesionado con el secreto”.

“Pero los servicios de inteligencia continúan conservando un poder prácticamente sin trabas para rebuscar en las comunicaciones privadas de millones de personas –y el tribunal cree que las garantías limitadas que se pusieron de manifiesto durante las diligencias legales del año pasado son una protección inadecuada de nuestra privacidad. Discrepamos, y llevaremos nuestra batalla a la Corte europea de derechos humanos”.