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Los malentendidos son algo muy frecuente. Supón que propones a una amiga que quedéis para ir a cenar y sugiere quedar "el sábado que viene". Si interpretamos su mensaje literalmente, pensaremos que quiere decir el primer sábado que haya a partir de hoy. Pero coloquialmente, "el sábado que viene" se refiere al sábado de la semana siguiente.

Aunque el significado de una frase pueda parecernos sencillo, el lenguaje siempre está abierto a interpretaciones que pueden llevar a las personas a llegar a conclusiones diferentes. Igualmente, la forma en la que interpretamos textos evoluciona con el tiempo debido a costumbres sociales y éticas cambiantes.

¿Cómo afectan estas consideraciones a la ley escrita?

Para que las personas trabajen juntas en una comunidad, necesitamos normas sobre cómo debemos comportarnos los unos con los otros. Cuando todo el mundo está de acuerdo, es más fácil sacar las cosas adelante. Pero para que sea efectivo, todos debemos tener un entendimiento compartido sobre lo que dice la ley.

Cuando las leyes están redactadas por nuestros contemporáneos es más fácil entender su significado, pero muchas de las leyes que aún están en vigor se redactaron hace mucho tiempo. Tomemos como ejemplo el derecho constitucional, que recoge los principios fundamentales por los que se rige una nación. Las constituciones de la mayoría de los países se redactaron cuando se formó el Estado y tienen muchas décadas (o siglos) de antigüedad. ¿Cómo pueden los textos jurídicos escritos en una época irreconocible para la nuestra, seguir siendo relevantes en la sociedad moderna?

Entonces es cuando la interpretación jurídica desempeña un papel importante.

¿Qué es la interpretación jurídica?

La interpretación jurídica es la forma en que el juez entiende el significado de la ley. Cuando ambas partes presentan su caso ante el tribunal, el juez se basa en sus interpretaciones de la ley para decidir qué parte debe ganar.

La interpretación jurídica ha desempeñado un enorme papel en la evolución de la legislación sobre derechos humanos. Las normas, los tratados y las constituciones de derechos humanos son, por su esencia, poco detallados, lo que deja mucho margen para la interpretación y la flexibilidad. Esto otorga a los jueces la posibilidad de interpretar la ley para incorporar los cambios en la sociedad y las costumbres sociales. Gracias a esta flexibilidad, la interpretación jurídica ha desempeñado un enorme papel en la ampliación de la legislación sobre derechos humanos.

Como figuras imparciales, los jueces no deberían tomar decisiones basadas en sus creencias personales o políticas. Su trabajo es aplicar objetivamente la ley basándose en el caso que tienen en sus manos. Al decidir si una ley determinada corresponde al caso o cómo debe aplicarse, los jueces se apoyarán en un método de interpretación jurídica.

La forma en que un juez interpreta la ley puede tener un profundo impacto en la sociedad.

Los tribunales supremos pueden anular decisiones o leyes anteriores dictadas por el poder legislativo, por medio de un procedimiento llamado revisión judicial si la ley es incompatible con leyes de mayor rango, como la constitución o el derecho internacional.

La repercusión que estas decisiones pueden tener para las personas quedó muy clara en Estados Unidos cuando el Tribunal Supremo, con una mayoría de jueces de tendencia conservadora y nombrados por los republicanos, revocó el histórico fallo del caso Roe contra Wade, que estableció por primera vez el derecho constitucional al aborto. En el fallo del caso Roe contra Wade, el tribunal consideró que el "derecho a la privacidad" constitucional otorgaba a las mujeres el derecho a decidir por sí mismas si querían abortar, y que no era función del gobierno interferir en esas decisiones personales. Esto implicaba que todas las personas dotadas de un útero en Estados Unidos tenían derecho a abortar, lo que impedía que cada Estado promulgara una legislación que ilegalizara el aborto. Sin embargo, una vez que el tribunal revocó esta decisión, nada impedía a los Estados introducir una legislación que restringiera el aborto. Como consecuencia de esta decisión, 1 de cada 3 mujeres en EE.UU. perdió el acceso a casi todos los abortos optativos debido a la interpretación de la ley por parte del tribunal.

La interpretación jurídica de los tribunales europeos

Volviendo a Europa, ¿cómo se aplica la interpretación jurídica en los tribunales de la Unión Europea?

Los Tratados de la UE (a diferencia de la Carta de la UE) no contienen instrucciones sobre qué método interpretativo debe aplicarse, ni en qué orden. El Tribunal Europeo de Justicia (ECJ, por sus siglas en inglés), libre de elegir por su cuenta, se apoya en los métodos clásicos de interpretación, también reconocidos por los tribunales nacionales: la interpretación literal, la interpretación contextualizada y la interpretación teleológica (que se explican con más detalle a continuación).

Las normas de derechos humanos de los tratados europeos no suelen ser demasiado detalladas, lo que ha permitido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) actuar como impulsor del desarrollo de los derechos humanos. Hay una serie de fallos históricos dictados por el TEDH que cambiaron el panorama de los derechos humanos en Europa para reflejar mejor las realidades y actitudes de los ciudadanos de la UE.

Ejemplos de cómo la interpretación jurídica amplió los derechos humanos en Europa

Derechos medioambientales

En los casos López Ostra contra España (1994) y Guerra y otros contra Italia (1998), el TEDH amplió el Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (Derecho al respeto de la vida privada y familiar, del domicilio y de la correspondencia) para incluir los derechos medioambientales. Fue en respuesta a la falta de protección nacional para proteger los derechos del solicitante y a una mayor atención internacional a la protección del medio ambiente tras el desastre de Chernóbil.

Derechos LGBTQIA+

Los jueces del TEDH también pueden tener en cuenta las tendencias internacionales a la hora de interpretar el derecho europeo, lo que ha llevado a una ampliación de los derechos de la comunidad LGBTQIA+. Durante el periodo de finales de la década de los 90 y principios de la de 2000, las personas transexuales en Europa gozaban de pocos derechos y reconocimiento jurídico, y había poco consenso europeo sobre la cuestión. En el caso Christine Goodwin contra el Reino Unido (2002), el tribunal reconoció una tendencia internacional de mayor aceptación social de las personas transexuales y de reconocimiento jurídico de su nueva identidad de género tras la cirugía. El Tribunal dictaminó que el Reino Unido no había respetado los derechos de la Sra. Goodwin recogidos en el Artículo 8, ya que seguía siendo identificada como hombre en los registros gubernamentales y se le negaban las ventajas a las que tenía derecho como mujer.

En 2010, el Artículo 14 del Convenio, que prohíbe la discriminación, se amplió en el caso Kozak contra Polonia (2010) para reconocer que las parejas LGBT+ deben tener los mismos derechos. En su sentencia, el tribunal confirmó la naturaleza fluida del Convenio: "El Tribunal debe recordar también que el Convenio es un instrumento vivo que, como ha subrayado con razón la Comisión, debe interpretarse conforme a las condiciones actuales."

Derecho de acceso a los tribunales

El caso Airey contra Irlanda (1979) estableció el derecho a la asistencia jurídica gratuita. El caso afectaba a una mujer que no podía obtener una orden judicial de separación de su marido maltratador porque carecía de fondos para pagar a un abogado. El TEDH consideró que, para que los ciudadanos pudieran ejercer efectivamente su derecho de acceso a los tribunales, necesitaban asistencia jurídica gratuita.

Igualdad de género

El fallo del Tribunal Europeo de Justicia (ECJ) en el caso Defrene contra Sabena (1976) supuso un gran avance para la igualdad de género debido a la sentencia histórica que estableció que las mujeres tienen derecho a la igualdad de trato en el lugar de trabajo. El caso afectaba a una mujer que trabajaba como azafata de vuelo y que recibía una remuneración inferior a la de su colega masculino que realizaba el mismo trabajo. Este fallo supuso una ampliación del Artículo 119 del Tratado de la Comunidad Europea (igualdad de retribución por el mismo trabajo) para que fuera aplicable entre partes privadas, y no sólo entre particulares y el gobierno.

Derechos de las minorías

La interpretación jurídica también se ha utilizado para ampliar los derechos de las minorías. En Ostrava (República Checa), los niños romaníes eran escolarizados en escuelas especiales de mayoría romaní, donde seguían un plan de estudios elemental y estaban separados del resto de la comunidad. Para facilitar la prueba de que los niños romaníes eran objeto de discriminación indirecta, en el caso D. H. y otros contra la República Checa, el TEDH flexibilizó las normas en materia de pruebas. El resultado fue que el Tribunal dictaminó que las escuelas especiales infringían el derecho a la educación de los niños romaníes.

El TEDH también amplió el Artículo 4 del Convenio, que prohíbe el trabajo forzado y la esclavitud, para incluir la esclavitud doméstica. La ampliación se debe al reconocimiento por parte del Tribunal en el caso Siliadin contra Francia (2005) de que los esclavos modernos son trabajadores domésticos migrantes, generalmente mujeres, que viajan al extranjero para trabajar en casas particulares en Europa.

Métodos de la interpretación jurídica: Tribunal Europeo de Justicia

1. Textualismo (Interpretación literal)

El textualismo, también conocido como interpretación literal, considera que el significado de un texto está contenido en sus palabras. Si de la lectura de una frase se desprende claramente lo que una persona razonable entendería que se le está comunicando, entonces debemos aceptar ese "significado llano" sin necesidad de recurrir a métodos de interpretación más enrevesados. Subraya el papel del juez como ejecutor de la ley escrita y minimiza su función de interpretar o crear la ley.

Como se ha mencionado anteriormente, el significado y el efecto de una ley determinada deben ser claros, ya que, de lo contrario, llevaría a la confusión sobre cómo debe ejecutarse. Es lo que se entiende por el principio de seguridad jurídica, que se aplica al derecho nacional e internacional. El textualismo se presta al principio de seguridad jurídica; cuando interpretamos la ley según su significado llano, aumenta la previsibilidad de las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia.

Sin embargo, el inconveniente de la interpretación literal es que, en algunas situaciones, puede dar lugar a un efecto no deseado por la ley por ser irrazonable o injusto.

2. Interpretación contextualizada

La interpretación contextualizada nos pide que miremos más allá de las palabras de un texto y que examinemos el contexto en el que se inscribe la ley. Esta interpretación tiene dos posibles enfoques:

A. Interpretación sistémica

El ECJ puede mirar hacia dentro y considerar la norma de la UE en cuestión como una pieza en el engranaje del sistema, y preguntarse qué interpretación tiene más sentido en cuanto a cómo debe funcionar esta ley como parte del sistema general. Este método de interpretación parte de la base de que el legislador es racional y hace hincapié en el efecto que tendrá la ley cuando se ponga en práctica. El objetivo es dar mayor coherencia a la legislación de la UE y evitar una interpretación que entre en conflicto con el sistema en su conjunto.

B. Travaux Préparatoires (Documentos preparatorios)

Alternativamente, el ECJ puede examinar lo que los legisladores (la Comisión, el Parlamento y el Consejo) pretendían, estudiando lo que expresaron durante la negociación. Se puede acceder a ello a partir de los documentos preparatorios elaborados durante las distintas fases del proceso legislativo y presupuestario. Es importante señalar que la interpretación de la legislación de la UE sólo puede fundamentarse en documentos accesibles al público.

Tradicionalmente, este tipo de interpretación se ha visto con recelo e históricamente su uso por parte del ECJ ha sido limitado por varias razones, entre ellas la insatisfacción con el nivel de precisión y claridad de los propios documentos y el hecho de que no todos los documentos preparatorios estuvieran disponibles públicamente. Sin embargo, esta situación está empezando a cambiar gradualmente. A medida que se conceda al público el acceso a más documentos, se espera que el uso de los documentos preparatorios sea cada vez más importante en los próximos años.

3. Interpretación teleológica

La interpretación teleológica ha sido muy importante para la legislación de la UE. Examina el objetivo de la ley, teniendo en cuenta la finalidad, los valores y los objetivos jurídicos, sociales y económicos que pretende alcanzar. Se considera el método de interpretación más utilizado por el ECJ, que se apoyó en él para establecer que la legislación de la UE tenía que estar en consonancia con las normas de derechos humanos. Por lo tanto, cualquier ley de la UE que fuera incompatible sería invalidada por el ECJ. Aunque dejó de ser relevante una vez que entró en vigor la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, fue un gran paso adelante para garantizar el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos de la UE.

Normalmente, los tratados de la UE (derecho primario) se redactan utilizando términos amplios y plasman nociones generales, mientras que el derecho derivado de la UE (reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones) es muy detallado y preciso. El ECJ armoniza la generalidad del derecho primario de la UE con el tecnicismo del derecho derivado de la UE, considerando los fines y objetivos de los tratados de la UE. Debido a que se centran en el efecto y la finalidad de una ley, la interpretación teleológica y la interpretación sistémica suelen estar interrelacionadas.

Lo mejor de este método es que permite al juez tener en cuenta los avances tecnológicos y sociales, por lo que las leyes más antiguas se interpretan de acuerdo con las costumbres sociales cambiantes. Por ejemplo, el significado de matrimonio y familia puede ampliarse para incluir a las familias LGBTQIA+, mientras que originalmente sólo se referían a la unión entre un hombre y una mujer.

El derecho a la privacidad de la correspondencia originalmente sólo se aplicaba a las cartas, sin embargo, en consonancia con los avances tecnológicos, se interpretó para incluir el teléfono y más tarde el correo electrónico. Del mismo modo, como la mayor parte de nuestra información personal se comparte digitalmente, el derecho a la privacidad se amplió a lo que ahora llamamos protección de datos.

¿Qué efecto tiene la interpretación jurídica en la ejecución de las leyes?

En teoría, el poder judicial debe ser un órgano de arbitraje no partidista que se sitúe por encima de la política del gobierno de turno y mantenga los controles y equilibrios entre los distintos poderes del Estado. Esto garantiza que los gobiernos autocráticos no puedan abusar de su poder en beneficio propio, como por ejemplo enriquecerse a sí mismos y a sus amigos utilizando el dinero de los contribuyentes.

Un juez no debe tomar decisiones basadas en sus propias creencias políticas, ni el gobierno en ejercicio debe ejercer influencia política. Un gobierno corrupto puede aprovecharse fácilmente de la ley para inmovilizar a sus críticos inventando acusaciones falsas o promulgando leyes hostiles. La separación de poderes entre el poder judicial y el gobierno tiene por objeto salvaguardar a los ciudadanos de este tipo de abusos gubernamentales, dándoles protección legal si han sido tratados injustamente. Los tribunales libres fortalecen la democracia porque garantizan que los líderes políticos actúen dentro de la ley y hagan el trabajo para el que fueron elegidos: utilizar los recursos del Estado para satisfacer las necesidades del pueblo, en lugar de para su propio beneficio personal.

Aunque los jueces deben ser imparciales al dictar sus sentencias, esto no significa que el dictamen vaya a ser siempre el mismo. Cada juez puede interpretar la ley de forma diferente en función del método de interpretación que aplique o de cómo analice determinada terminología jurídica.

La independencia jurídica como piedra angular del Estado de derecho: Hungría y Polonia

Una de las principales preocupaciones de Liberties, como organización de derechos humanos, ha sido la erosión de la independencia jurídica en Hungría y Polonia, piedra angular del Estado de derecho. En el Informe sobre el Estado de derecho de Liberties 2022, nuestros miembros en Hungría y Polonia denunciaron una flagrante influencia política sobre el poder judicial.

Estas controvertidas reformas jurídicas, como el aumento de los poderes del Presidente de la Oficina Judicial Nacional (un cargo nombrado por el Parlamento), como ha ocurrido en Hungría, o la concesión al ministro de Justicia de Polonia de competencias para nombrar -y luego despedir- a los jueces de los tribunales superiores, socavan la función de control y equilibrio de los tribunales.

Por eso, las normas internacionales, como las promovidas por el Consejo de Europa, presionan a los países para que adopten una forma de nombrar a los jueces que minimice el partidismo, por ejemplo, disponiendo que los jueces sean nombrados por sus pares y no por los políticos, o exigiendo el respaldo de varios partidos a los jueces elegibles.

Tribunales cautivos que se aprovechan de la interpretación jurídica: minorías en peligro

El PiS (Partido de la Ley y la Justicia en Polonia) o el Fidesz (Partido de la Alianza Civil húngara) no hicieron el trabajo sucio en vano: entendieron que ejercer presión sobre el poder judicial les allanaría el camino para promulgar leyes contra los grupos marginados, que de otro modo habrían sido consideradas inconstitucionales. Los textos legales tienen por naturaleza un grado de flexibilidad para adaptarse a la evolución de las costumbres sociales. Pero esa flexibilidad puede ser aprovechada si un tribunal cautivo se complace en dar el visto bueno a cualquier legislación presentada por el gobierno.

Según los comentaristas políticos, con el poder judicial en Polonia bajo el control del gobierno, ya no se garantiza un juicio justo, libre de influencias políticas. Desde que el gobierno de Orban está en el poder, ha entrado en vigor toda una serie de leyes hostiles, como una ley que amenaza con penas de prisión a las personas que ayuden a los solicitantes de asilo y que fue avalada por el Tribunal Constitucional de Hungría en 2019. Su gobierno también ha incorporado legislación anti-LGBT, así como legislación que criminaliza la prestación de asistencia a personas sin hogar.

Según un ex juez húngaro, si bien la mayoría de los casos no se verán afectados por las reformas jurídicas, los casos políticamente comprometidos serán vistos en el Tribunal Supremo por un "grupo de jueces leales que tomarán decisiones a favor del gobierno". Además, declaró que las minorías, las ONG y los medios de comunicación serían los más afectados.

Por este motivo, Liberties y sus organizaciones miembro hacen un seguimiento del comportamiento de los gobiernos en nuestro informe anual sobre el Estado de derecho, y por eso hemos presionado a la UE para que desarrolle el mecanismo de condicionalidad del Estado de derecho, que se activó contra Hungría en abril.

Para saber más:

14 principios de la democracia

Qué es el Estado de derecho: definición, historia, ejemplos, importancia e informes

¿Por qué tenemos que valorar nuestras libertades civiles?

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