Este artículo se publicó como artículo de opinión en la edición impresa y en línea del Irish Examiner, el 23 de marzo de 2015, formando parte de una perspectiva minuciosa de las lagunas del respeto de Irlanda de los estándares internacionales sobre derechos humanos, a la que contribuyó el Irish Council for Civil Liberties.

Cada sucesivo programa de seguimiento global y europeo ha añadido nuevas verdades, hasta que el contorno del respeto de nuestra Irlanda por los derechos humanos ha quedado claro.

Desde cualquier punto de vista que se considere, las sombras son profundas y oscuras: la práctica quirúrgica salvaje de la sinfisiotomía; el tratamiento de los supervivientes de las lavanderías de las Magdalenas; la inexistencia de la práctica abortiva segura y legal. Faltan todavía algunas piezas clave: sigue sin haber un seguimiento independiente de las condiciones en las comisarías de policía o del trato a las personas con discapacidad; los derechos económicos, sociales y culturales no figuran en nuestra Constitución.

Irlanda es miembro de pleno derecho del Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde 2013, una situación que mantendrá hasta el final de este año. En dicha capacidad, ha desarrollado un liderazgo importante en el extranjero que no ha sido acompañado de suficientes mejoras en nuestra actividad en el campo de los derechos humanos en Irlanda. Junto con sus socios, el Irish Council for Civil Liberties ha hecho un seguimiento del progreso del Estado en la implementación doméstica de los niveles que ha estado promoviendo internacionalmente durante su titularidad en el Consejo de Derechos Humanos.

Al analizar la serie de recomendaciones que se le han sugerido a Irlanda en los últimos años, se hacen evidentes algunos déficits de implementación generales.

En este Estado no se respeta la autonomía y la integridad física de las mujeres. Cuando la evidencia flagrante de los abusos del pasado se ha sacado a la luz, la reacción del Estado ha sido proteger los intereses creados en lugar de hacer justicia y proporcionar reparaciones. En contra de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU, las supervivientes de 80 años de edad de la sinfisiotomía se han visto obligadas a elegir entre indemnizar a los que perpetraron los abusos a cambio de dinero en efectivo y poner en marcha demandas en el Tribunal Supremo para vindicar sus derechos.

Las voces de las pocas supervivientes de las antiguas residentes en las lavanderías de las Magdalenas han sido sofocadas, y las continuas solicitudes del Comité contra la Tortura de la ONU para que se llevase a cabo una investigación independiente del trato que recibieron, han sido ignoradas. Desde el momento en que una mujer en Irlanda se queda embarazada, nuestras leyes decretan que renuncia al derecho de decidir si lleva su embarazo a término.

Irlanda no es partidaria de la creación de mecanismos eficaces de asunción de responsabilidades. Dos convenciones clave de la ONU, sobre el seguimiento del mal trato en lugares de detención y sobre los derechos de las personas con discapacidad, fueron aceptadas en principio por Irlanda en 2007, pero no se les ha otorgado el rango de ley. Ambas convenciones proporcionarían mecanismos de seguimiento independientes a nivel estatal que reforzarían la investigación internacional con acciones sobre el terreno.

Las razones principales para la lenta acción de Irlanda en el campo de los derechos humanos han sido también desveladas. Nigel Rodley se refirió elípticamente a una de ellas en su resumen tras la comparecencia de Irlanda ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU el pasado verano. Tras enumerar "las lavanderías de las Magdalenas, los hogares para madres con bebés, los abusos a los niños, la sinfisiotomía", dijo: “Es una buena colección y es una colección que se ha desarrollado [durante] un periodo que es difícil de imaginar que ningún partido de Estado tolerase. Y creo que no puedo evitar la constatación de que están relacionados con el sistema de creencia institucional que ha predominado en los mismos.”

Dejando la religión aparte, nuestro sistema de enseñanza del Derecho no ha proporcionado una base firme en estándares internacionales de derechos humanos a toda una generación de abogados, que ocupan ahora cargos con poder e influencia. La naturaleza y el alcance de las obligaciones internacionales de Irlanda es desechada demasiado a menudo con palabrería (y equivocadamente) por los profesionales y los jueces, que prefieren la comodidad de los principios del derecho constitucional asimilados hace décadas.

Sin embargo, lo principal es que no es probable que la trayectoria de Irlanda en relación a los derechos humanos mejore significativamente hasta que se asigne con claridad la responsabilidad operativa para la implementación de las recomendaciones fundamentales de las convenciones.

Al menos en este apartado hay motivo para cierto optimismo, ya que el Ministro de Asuntos Exteriores, Charlie Flanagan, anunció recientemente su intención de "otorgar una mayor coherencia y protagonismo" a la actuación de Irlanda en el campo de los derechos humanos por medio del establecimiento de un comité interdepartamental de derechos humanos, presidido por un secretario de Estado. Si se le concede un mandato relevante e incluye a representantes de alto rango de todos los ministerios implicados, podría jugar un papel significativo para asegurar que Irlanda pueda estar más orgullosa del legado de su participación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Mark Kelly, Director del Irish Council for Civil Liberties - www.iccl.ie