El gobierno italiano ha aprobado una nueva ley sobre transparencia que concede el derecho a todas las personas a tener acceso a los documentos de los organismos públicos.
La nueva Ley de libertad de información, publicada ayer en varios periódicos, es considerablemente mejor que la primera versión que circuló en enero. Muchas de las carencias que señaló Foia4Italy, la red de 32 ONG que está trabajando para que haya una FOIA (Ley de libertad de información) italiana, han sido modificadas en la última versión:
- El silencio administrativo se ha anulado: los organismos públicos tienen la obligación de explicitar las razones por las que se deniega algo.
- Los solicitantes no tienen que especificar "exactamente" qué documentos están buscando.
- La inspección de documentos y copias electrónicas es gratuita: las tasas se limitan al coste de reproducción y al envío de la infromación.
- En caso de denegación, los solicitantes, al margen de la justicia administrativa, pueden pedir una revisión interna al “Responsabile per la Trasparenza” (supervisor de transparencia) y recurrir al "difensore civico” (defensor del pueblo local).
- Las excepciones se redefinirán y limitarán en unas pautas redactadas por la Agencia Nacional contra la Corrupción.
Esto es solo el principio
Aunque Foia4Italy celebra las mejoras, la ley todavía tiene algunos problemas, por ejemplo la falta de sanciones a los organismos públicos que se nieguen de forma ilegítima a revelar documentos y la ausencia de un defensor del pueblo en muchas regiones italianas. Además, algunas de las obligaciones de transparencia proactiva se han reducido y limitado.
La ley entrará en vigor seis meses despues de que se publique en la gaceta oficial: este periodo se considera necesario para que los organismos públicos se adapten a las nuevas normativas sobre transparencia y para elaborar el borrador de las pautas sobre las excepciones. En los próximos meses, la red Foia4Italy se dedicará a:
- Hacer seguimiento del borrador de las pautas de la Agencia contra la Corrupción.
- En cuanto entre en vigor, hará un seguimiento de cómo se está implementando la ley.
- Continuará su labor de difusión de este derecho a ciudadanos, periodistas y activistas,