Del 13 al 15 de noviembre, Italia fue examinada por el Comité contra la Tortura de la Naciones Unidas (CAT) durante su 62 sesión. El día 13, el CAT tuvo un encuentro privado con organizaciones de la sociedad civil italianas, incluido el miembro de Liberties Antigone, que escribió un informe sombra centrado en la nueva ley contra la tortura, la situación de las prisiones, las leyes de inmigración y los centros de detención.

En la sesión pública del día 14, el Comité hizo mención a los progresos del Estado italiano en la aplicación de la Convención. En la sesión pública del día 15, el gobierno tuvo la oportunidad de responder a las preguntas y dudas planteadas por la Comisión en los días previos.

Aparte de la política migratoria de Italia, que se ha tratado aquí, el Comité mostró su preocupación por la ley contra la tortura y las condiciones de los presos en el país.

Ley contra la tortura: no se cumple

Algunas de las cuestiones planteados por el Comité respecto a la ley contra la tortura afectan a la propia definición de "tortura", que resulta difícil de probar, el carácter no específico del delito que puede ser cometido por cualquiera en lugar de ser un delito solo relacionado con los funcionarios públicos. Además, tiene el habitual régimen de prescripción y no se han establecidos fondos para las víctimas de tortura.

Cárceles: masificación y maltrato

En relación con las condiciones de detención, el CAT mostró su preocupación sobre las largas sentencias de los detenidos en el régimen 41-bis, y también sobre el uso excesivo del aislamiento dentro de este régimen. El CAT instó al Estado italiano a que redujera el uso de la prisión preventiva y planteó su inquietud por la masificación en las cárceles, que, según el gobierno italiano, es actualmente del 120%.

El Comité también lamentó la falta de educadores y trabajadores sociales, y el uso excesivo del aislamiento como medida disciplinaria. Además, se interesó por varios casos importantes de maltrato hacia presos, como el caso Asti, el caso Liotta y el caso Rotundo, y se mostró preocupado por la falta de procedimientos disciplinarios y penales, sobre todo, aunque no solo, contra los funcionarios de prisiones que cometen actos violentos.

Una evolución positiva

El Comité agradeció la designación del cargo de protector nacional de los derechos de los presos. Este cargo lo ocupa actualmente Mauro Palma, el expresidente de la Comisión del Consejo de Europa para la Prevención de la Tortura, que es un gran experto en las condiciones de detención.

El gobierno italiano respondió a muchas de las cuestiones planteadas por el CAT, pero no a todas. Confiamos en que el Gobierno tendrá en cuenta los consejos del Comité para abordar totalmente y de manera adecuada las continuas violaciones de los derechos humanos.