Ha pasado casi un año desde que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó que la policía italiana había torturado a un hombre en el contexto de la redada al colegio Díaz en las manifestaciones de Génova contra el G8 en 2001, y condenó al gobierno italiano a una multa de 45.000 euros de compensación para la víctima (caso Cestaro).

El primer ministro italiano, Mateo Renzi, luego tuiteó que el gobierno italiano también se implicaría en el asunto y llevaría a cabo un debate parlamentario sobre la criminalización de la tortura.

Italia debe pagar 1.5 millones a las víctimas

Sin embargo, a día de hoy, la ley sigue atascada en el Senado, sin ningún tipo de progreso en cuanto a su aplicación. Mientras, otros dos casos de tortura han llegado ante los jueces de Estrasburgo: el primer caso implica la tortura de dos detenidos en la cárcel de Asti a manos de la policía penitenciaria; el segundo (una unión de tres casos diferentes) implica la tortura de hasta 100 personas en los cuarteles de Bolzaneto durante el G8 de Génova.

En ambos casos, el gobierno italiano decidió no esperar una sentencia definitiva y propuso inmediatamente un acuerdo amistoso, ofreciendo 45.000 euros de compensación a cada una de las víctimas.

Es decir, el gobierno italiano va a pagar hasta 1.5 millones de euros a víctimas de tortura, pero esto es suficiente para evitar condenas futuras, y tampoco lavará la vergüenza de haber permitido que ocurriera en primer lugar.

Firma y ayúdanos a terminar con la tortura

Si también piensas que la dignidad humana no tiene precio y que no hay suma de dinero que pueda compensar la perpetración de la tortura, únete a Antigone en su petición al gobierno italiano para que introduzca el delito de tortura en el código penal italiano. Firma la petición aquí.