La ley, que entró en vigor en el verano de 2017, establece que las organizaciones de la sociedad civil que reciben más de 7,2 millones de forints (unos 21.000 euros) deben registrarse como organizaciones que reciben apoyo del extranjero. Asimismo, tienen que marcarlo de forma clara en sus sitios web y en sus publicaciones. La ley también les exige que publiquen quienes son sus patrocinadores extranjeros en sus informes anuales. Las ONG que incumplan esta obligación pueden ser sancionadas con multas de hasta 900.000 forints (unos 2.700 euros) e incluso estar sujetas a procedimientos de supervisión jurídica que resulten en su cierre. Tanto Israel como Rusia han aprobado leyes similares.

El TJUE está estudiando la ley que descalifica a las ONG en Hungría

El 14 de julio de 2017, la Comisión Europea inició un procedimiento de infracción contra Hungría a raíz de su "Ley sobre la transparencia de las organizaciones apoyadas desde el extranjero", conocida como "Ley Civil". Tras no haber recibido una respuesta satisfactoria del gobierno húngaro, la Comisión Europea solicitó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que determinara si la ley infringía el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

La Ley Civil es innecesaria, pues la procedencia y el destino de los apoyos ya se especifica en los informes públicos que deben presentar todas las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, la nueva ley no contribuye a la transparencia. Por el contrario, forma parte de la campaña de comunicación que insinua que las organizaciones que reciben donaciones del extranjero actúan en contra de los intereses de Hungría. En lugar de iniciar un debate con las organizaciones que son críticas con el gobierno, este quiere silenciarlas obligándolas a llevar una etiqueta que las desacredite cada vez que se expresan públicamente.

HCLU y otras organizaciones han decidido incumplir la ley, debido a que su financiación ya es transparente

La ley viola el derecho a la libertad de expresión y de asociación y discrimina indebidamente a algunas organizaciones de la sociedad civil. Por ello, Hungarian Civil Liberties Union (HCLU) [Unión Húngara por las Libertades Civiles] y otras organizaciones afines decidieron no cumplir con la ley el día que se aprobó. La gestión y la labor de estas organizaciones es totalmente pública, pero la única forma que tienen HCLU y otras organizaciones de la sociedad civil de poder recurrir de forma efectiva esta ley ilegítima es incumpliéndola.

Es importante que el caso alcance el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues este no considerará los méritos de la Ley Civil antes de que el Tribunal Constitucional húngaro dicte sentencia, mientras que el Tribunal Constitucional está a la espera de que el TJUE tome una decisión en primer lugar. Confiamos en que el TJUE dictamine la derogación de esta ley ilícita que estigmatiza a las organizaciones de la sociedad civil.