Desde 1992, Italia se ha gastado 648 millones de euros en detenciones improcedentes. El Parlamento adoptó leyes en 2013 y 2015 para limitar el uso de la detención antes del juicio o sin juicio, pero Italia sigue siendo el país europeo con la tasa más elevada de prisión preventiva, con un porcentaje de presos sin dictamen del 34,6 % en diciembre de 2016, cuando la tasa media europea es del 22 %. Un estudio demostró que el 14 % de estos acusados quedaron en libertad tras su juicio. Es una situación muy problemática, en particular para individuos vulnerables, como los ciudadanos no comunitarios.