Cada día se denuncian cerca de 30 filtraciones de datos, según las últimas estadísticas de la Agencia de Protección de Datos Neerlandesa (DPA). Denunciar las filtraciones de datos es obligatorio desde 2016, aunque no ha habido consecuencias legales para las entidades que pierden datos privados de los ciudadanos. El DPA no ha multado a nadie (en teoría, las multas pueden ascender a 820 mil euros) pues alega que las multas no son el objetivo sino un último recurso. Hasta ahora, advertir a las empresas había sido suficiente para que mejoraran la seguridad de los datos.