A pesar de las muchas causas abiertas contra el Estado italiano por tortura policial, no ha habido un avance real para introducir el delito de tortura en la legislación nacional.

La historia se repite

Fue hace solo un año: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en su sentencia sobre el caso Cestaro, condenó duramente a Italia por la violación del artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos (que prohíbe la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes) durante la cumbre del G8 en Génova en el año 2001.

La violencia tuvo lugar durante la incursión de la policía en la escuela Díaz. El abuso policial quedó impune, a pesar de ser reconocido incluso por el Tribunal Supremo de Italia: el juicio que siguió terminó sin ningún tipo de castigo para los oficiales culpables debido a las lagunas de la ley italiana, en la que la tortura no se reconoce como delito.

Otro caso de tortura italiano, relativo a los graves abusos cometidos contra presos por parte de la policía penitenciaria, ha aterrizado ante el TEDH. Los hechos tuvieron lugar hace una década en el centro penitenciario de Asti, pero a pesar de existir pruebas claras, los autores no fueron castigados.

Los jueces italianos reconocieron claramente que lo ocurrido alcanzaba la consideración de tortura tal y como la define la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas (que Italia firmó en 1989), pero sentenció que los infractores no podían ser castigados porque no existía una ley que penalizara sus actos.

El dinero no resolverá nada

Cuando el caso Asti fue considerado por primera vez en el TEDH, el Gobierno italiano propuso un desenlace amistoso ofreciéndose a pagar a dos víctimas una indemnización de 45.000 euros para cada una. En esa propuesta, sin embargo, el Gobierno no se comprometió a emprender una reforma legal para tipificar finalmente el delito de tortura, y por lo tanto el tribunal rechazó el acuerdo.

El caso ha sido, de hecho, admitido y se le ha dado curso en el Tribunal de Estrasburgo, que claramente espera que el Estado italiano se tome más en serio su obligación de tipificar la tortura como delito.

En otras palabras, el dinero no va a hacer que el problema desaparezca. De hecho, solo hay una forma de salir de esta situación vergonzosa, y es la penalización de la tortura. Italia tiene que hacer frente a sus responsabilidades constitucionales e internacionales en relación con la prohibición de la tortura y la represión; mientras no lo haga, la historia se repetirá.